Tiempo Argentino | OPINIÓN
Uno de los países que más ha visto disminuir sus proyecciones de evolución del PBI para este año es Brasil, de un 2% de crecimiento previsto 18 meses atrás, a una caída del 1,5% en las últimas estimaciones oficiales. Este derrumbe es el resultado de la combinación de la evolución de la economía mundial, junto con factores internos que se expresan en pujas tanto desde lo económico como desde lo político.
Por Carlos Heller
La economía de Brasil, especialmente desde que le fue asignada la categoría de "grado de inversión", recibió elevados ingresos de capitales financieros que equilibraron los déficits de cuenta corriente que suele presentar estructuralmente, lo que ha ido configurando una elevada deuda del gobierno y de las empresas, con acreedores externos. Este ingreso de capitales, al amparo de las bajas tasas de interés internacionales, ha impactado sobre el valor de la moneda, tendiendo a su apreciación en los últimos años, lo cual ha configurado una menor competitividad de su economía, principalmente de su industria.
Esta situación convierte a Brasil en muy dependiente de la política monetaria estadounidense. Es conocido que la Reserva Federal de los EE UU ha anunciado su decisión de comenzar a elevar su tasa de interés de referencia antes de que finalice este año. Esta determinación tiene un fuerte efecto sobre Brasil, puesto que puede implicar una reversión de los flujos de capitales, esto es, una salida significativa, y generar mayor volatilidad en la economía.
Las cuestiones mencionadas explican por qué se está depreciando el real, mecanismo que genera una presión sobre los precios y pone en jaque la ortodoxa política de metas de inflación que viene aplicando Brasil, proceso que se intenta resolver con aumentos en las tasas internas y, por lo tanto, con más recesión.
El sucinto resumen previo tiene por objeto brindar un marco de referencia para comprender los procesos económicos y cómo sobre estos se montan las presiones políticas que sufre actualmente el gobierno de Dilma Rousseff.
En marzo de 2014, cuando ya se estaban definiendo las elecciones presidenciales de octubre, S&P le bajó a Brasil la calificación de su deuda externa a BBB-, es decir, a un escalón de perder el "grado de inversión", con las negativas consecuencias que ello generaría en la economía brasileña. A fines de julio de este año, S&P sumó más presión aún poniendo en "revisión negativa" la deuda, esta vez casi empujando al país a la pérdida del grado de inversión. Un elemento de extorsión escalofriante, que se ejerce con total impunidad.
Cabe resaltar que "los mercados" presionaron por distintas vías para colocar un ministro de hacienda "ortodoxo", que ha impulsado las medidas de ajuste que están llevando a una cada vez mayor recesión, sin efectos positivos sobre la economía ni la política. Lo cual indica que perder la iniciativa política y ceder ante las presiones no garantiza ningún resultado económico positivo ni calma los ánimos que intentan desestabilizar.
A estas acciones deben sumarse las presiones para un "impeachment" (juicio político para su destitución) a la presidenta Rousseff, a menos de un año de su elección. Lo que no pudo lograr con los votos, la derecha desea lograrlo con acusaciones de corrupción. La principal característica de la nueva derecha brasileña es "inventar denuncias, crear falsas verdades, acusar sin ningún pudor", (Página/12, 06.08.15). Cabe resaltar que esta no es una acción novedosa, se viene implementando contra varios de los gobiernos populares de Latinoamérica, como una forma de cambiar el rumbo que ha tomado la región a partir de los inicios de este siglo, y tratar de volver a imponer el neoliberalismo y las "relaciones carnales" con Estados Unidos. Una cuestión a tener presente en todo el continente.
Subiendo al Caribe, Puerto Rico acaba de ser noticia tras caer en default al no poder hacer frente al pago de un vencimiento de su deuda pública por U$S 58 millones, una fracción de los U$S 72 mil millones (100% del PIB) que debe la administración puertorriqueña. El gobierno norteamericano ya descartó la posibilidad de realizar algún salvataje y difícilmente el Congreso apruebe los cambios de normas que le permitan acogerse a la ley de quiebras, como sí pudo hacer la ciudad de Detroit en 2013.
Puerto Rico es formalmente un Estado Libre Asociado de los Estados Unidos, aunque es un territorio no incorporado. Recibe transferencias federales y utiliza el dólar como moneda, y no tiene la posibilidad de actuar anticíclicamente a través de la política monetaria o la cambiaria.
Ante este panorama, son prácticamente inexistentes las opciones para hacer frente de forma sostenible a la situación de la deuda. Ya circulan informes promocionados por los acreedores que dicen que Puerto Rico tiene en realidad un problema de déficit fiscal, no de deuda, visión que promueve la suba de impuestos a la población, las privatizaciones y los recortes del gasto. Esto no hará más que agravar una contracción económica que llega casi a los diez años, en gran medida por los efectos de la crisis de los Estados Unidos, país del que posee una casi completa dependencia comercial y financiera. Para tener una noción del impacto social, vale considerar que desde 2006 a la fecha la población ha venido cayendo a un ritmo del 1% anual, como consecuencia de las migraciones a Estados Unidos.
En suma, todos estos elementos configuran la trampa que imposibilita el desarrollo económico y social, en su plena expresión.
Cruzando el Atlántico, las cuestiones planteadas se refuerzan con los resultados de la imposición a Grecia de exageradas condiciones que han llevado a muchos a caracterizarlas como "humillantes" (no pudiendo hablarse de negociaciones). No obstante, luego de haber cedido a todas las exigencias, aún no hay certeza alguna. Grecia y sus acreedores esperan atenerse a un calendario "ambicioso, pero posible"-según lo calificó la portavoz de la Unión Europea (UE)- para finalizar el acuerdo antes del próximo vencimiento del 20 de agosto.
Hasta el propio FMI afirma que la deuda griega es insostenible, proposición que sustenta la idea de que las exigencias europeas hacia el país heleno están dictadas por un objetivo eminentemente político: escarmentar al pueblo griego, y a Syriza, por atreverse a rechazar el ajuste y plantear un modelo económico distinto al ortodoxo impulsado desde Alemania. La lección impartida intenta dejar en claro que la democracia en la Unión Europea es absolutamente restringida, y que no hay espacio alguno para salir de la doctrina neoliberal e intentar sostener lo poco que queda del otrora Estado de Bienestar.
La postura de la UE no solo tiene la pretensión de desalentar movimientos "anti ajuste" en otros países de la Unión, sino que también pretende encubrir la responsabilidad de las políticas impuestas por la UE en la debacle helena.
Desgraciadamente para los griegos, la obsesión de la Troika por intensificar el ajuste no resolverá ninguno de los temas macroeconómicos acuciantes -ni hablar de los problemas sociales, que se profundizarán aún más-, con lo cual la crisis griega (y su impacto sobre el resto de la UE) seguirá latente.
Lo sucedido con Brasil, Puerto Rico y Grecia es un duro recordatorio de lo que expresamos hasta el cansancio cuando la ortodoxia económica asolaba nuestro país: neoliberalismo (o libertad de mercado) y democracia no son compatibles.
