Tiempo Argentino | A siete años de la 125
Un nuevo lockout patronal, los mismos reclamos sectoriales que se reflejan en la eterna exigencia de eliminar el actual esquema de retenciones actual.
Por Juan Carlos Junio
Hoy finaliza una nueva protesta de las patronales agropecuarias, atravesada por ideas y banderas contrarias a los lineamientos económicos y sociales del actual proyecto político nacional. Este nuevo lockout se produce a siete años del anuncio de las retenciones móviles, un hito de profundo contenido político y simbólico, que como nunca dejó expuestas las tensiones que se generan en la sociedad, como consecuencia de la disputa por la distribución de la riqueza.
Por aquel entonces, el significativo incremento de los precios internacionales de las materias primas hacía necesario evitar el traspaso de ese aumento a los precios internos de los alimentos que consumía la población.
Por otra parte, la ganancia empresaria subió vertiginosamente, ante lo cual el gobierno nacional planteó que debía ser compartida con el conjunto de la sociedad. Esa decisión política implicaba intervenir en el proceso de generación de las ganancias extraordinarias basadas en la explotación de recursos naturales. La tenaz oposición a la implementación de la iniciativa parlamentaria del gobierno nacional representó un triunfo –parcial– de las corporaciones agrarias y una clara demarcación de la frontera por parte del establishment, en lo que respecta a la modificación de la estructura tributaria y, como consecuencia de ello, en la distribución del ingreso y la riqueza nacional.
Pero los sucesos de 2008 dejaron en evidencia también el inocultable accionar desestabilizador de las corporaciones empresariales, en aquel caso del campo, asociados a los siempre dispuestos medios monopólicos de comunicación audiovisual y a los políticos que se subordinaron a esos poderes económicos.
Trazando una línea de continuidad, son los mismos reclamos sectoriales que se presentan en la actualidad, y que se reflejan en la eterna exigencia de eliminar impuestos (el esquema de retenciones fijas actual), que según la lógica corporativa "impiden el normal funcionamiento del sector" y generan "el ahogo del futuro motor del desarrollo nacional". Se trata de una rémora ideológica de la división internacional del trabajo, favorable a los dueños de la tierra (y los recursos naturales), a pesar de que es el tipo de producción más capital-intensiva y por ende el que menos empleo genera. Una suerte de éxtasis para quienes no desean pagar salarios en blanco, ni impuestos. Para estas minorías del poder agrario, el papel del Estado debe ser exclusivamente el de garante de los derechos de propiedad. Los otros derechos sociales y humanos consagrados en la Constitución son olvidados deliberadamente por estos falsos demócratas republicanos que, como siempre, identifican a la Patria con sus intereses económicos y políticos.
Desde nuestra visión, es preciso garantizar la continuidad de un impuesto absolutamente legítimo, ya que el campo aporta –como otros sectores sociales, incluyendo a muchos de menores ingresos y patrimonio– para atender los gastos imprescindibles de la administración central y las asignaciones de carácter social como jubilaciones y Asignación Universal por Hijo.
Algunos planteos formulados en Expoagro la semana pasada, por parte de miembros de la oposición que continúan en la búsqueda del beneplácito de la Sociedad Rural, dan cuenta de que si son electos eliminarán las retenciones. Así lo considera, por ejemplo, Mauricio Macri, quien dijo a los productores: "Siembren todo el trigo que puedan sembrar, que van a exportarlo sin retenciones". Sergio Massa, en tanto, prometió bajar las retenciones, asesorado tal vez por encumbrados dirigentes de la Mesa de Enlace, algunos de los cuales en su momento dijeron defender el interés de los productores más pequeños.
El trasfondo político del planteo quedó bien a la vista a partir de las palabras del otrora presidente de la Federación Agraria, Eduardo Buzzi, devenido en candidato a gobernador de Santa Fe por el Partido Renovador, quien llegó a decir estos días: "Con la cuestión inflacionaria, los altos costos, la presión tributaria, no se puede producir." Este tipo de razonamientos esconde las grandes ganancias de un sector que para esta campaña espera un nuevo récord de producción sojera. El mecanismo por el cual estas promesas electorales son desestabilizadoras es claro: convocan a no liquidar la producción, a la espera de mejores precios y menos impuestos. Soslayan que este accionar impacta sobre las reservas internacionales y los niveles de recaudación del Estado. Vale recordar que un reciente informe del Departamento de Agricultura de Estados Unidos muestra que nuestro país acopió en la cosecha 2013/2014 casi la mitad de la soja estoqueada a nivel mundial (43,7%), superando incluso lo ocurrido en la campaña anterior (38 por ciento).
Más crudo aun fue cuando el ahora candidato massista pontificó: "Hay que resistir (a este gobierno), habida cuenta de que falta poco para que otra experiencia política gobierne la Argentina." Este llamado a la resistencia al gobierno democrático en realidad confiesa los temores de la derecha de que sus posturas no sean convalidadas en las urnas por las grandes mayorías. En este marco deben comprenderse los fallidos intentos de corrida cambiaria y los pronósticos incumplidos de dólar ilegal a $ 20, desmadre inf lacionario y buitres devorando las entrañas de nuestra economía. O sea, la vieja estrategia del caos económico para generar miedo en la sociedad.
Ante el fracaso de esa táctica, acuden a la esfera política, valiéndose del partido judicial, que convoca a marchas "apolíticas" junto con los grandes medios y los dirigentes partidarios opositores. Todas estas acciones económicas y políticas desnudan una estrategia cada vez más agresiva de desestabilización que, también a escala continental y con variados mecanismos, la derecha viene arbitrando ante su reiterado fracaso en el juego democrático y electoral, ya que, a pesar de todo su poder de fuego desde los medios de comunicación hegemónicos, pierde las elecciones ante las alternativas populares. La ofensiva sobre Dilma Rousseff, a pocas semanas de asumir su segundo mandato, o el argumento grotesco estadounidense de que la situación en Venezuela "constituye una inusual y extraordinaria amenaza a la seguridad nacional y a la política exterior de los Estados Unidos" no deben ser vistos de forma aislada. Estas agresiones a gobiernos y pueblos hermanos son, en realidad, un crudo ejemplo de la amenaza que presenta el imperialismo en su actual fase decadente y antidemocrática, en un vano intento por recuperar la iniciativa perdida en nuestro continente.
