Página/12 | Opinión
Por Carlos Heller
La pandemia del coronavirus altera a toda velocidad el valor de algunos conceptos: las ideas de libertad de mercado y de Estado mínimo retroceden ante la necesidad de un Estado activo que intervenga para paliar la crisis desatada por la expansión del virus.
Toda la sociedad se encuentra frente a un enemigo sorpresivo ante el cual no parece haber salvación individual. Ello hace indispensable un Estado ágil, fuerte y solidario que centralice la acción común, organice un discurso general, disponga de los recursos necesarios y conduzca a toda la sociedad hacia el cumplimiento de medidas que hagan eficaz la lucha contra la pandemia y contra los efectos de ésta sobre las personas y la economía.
En esa perspectiva, los ministros Martín Guzmán y Matías Kulfas anunciaron medidas para garantizar la producción, el trabajo y el abastecimiento y para expandir la actividad económica en la Argentina. En total, se destinarán 700 mil millones de pesos, un monto equivalente al 14 por ciento del gasto primario del año pasado. Se trata de distintos planes impulsados por un Estado activo, con el Presidente y todo el gobierno tomando la iniciativa y enfrentando la crisis. Entre otras medidas, se anunció el bono extraordinario de tres mil pesos para jubilados que cobran la mínima; el bono para los beneficiarios de AUH y asignación por embarazo y otros similares; la exención del pago de contribuciones patronales para las empresas de transportes, hotelería, restaurantes, cines y teatros; la ampliación del programa Repro, por el cual el Ministerio de Trabajo contribuirá por un periodo determinado con una parte del salario de los trabajadores que se desempeñan en los sectores de actividades afectadas; el relanzamiento del Procrear; el lanzamiento del plan de ampliación de 48 parques industriales; la extensión del programa Ahora 12; la construcción de los ocho hospitales de emergencia para reforzar la atención sanitaria, entre muchas otras iniciativas. En paralelo, el Banco Central de la República Argentina dispuso que todas las entidades financieras podrán ofrecer una línea especial de crédito a micro, pequeñas y medianas empresas a una tasa de interés anual máxima del 24 por ciento. La medida forma parte de una asistencia por 350 mil millones de pesos que tiene el objetivo de que el sistema financiero brinde más apoyo tanto a empresas como a particulares y que no se resienta la cadena de pagos en los próximos meses.
En ese marco, también fue importante el anuncio de precios máximos por treinta días para diversos productos, entre los que sobresalen alimentos, medicamentos y artículos de higiene. Para ello, se tomó como referencia la resolución de la Secretaría de Comercio Interior para limitar los aumentos del alcohol en gel, basada, a la vez, en leyes que permiten la intervención directa del Estado en lo relacionado con las cadenas de valor y la formación de precios. Al respecto, la Ley 20.680 y sus modificaciones facultan a la autoridad de aplicación a establecer márgenes de utilidad, niveles máximos y mínimos de precios y a disponer la continuidad en la producción, industrialización, comercialización, transporte y distribución, entre otras cuestiones. El establecimiento de precios máximos y otras regulaciones intentan evitar la especulación y proteger a los consumidores tanto del faltante de productos en los supermercados o almacenes como de los aumentos de precios injustificados.
El Estado se encuentra, hoy más que nunca, ante demandas crecientes. Para hacer frente a ellas necesita nuevos recursos o reorganizar los gastos. Todo lo que se empleó para pagar intereses el año pasado, e incluso se siguió gastando en estos primeros meses de la nueva gestión, son cantidades significativas que podrían utilizarse para fines sanitarios o para financiar medidas económicas aún más profundas o complementarias a las que acaba de anunciar el Gobierno que encabeza Alberto Fernández. Por eso la resolución de la deuda pública adquiere más relevancia que nunca.
En este sentido, el ministro Martín Guzmán expuso las cuestiones fundamentales de la renegociación de la deuda pública, demostrando que “la trayectoria actual de la deuda no es sostenible bajo supuestos realistas de resultado fiscal primario y de crecimiento económico” y que es “excesivamente onerosa considerando la urgencia de atender necesidades sociales críticas”.
En similar sentido abona una nota técnica del FMI sobre la sostenibilidad de la deuda pública argentina. En la misma se establece que, dado que es insostenible, se requiere un alivio importante de la deuda, el cual está determinado, además de por la estructura de la misma, por “la capacidad limitada de Argentina para generar divisas y sus bajos niveles actuales de reservas”.
Tal alivio, según el informe, se puede dar a partir de “muchas combinaciones de parámetros de reestructuración de la deuda, entre ellas reducciones del valor nominal, extensiones de vencimiento, períodos de gracia y recortes de las tasas de interés”. Es bajo este concepto que consideran que “el alivio en el servicio de la deuda en moneda extranjera necesario oscila entre U$S 55 y U$S 85 mil millones durante la próxima década”.
En una declaración sobre este tema, la titular del FMI, Kristalina Georgieva, expresó que “la preocupación por los más vulnerables y el manejo de las dificultades económicas han estado en el tope de las prioridades del presidente Alberto Fernández desde que asumió”, para luego agregar que esto se hizo más complejo con la pandemia y sus impactos sobre la salud y la economía. En particular, Georgieva resaltó que el análisis de los técnicos muestra que, considerando “la carga de la deuda existente, se necesita un considerable alivio por parte de los acreedores privados de la Argentina”.
Tanto para negociar la deuda como para enfrentar con éxito la pandemia y sus consecuencias económicas es necesario un Estado activo y fuerte. Un Estado que regula, que pone límites, que fija prioridades, que evita abusos, en contraposición al Estado “canchero”, al que se refería el ex presidente Macri, que sólo prepara la cancha para que los otros jueguen. Hoy más que nunca, la diferencia entre un Estado mínimo y un Estado activo y presente es la diferencia entre salvar vidas o dejarlas abandonadas a su suerte.
