A partir de los recientes anuncios del Gobierno, el titular del Partido Solidario (PSOL) plantea la necesidad de segmentación de las nuevas medidas económicas para que los recursos que se apliquen lleguen a los más necesitados, a los trabajadores y a las pymes. Por Carlos Heller
El Gobierno anunció amplias medidas que se estructuran sobre cinco ejes principales, como lo son la creación del Ministerio de la Producción, el anuncio de un megaplan de inversión en obras públicas, un régimen especial de regularización del empleo, una amplia moratoria impositiva y el blanqueo de capitales. Las observaciones que pueden realizarse son generales, dado que la única ya definida es la creación del Ministerio de la Producción; las orientaciones del megaplan se informarán en detalle el 15 de diciembre y los temas relativos al empleo, la moratoria y el blanqueo deberán pasar por el Parlamento, además de haber otra serie de medidas, como el fomento para créditos en electrodomésticos y automóviles, aún en estudio al cierre de esta columna.
La creación del Ministerio de la Producción, que incorporará a las Secretarias de Agricultura, Industria, Turismo y la Agencia de Inversiones, y la designación como ministra de la licenciada Débora Giorgi, con amplia experiencia en idéntica función en la provincia de Buenos Aires, resulta auspiciosa; así también la orientación que se le desea imprimir de acuerdo a las primeras declaraciones de la ministra, ya que intenta articular y optimizar todos los recursos que se necesiten para mantener el nivel de actividad y el nivel de empleo.
El análisis del resto de las medidas está atravesado por un mismo concepto: todas ellas tienen costo fiscal y su aplicación universal puede terminar favoreciendo a las grandes empresas que son autosuficientes y no requieren del fomento estatal. De allí la necesidad de segmentación de las medidas, para que los recursos que se aplican lleguen a los que más lo necesitan, los trabajadores y las pymes.
El megaplan de inversión en obras, que recibirá más de 71 mil millones de pesos, viene a resolver una necesidad que ya estaba presente y generará un efecto multiplicador muy amplio en la economía -en especial en el empleo-, ya que, según comentó la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, se espera más que duplicar los puestos de trabajo de la construcción, pasando de los 362 mil actuales hasta cerca de 770 mil trabajadores futuros en este rubro.
Las medidas de regularización del empleo han sido orientadas hacia las pymes, pues la regularización de hasta diez trabajadores tiene beneficios importantes, como la extinción de la deuda por aportes y contribuciones de la seguridad social y el reconocimiento de hasta cinco años de aportes a los trabajadores involucrados. Esta medida va asociada a otra, de carácter universal: la reducción de los aportes de la seguridad social al 50 por ciento en el primer año y en el 30 por ciento, en el segundo, tanto para los trabajadores regularizados como para los nuevos y alcanza a todo tipo de empresa. Aquí aparece una cuestión principal, la necesidad de garantizar a las pymes las condiciones económicas para que puedan realizar esos aportes y sostener los salarios de convenio de sus trabajadores. No es suficiente resolver las situaciones conflictivas hacia atrás, sino que también hay que resolverlas hacia adelante, para garantizar un ambiente propicio para que las pymes enfrenten los desafíos que vienen.
LA MORATORIA FISCAL
En el caso de las grandes empresas, no parece necesario otorgar beneficios que reduzcan los ingresos previsionales, puesto que el fuerte crecimiento de la producción y las ganancias de los últimos años les ha dado una solidez suficiente como para incorporar trabajadores a medida que la producción los necesite, con pago pleno de salarios y aportes a la seguridad social.
Una reflexión similar puede hacerse sobre la moratoria fiscal propuesta, una medida siempre conflictiva, pero que en algunos casos puede quitar una mochila de deudas fiscales que aun muchas pymes arrastran como herencia de la crisis de 2001, bajo un sistema impositivo que no es amigable para este tipo de empresas. Nuevamente, en este caso, hay que pensar también hacia adelante, ya que la carga tributaria futura permanece inalterada y es lo que hay que modificar. Por eso, se requiere un plan global de fomento a las pymes, con requerimientos impositivos que sean posibles de enfrentar por estas empresas, que no tienen las mismas espaldas que las grandes, para que puedan cumplir con sus obligaciones fiscales.
Este plan debería estar acompañado por distintas medidas de fomento, como créditos a tasa subsidiada para que puedan invertir en maquinarias y mejoramiento de plantas. En este aspecto, los fondos que el Gobierno recibirá por la modificación del sistema previsional son una buena herramienta para otorgar mejores condiciones de financiamiento, fuere a través de un banco de desarrollo, fuere a través de líneas específicas a los bancos para aplicar a financiaciones productivas.
Para continuar con la moratoria, no aparece claro el beneficio de otorgar el perdón impositivo a los grandes empresarios y conglomerados que no han cumplido con sus obligaciones, situación que no fue resultante de una estrategia de subsistencia -como lo fue para muchas pequeñas empresas-, sino para generar beneficios espurios por la falta de pago o evasión.
Sin duda, este tema nos remite a la cuestión del blanqueo, una medida con la cual resulta difícil de acordar, ya que termina beneficiando a aquéllos que enviaron sus ganancias al exterior, no pagaron impuestos por esos activos y, ahora, reciben el premio de poder exteriorizarlos con una alícuota mínima, sin necesidad de declarar el origen de los fondos ni la fecha cuando los fugaron.
CAMBIO ESTRUCTURAL
Creo que hay que tomar la decisión de ir avanzando en las medidas de cambio estructural que la Argentina requiere, tanto para enfrentar las amenazas que genera la crisis internacional, como para posibilitar que el país continúe creciendo.
Un paso muy importante ha sido la creación del nuevo Sistema Integral de Previsión Social, que establece un sistema solidario de reparto para todos los trabajadores. Pero aún quedan estructuras por cambiar, como la Ley de Entidades Financieras, actividad que debe ser considerada como un servicio público para que los bancos sean funcionales a las políticas de crecimiento. También resulta necesario ir cambiando la regresiva estructura de recaudación fiscal, que es un freno para las actividades productivas y genera una mala asignación de las cargas tributarias. Se requiere otro estilo de crecimiento, un crecimiento con equidad, que mejore sustancialmente la distribución del ingreso, que posibilite hacer sustentable el modelo.
Porque, en definitiva, esa mejor distribución del ingreso favorece decididamente el mercado interno, una estrategia a la cual muchos países están volviendo dado que con la crisis de los países centrales hay expectativas de un menor comercio mundial.
Las políticas activas desde el Estado, que siempre hemos reclamado desde el movimiento cooperativo, hoy son los pilares fundamentales que utilizan los países centrales para intentar amortiguar su crisis. Hay que continuar en ese sendero, pero con un amplio nivel de participación de la ciudadanía en la discusión de estas políticas; trabajadores, empresarios pymes, movimientos sociales y políticos y todos los interesados deben hacer oír su opinión, que suele ser distinta de los grandes grupos de lobby que tienen acceso a los gobiernos.
Se deben crear las herramientas de consulta, incluso de democracia participativa, que son esenciales para que la sociedad opine cómo distribuir más equitativamente los ingresos generados y las cargas impositivas para sustentar un nivel suficiente de gasto público que esta circunstancia exige.
(Revista Debate - 11/12/2008
