Página/12 | Opinión
Por Carlos Heller
Con el decreto 274/24 de modificación de la fórmula de movilidad jubilatoria, el Gobierno dejó en claro que no quiso seguir los procedimientos legislativos que ya estaban en marcha en este tema. Si se hubiera querido encarar la urgencia para actualizar el pago de abril de las prestaciones previsionales, se podría haber utilizado esa herramienta (el decreto) para realizar un adelanto a cuenta de futuros aumentos, que es, además, lo que establece el DNU emitido para abril y mayo. Y dejar que el Parlamento continúe con el tratamiento del tema, sobre el que hay un amplio acuerdo para resolverlo lo más rápido posible.
De hecho, el jueves pasado se reunió la Comisión de Previsión y Seguridad Social para tratar los distintos proyectos de modificación de la movilidad jubilatoria, con una gran cantidad de especialistas invitados que brindaron su opinión.
Desde el bloque de Unión por la Patria proponemos “que el martes 9 de abril se dictamine y que el tratamiento de la movilidad jubilatoria llegue urgente al recinto”. Para obtener un dictamen que pueda llegar al recinto, se necesitaría que ese día se reúna la Comisión mencionada junto con la de Presupuesto y Hacienda. No obstante, el presidente de esta última comisión no ha dado hasta el momento muestra alguna de querer tratar el tema, a pesar de que una gran cantidad de legisladores lo están reclamando.
Resulta necesario respetar la división de poderes que establece nuestra Constitución Nacional, como así también los reglamentos de ambas cámaras del Parlamento, para efectivamente poder solucionar el tema previsional con las herramientas que otorga el republicanismo.
Consolida la pérdida
El decreto 274/24 “salta” una parte significativa de la elevada inflación que se produjo en diciembre y enero, generando una importante pérdida en el poder adquisitivo de las jubilaciones y pensiones, además de consolidar dicha pérdida hacia el futuro, dado que se incrementará sólo por el índice de precios minoristas.
De esa forma, las y los jubilados no serán beneficiados si hubiera una recuperación económica en el futuro, aunque poco probable con estas políticas. Adicionalmente, desde la Oficina del Presidente se informó que “el compromiso del Gobierno Nacional es ejecutar una reforma previsional integral que le otorgue sustentabilidad al sistema e introduzca mecanismos de ahorro privado”. Toda una definición.
Julie Kozack, vocera del FMI, sostuvo recientemente que “las autoridades argentinas están implementando decisivamente un plan de estabilización ambicioso para restaurar la estabilidad macroeconómica”, aunque requirió “mayor calidad” en el ajuste fiscal, para que, según lo expresado en otras oportunidades, éste “no recaiga desproporcionadamente” sobre los sectores más vulnerables. No obstante, agregó: “apreciamos los esfuerzos de las autoridades argentinas) para ampliar la asistencia social y las ayudas focalizadas en subsidios para la niñez así como para proteger el valor real de los haberes jubilatorios”, una frase que desconoce la difícil situación por la que están pasando esos sectores.
Por otra parte, los datos de ingresos fiscales de marzo dejan en claro la profunda recesión en la que está inmersa la economía: la recaudación tributaria cayó, en términos reales, un 15,5 por ciento interanual, mientras que los impuestos vinculados con la actividad económica como el IVA y a Créditos y Débitos en cuenta corriente cayeron un 19 por ciento y un 12 por ciento respectivamente.
Tomando el primer trimestre del año y comparándolo con el mismo período de 2023, la recaudación total cayó un 9,5 por ciento en términos reales. El IVA DGI se redujo en un 15 por ciento, la recaudación de la seguridad social (contribuciones patronales más aportes personales) cayó un 23 por ciento y el Impuesto a las Ganancias descendió un 39 por ciento. Por su parte, los impuestos ligados al comercio exterior evidenciaron fuertes aumentos, en especial el impuesto PAIS, que creció 300 por ciento en el período analizado.
Esta reducción en los ingresos fiscales resulta más que preocupante, ya que, si el gobierno desea perseverar con llegar a un equilibrio fiscal a nivel financiero (incluido el pago de intereses) a fin de año, cada vez deberá ser más agudo el recorte de gastos para lograrlo. Este comportamiento generará mayor recesión, mayor pérdida de recaudación, en un sistema que se retroalimenta, con un altísimo costo para la economía, para las micro, pequeñas y medianas empresas y la mayoría de la ciudadanía.
