Revista Veintitrés | OPINIÓN
Una deuda con 5.000 desaparecidos. Seguir recuperando espacios de memoria.
Por Juan Carlos Junio
Con avances y retrocesos, desde 1983 la Argentina ha llevado adelante iniciativas clave en la recuperación de la memoria del pasado traumático sobre la última dictadura militar (1976-1983). Con una clara decisión y en el marco de una política de Estado, desde el 25 de mayo de 2003 el gobierno nacional, encabezado por el entonces presidente Néstor Kirchner, inició una política de derechos humanos que continúa hasta nuestros días y que tiene como eje no sólo la reanudación de los juicios a los criminales de lesa humanidad, sino también la difusión de la memoria histórica sobre el terrorismo de Estado en la bicentenaria historia argentina.
La recuperación de los ex centros clandestinos de detención (CCD) convertidos en sitios y espacios de memoria tiene una importancia fundamental, constituyendo -hasta la actualidad- el ubicado en la ex Escuela de Mecánica de la Armada, por escala y magnitud, su hito fundamental.
Sin embargo, fueron muchos los espacios que utilizó la dictadura para consumar su plan represivo. Muchos de ellos han sido recuperados e integran hoy la Red Federal de Sitios de Memoria, pero hasta ahora ninguno de los CCD que funcionaron en la Guarnición Militar de Campo de Mayo fue recuperado para la memoria histórica, aun cuando más de cinco mil desaparecidos pasaron por allí.
En la historia de la Guarnición Militar de Campo de Mayo se inscribe también un sombrío linaje represivo y de apoyo a los sucesivos golpes de Estado que ocurrieron en nuestro país a partir de 1930.
Desde su temprana historia, en 1921, la guarnición militar premió al teniente coronel Héctor Benigno Varela como director de la Escuela de Caballería, a su regreso de los acontecimientos represivos conocidos como la Patagonia Trágica.
Fue allí donde, en 1956, el general Valle se levantó en armas contra el derrocamiento del gobierno constitucional de Juan Domingo Perón, lo cual tuvo como represalia los atroces fusilamientos de entonces. Más recientemente, y ya en democracia, en Campo de Mayo se produjo el alzamiento militar contra el gobierno constitucional de Raúl Alfonsín, conocido como levantamiento carapintada, en abril de 1987.
Desde hace más de quince años, militantes de varias decenas de organizaciones políticas y de derechos humanos de la zona Oeste y Norte del Gran Buenos Aires, nucleadas en la Comisión para la Recuperación de la Memoria de Campo de Mayo, impulsan la creación de un espacio para la memoria en la Guarnición Campo de Mayo, iniciativa que se vio fortalecida por el apoyo institucional de la Universidad Nacional de General Sarmiento a partir de 2004, respaldo que se sostuvo más tarde por decisión del entonces rector Eduardo Rinesi y que ratifica la actual rectora, Gabriela Diker.
A ese trabajo colectivo y consensuado entre los distintos organismos de derechos humanos y organizaciones sociales, políticas y estudiantiles de la zona, desde el Partido Solidario lo convertimos en proyecto de ley, le dimos estado parlamentario y hemos asumido el compromiso de impulsarlo y militarlo, porque estamos convencidos de que la democracia argentina tiene una enorme deuda con los detenidos-desaparecidos de Campo de Mayo, con los sobrevivientes y con los familiares de los compañeros que pasaron por ese lugar del horror. El proyecto tiene además una peculiaridad: contempla que el Instituto para la Memoria esté dentro de una guarnición militar en funcionamiento, algo que a primera impresión parece una complejidad, pero que sería una valiosa experiencia de coexistencia democrática.
