Ámbito Financiero | Opinión
Por Carlos Heller
Tanto el proyecto denominado “Ley Bases” como el de “Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes”, presentados por el Poder Ejecutivo, obtuvieron media sanción en la Cámara de Diputados la semana pasada.
Existen sobradas razones para argumentar nuestro rechazo desde el bloque de diputados y diputadas de Unión por la Patria (UxP) a estos proyectos. Dada la vastedad de temas que se tratan, y la lógica extensión de esta columna, me centraré sólo en algunos de ellos.
En el caso del proyecto fiscal, el primer interrogante que surge es ¿medidas paliativas para quién? Se beneficia a las mayores fortunas, mientras que se aumentan los impuestos sobre la clase trabajadora.
Se reinstala la cuarta categoría en el Impuesto a las Ganancias, por lo cual gran cantidad de trabajadoras y trabajadores volverán a pagar este impuesto.
Bajo el título de “Régimen de Regularización de Activos” (blanqueo de capitales) el proyecto incluye a los sujetos no residentes. Se crea una extraña categoría de “Personas humanas no residentes que fueron residentes fiscales argentinos” hasta el año 2023 inclusive y que poseen bienes y/o actividad económica en nuestro país. Una llamativa decisión que parecería estar hecha “a medida” de algunos individuos/as o empresas. Además, ¿cómo se pueden aplicar las reglas antilavado en este caso?
Otro de los aspectos del proyecto oficial es el cálculo de la base imponible, la cual no se calculará en pesos argentinos, sino en dólares al tipo de cambio “de regularización” que fijaría el Ejecutivo. Una delegación amplísima de facultades al PEN, además de que éste podría modificar discrecionalmente el valor de los impuestos.
La otra particularidad de este apartado es que excluye a los funcionarios públicos que se hayan desempeñado durante los últimos cinco años, cuando lo más habitual es que sean diez o más. Quedarían entonces incluidas en el beneficio todas o casi todas las personas que participaron de la gestión presidencial de Mauricio Macri.
También resultan inaceptables las modificaciones planteadas sobre los impuestos a los Bienes Personales, que implicarían en pocos años la práctica eliminación de este tributo que, aunque podría mejorarse, resulta ser uno de los más progresivos. Esto ocurriría ya que propone ir reduciendo las alícuotas de las mayores escalas paulatinamente hasta alcanzar una alícuota única en 2027 (de 0,25%). Para ese entonces, se le quitará totalmente la progresividad al impuesto porque todos los sujetos alcanzados pagarán lo mismo, independientemente del valor de los bienes y si están en el país o en el exterior.
Pero, además, en el marco de una gestión de gobierno cuyo principal eje gira en torno al equilibrio fiscal a partir del ajuste del gasto, esta modificación tributaria implicaría un recorte aún mayor pues generaría una baja en la recaudación.
Finalmente, uno de los tantos aspectos cuestionables de la comúnmente llamada “Ley Bases” es la creación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Está orientado a favorecer principalmente a sectores primarios de la economía a través de diversas herramientas de política fiscal, como beneficios tributarios, aduaneros y cambiarios. Entre ellos, se les asegura a las empresas exportadoras la libre disponibilidad de divisas y que puedan demandar al Estado nacional ante el CIADI. Un organismo internacional que, según la experiencia en nuestro país, siempre ha beneficiado a las multinacionales.
Pero, además, el articulado del proyecto no establece políticas de incentivo para el sector industrial y las PyMEs en particular, que son los sectores que más necesitan desarrollarse en nuestro país y que están sufriendo las consecuencias del actual ajuste.
Por los argumentos expuestos, y otros muchos más, tanto el proyecto de “Ley Bases” como el de “Medidas fiscales paliativas y relevantes” son inaceptables. Apuntan a favorecer a ciertos sectores concentrados en detrimento de los/as trabajadores/as, que se verían expuestos a una mayor carga tributaria, mientras que una minoría económicamente privilegiada se beneficiaría, sin siquiera el Estado exigir como contrapartida la inversión productiva, el impulso a un sector económico o a una rama de actividad. No redundan en un beneficio económico para el conjunto de la población, imponen una regresividad extrema y avanzan sobre una gran cantidad de derechos consagrados hace años en nuestro país.
