Página/12 | Opinión
Por Carlos Heller
El Congreso, al que sectores del oficialismo suelen calificar de inoperante, atravesó una semana vertiginosa de trabajo. La agenda pública fue mayoritariamente ocupada por la agenda legislativa.
La política, y el Parlamento como una alta expresión de la gestión democrática, es la práctica de construir acuerdos para producir y aprobar leyes.
Esta semana ocurrió lo contrario de lo que busca el oficialismo: se llevaron al recinto varios proyectos importantes. La actual administración quiere menos leyes para que haya menos regulaciones. Para esos sectores, el funcionamiento del Congreso es un problema.
Entre las iniciativas en tratamiento, el miércoles le dimos media sanción al proyecto de ley de prevención de ludopatía y regulación de juegos de azar y apuestas en línea. Es una medida muy importante desde el punto de vista de los cuidados de los argentinos y las argentinas, sobre todo de las y los jóvenes, niños y adolescentes.
El operativo montado para que fracase la aprobación fue monumental. Pero la construcción de un sólido acuerdo, impulsado por una coalición legislativa transversal integrada por diputados y diputadas pertenecientes a distintos bloques, nos permitió conseguir el quórum, resistir ese poder de lobby inmenso y, finalmente, lograr la media sanción del proyecto. La buena política se impuso.
Un acuerdo similar, sostenido en otra coalición legislativa también amplia pero distinta, impidió que el oficialismo y aliados lograran alcanzar el quorum en la sesión convocada para tratar el proyecto de ley “Ficha Limpia”, orientado manifiestamente a proscribir a la ex Presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
En ambos casos hubo un bloque, el de Unión por la Patria, sin fisuras, con unidad de criterio, uniformidad y coherencia. A diferencia del oficialismo, que descalifica permanentemente al Parlamento y a la buena política, nosotros los reivindicamos como instrumentos de construcción democrática y de mejora de la vida de los argentinos y las argentinas. En el ataque a la política hay una lógica muy regresiva y peligrosa que es necesario resistir.
Para el martes se había convocado a otra sesión, impulsada por Martín Tetaz, presidente de la comisión de Legislación del Trabajo, para tratar un proyecto de reforma sindical. La sesión se cayó por falta de quórum.
El mismo día, otro frente legislativo amplio integrado por diputados y diputadas de Unión por la Patria, Encuentro Federal y Democracia para Siempre, entre otros, convocó a otra sesión para considerar el rechazo del DNU 846 que habilita al gobierno a tomar deuda sin cumplir con los requisitos de la Ley de Administración Financiera y sin pasar por el Congreso.
Si bien no se alcanzó el quorum, la Cámara funcionó en minoría y fui uno de los miembros que expuso en el recinto. Allí alerté sobre la gravedad de que, a partir de este DNU, el Ejecutivo tenga manos libres para aumentar el endeudamiento del país y para actuar de manera absolutamente discrecional en los temas vinculados a la deuda pública.
También me referí a que el gobierno no parece tener la decisión de avanzar en el tratamiento del proyecto de Presupuesto 2025. En su artículo 54, este último plantea la flexibilización de las condiciones para la toma de deuda. Entonces, como el proyecto de Presupuesto también contiene lo que propone el DNU 846, es de suponer que si se insiste con este último, es porque el gobierno no tiene la decisión de avanzar con la sanción del Presupuesto. Pero hay otro motivo detrás de nuestra insistencia en el rechazo al DNU 846: va mucho más allá en el otorgamiento de facultades al Ejecutivo que las que propone el proyecto de Presupuesto 2025.
El decreto 846 va a tener consecuencias muy severas. Por ejemplo, modifica otro DNU, el 331 de 2022, que preveía condiciones para canje de deuda en moneda nacional por otros instrumentos nominados en la misma moneda. En cambio, en el DNU 846 se permite todo tipo de operaciones: habilita que los canjes se puedan realizar con independencia de su moneda de origen y esto, por lo tanto, admite que deuda que hoy está emitida en pesos pueda reemplazarse por deuda en dólares. Por supuesto: no es para nada lo mismo estar endeudados en pesos que estar endeudados en moneda extranjera.
¿Cuál sería el beneficio para la Nación de canjear deuda en pesos por instrumentos emitidos en moneda extranjera? ¿Cuál sería la urgencia para que esas decisiones no pasen por el Congreso?
Por mandato constitucional, es el Parlamento el responsable de decidir las características y condiciones del endeudamiento (montos, plazos e intereses) del Estado nacional.
En el caso de la deuda en moneda extranjera se eliminan las consideraciones del artículo 65 de la Ley 24.156 de administración financiera y de los sistemas de control del sector público nacional. Ese artículo dice que, para poder avanzar en la negociación de este tipo de deuda, debe darse la mejora de al menos dos de tres condiciones del endeudamiento. En el nuevo DNU este artículo queda suprimido.
El DNU, además de darle carta blanca al Poder Ejecutivo para tomar cualquier tipo de deuda, modifica el criterio de que las deudas se realizan a valor técnico, sustituyéndolo por el valor de mercado. Todos sabemos que el mercado al que se alude está integrado por muy pocos jugadores: ellos pueden hacer que los títulos cambien de valor según su conveniencia y en contra del interés nacional. Lo que decimos es que este cambio supone dejar abierta la posibilidad de maniobras especulativas en detrimento del país.
Ya tenemos un ejemplo de operaciones realizadas en el marco del artículo 2 del DNU 846: según la página web del ministerio de Economía, hay una operación de conversión del BONCER T2X5, que consiste en un canje de bonos ajustables por CER, que vencían en febrero de 2025, por otro también ajustable por CER, con cupón cero, que vence en junio de 2026. Por lo cual, se cambian bonos con cupón de intereses por otros cero cupón (es decir, cuyos intereses se contabilizan como mayores pagos de capital), donde estos intereses no desaparecen sino que van ocultos en el monto de la deuda que se toma.
Hubo en la semana una maratón de trabajo legislativo. Es decir: hubo más democracia en la Argentina.
