Tiempo Argentino | Opinión
Por Carlos Heller
El miércoles se dio a conocer el decreto de desregulación, que busca reconfigurar las funciones del Estado reduciendo significativamente su capacidad para sostener la soberanía nacional, la promoción de ciertas actividades estratégicas, la limitación de los abusos de todo tipo hacia trabajadores, consumidores, inquilinos, personas con enfermedades. Estas últimas cuestiones vulneran gran cantidad de derechos adquiridos, muchos de ellos en estos 40 años de democracia. De allí que el nombre del decreto resulta inexacto: «Bases para la reconstrucción de la economía argentina». No tiene nada de reconstrucción (quizá podría decirse que en varios aspectos hay destrucción de la economía, en especial de las pymes y el trabajo) y va mucho más allá de la cuestión económica, avasallando derechos.
En el comunicado del Bloque de diputados/as de Unión por la Patria expresamos: «Junto a los representantes de los trabajadores tenemos en claro que la situación es dramática, (…) los argentinos y argentinas de carne y hueso empezarán a sufrir sus nefastas consecuencias (…). En ese sentido, reafirmamos que el mega DNU es inconstitucional porque invade competencias del Congreso Nacional, afecta la división de poderes como así también el funcionamiento de la República y la democracia argentina».
Los cambios normativos golpearán de lleno a la clase media y a los sectores de menores recursos, mientras que beneficiarán a los sectores más concentrados de la economía, a los que se les otorga vía libre para hacer máximas sus ganancias.
Precisamente, la Asociación Empresaria Argentina (AEA) manifestó en un comunicado: «también valoramos, muy especialmente, que el gobierno se disponga a tomar medidas que permitan el más pleno desarrollo del sector privado». Por su parte, la Unión Industrial Argentina (UIA), al hacer mención al capítulo laboral, sostuvo que «las modificaciones implementadas muestran un camino para entender las nuevas realidades laborales y sientan las bases para que cuando se materialice una recuperación económica, las nuevas contrataciones sean más simples y sostenibles». Paradójicamente, esta afirmación se da en un contexto en que el desempleo llegó al 5,7% en el tercer trimestre de 2023, el menor nivel en décadas.
El presidente Milei comentó que «el paquete no es en favor de las empresas, es en favor del mercado». Y agregó: «Una cosa es que hagas un paquete a favor del mercado o de las empresas, pero en el mercado las dos partes ganan». Esto es una falacia instalada por el pensamiento neoliberal. El mercado es una entelequia, y es una mentira que las dos partes ganen: gana el más fuerte, el que puede imponer condiciones, el más concentrado. Como si la mayoría de los mercados no tuvieran la estructura de oligopolios, donde unas pocas grandes empresas concentran la producción o la demanda de insumos.
Sirva como ejemplo de lo antedicho, la derogación de la Ley de Góndolas, «para que el Estado deje de entrometerse en las decisiones de los comerciantes argentinos», según sostuvo en su discurso el presidente Milei. Uno de los objetivos de esta ley era evitar que las prácticas comerciales excluyeran de la venta a productos elaborados por pymes, empresas regionales, de agricultura familiar, campesina e indígena, y de la economía popular. También se derogan las leyes de Abastecimiento «para que el Estado nunca más atente contra el derecho de propiedad de los individuos», al decir de Milei. Debería haber reemplazado «individuos» por «empresas».
En lo laboral, y analizando la letra del decreto, es evidente que empeorarán las condiciones de contratación y que se debilitará el poder de negociación de los trabajadores para la defensa del salario, en particular por la vía del derecho a huelga. Se amplía la definición de servicios esenciales, y se agregan los de «importancia trascendental», alcanzando así a una gran cantidad de actividades, y estableciendo porcentajes de prestación mínima de servicios muy elevados (75% para los esenciales y 50% para los «trascendentales»).
También se reduce la indemnización por despido y se habilita su reemplazo por fondos de cese laboral. Se eliminan las multas y las penalizaciones por la no registración de la relación laboral y se amplía el período de prueba de tres a ocho meses. Con estas disposiciones, se incrementará aún más la informalidad laboral.
Se termina en lo esencial con la Ley de Compre Argentino y Desarrollo de Proveedores —sancionada en 2018—, una herramienta de política industrial que permite canalizar el poder de compra del Estado para mejorar la capacidad productiva nacional y promover el desarrollo de proveedores locales, decisión que se completa con la derogación de la Ley de Compre Nacional, sancionada en 1971.
Las prepagas podrán establecer libremente los valores de las prestaciones y de las cuotas. Un primer impacto se producirá en enero, con aumentos que rondarán el 50%. Además, se reconfigura totalmente el sistema de obras sociales, igualándolas a las empresas de medicina prepaga, bajo el nombre genérico de «agentes del Seguro de Salud».
En tanto, con la derogación de la Ley de Alquileres se quita casi toda protección a quienes alquilan. Se podrán exigir pagos en dólares, no será obligatorio el plazo mínimo, no habrá topes a depósitos y garantías, y se podrá indexar el contrato con cualquier criterio. Queda claro que inquilinos e inquilinas quedarán sujetos a las imposiciones de los propietarios.
Entre los innumerables cambios, también se habilita la privatización de empresas públicas y la posibilidad de vender el Banco Nación. Además, se deroga la Ley de Tierras, que limita el derecho de propiedad sobre la tierra rural, en especial para los inversores extranjeros. Es un gran golpe para la soberanía nacional y está en línea con otras disposiciones, como la política de cielos abiertos, que se daría en el marco de la privatización de la aerolínea de bandera.
Van dos semanas de gobierno. En la primera se informó el comienzo de un ajuste fiscal de características inéditas, con la excusa de que el país está al borde de la hiperinflación y que no hay otro camino posible. Un diagnóstico que no comparto: es totalmente erróneo, pero se utiliza para justificar decisiones absolutamente regresivas.
En la segunda semana se presentó el paquete de desregulación comentado. Al respecto, no sólo no hay necesidad, sino que tampoco estamos frente a una urgencia que justifique un DNU. Lo que en rigor se busca es que temas trascendentales queden escindidos de la órbita del Congreso, queriendo obviar a las instituciones de la democracia.
Si alguien tiene urgencia es el gobierno, que sabe que la legitimidad que consiguió en las urnas se irá diluyendo en la medida que la población se vaya viendo cada vez más alcanzada por los efectos del ajuste. Las consecuencias de su accionar las estamos viviendo desde sus primeros días de gestión. La fuerte devaluación del tipo de cambio, combinada con el retiro del Estado de la mesa de negociaciones por los precios, ya generó fuertes subas en la canasta básica y en el resto de los bienes y servicios.
Los cacerolazos de estos días, espontáneos y que surgieron inmediatamente después del anuncio del presidente, muestran que hay una gran parte de la sociedad que no está de acuerdo, ni con las formas, ni con el contenido de fondo del decreto.
