Perfil | Opinión
Por Carlos Heller
El proyecto de Presupuesto no es una iniciativa legislativa más: sienta las bases para el funcionamiento del país durante el año. Por ahora, el Gobierno no logra avanzar en su aprobación. En parte, porque mantiene una posición inflexible: no está dispuesto a modificar ni una coma del proyecto que envió al Congreso.
En ese marco, el oficialismo intentó negociaciones de todo tipo, pero no logró generar acuerdos. Los que quieren apoyarlo, entre ellos varios gobernadores, pidieron garantías de que el texto a aprobar incorporara una serie de demandas que ellos impulsan. Entre otros puntos: coparticipación de combustibles líquidos, finalización de obras públicas inconclusas, pago de deudas por cajas previsionales y distribución del fondo de Aportes del Tesoro Nacional. El Gobierno no cedió a ese pedido y, entonces, el acuerdo con estos gobernadores no se produjo. ¿Qué les propuso? “Voten el proyecto tal como está, sin cambios, y luego, a quienes confíen en nosotros, veremos discrecionalmente cómo ayudarlos”.
El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, José Luis Espert, en este escenario de falta de consenso para el proyecto enviado por el Gobierno, comunicó que se levantaba el tratamiento y que no iba a haber otra reunión de la comisión. Además, aseguró que, si hubiera avances, el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) evaluaría la posibilidad de convocar a sesiones extraordinarias para seguir con el tema. Es, en la práctica, un pedido de rendición incondicional: “capitulen y después vemos si decidimos volver a tratar la iniciativa”.
El Gobierno sostiene que el déficit cero no se negocia. Para ello, necesita un Presupuesto que tenga un superávit primario (la relación de los ingresos versus los gastos) de alrededor de un 1,5% del PBI, que le permita cubrir el costo de los intereses de la deuda.
Cuando analizamos el total de recortes de los gastos primarios en el acumulado a octubre de este año, comparado con igual período de 2023, un 24% corresponde a jubilaciones, casi un 24% a obra pública, un 13% a subsidios a las tarifas, entre otros ítems. No hay manera de sostener el déficit cero sin seguir ajustando y afectando estas partidas sensibles. Ello se agrava, porque cuando se ajusta se achica la actividad económica y, por lo tanto, también se reducen los ingresos fiscales. De allí que, para mantener el déficit cero, no hay otra salida que el ajuste infinito.
El Gobierno es claro: si hubiera un Presupuesto sería el de ellos sin cambios y, si no, prefieren gobernar con el de 2023 prorrogado. No hay antecedentes de dos años continuos sin “Ley de leyes”.
Esta decisión del Presidente es un eslabón más de la cadena de subestimaciones al Parlamento. Todo comenzó en su acto de asunción, cuando se puso de espaldas al Congreso. Continuó con la difamación a legisladores y legisladoras en la mayoría de sus discursos y con el uso permanente de un instrumento excepcional, como es el veto, para bloquear leyes aprobadas por la mayoría de ambas Cámaras. A través de este instrumento, con una minoría de poco más de un tercio en una de las Cámaras, viene impidiendo la voluntad mayoritaria. Está claro: el único modo de imponerse al veto es construyendo mayorías de más dos tercios, a través de alianzas parlamentarias amplias y diversas.
Hay, por supuesto, una cuestión de contenidos. Desde el bloque de diputados y diputadas de Unión por la Patria señalamos que el proyecto de Presupuesto del PEN apunta a consolidar un modelo de ajuste fiscal y de destrucción del Estado, que se viene llevando a cabo desde que asumió la actual administración. El planteo filosófico, ideológico, que contiene la iniciativa es insostenible por donde se lo mire e indefectiblemente generará menos actividad y más pobreza.
Estamos ante una especie de anormalidad institucional severa. El Gobierno intenta gobernar sin equilibrio de poderes y, por lo tanto, sin respetar la opinión del Parlamento, el más democrático de los poderes del Estado por su composición, su representación territorial y sectorial y por la forma en que se renueva. Es un momento complejo desde el punto de vista de la institucionalidad democrática. El PEN busca tener la mayor discrecionalidad posible y minimizar los controles y límites que impone el Congreso. No hay democracia sin intervención del Parlamento.
