Ámbito Financiero | Opinión
Por Carlos Heller
En la vorágine de la coyuntura se suele perder de vista que apenas pasó un mes y medio desde el momento en que algunos/as miembros de la oposición pusieron en duda el repago futuro de la deuda en pesos. Estas declaraciones intencionadas antecedieron a la actual situación cercana a un “golpe de mercado” con el que se busca que el gobierno modifique sus políticas. No obstante, nada de fondo puede haber cambiado en la economía real en un lapso de tiempo tan breve.
Por caso, la volatilidad de las cotizaciones de los tipos de cambio alternativos, como el MEP o el CCL, tienden a afectar a otras variables como la inflación, que había comenzado a mostrar signos de estabilización en mayo.
A su vez, desde la Bolsa de Comercio de Rosario se dio a conocer que de la producción total estimada de soja, los productores habrían vendido a esta altura del año unos cinco puntos porcentuales menos que en el promedio de los últimos tres años. Hay un acopio de granos por unos U$S 20.000 millones, que al no exportarse incide negativamente en las liquidaciones en el mercado único de cambios, y afecta a las reservas del BCRA y a la recaudación por retenciones (un valor estimado en cerca de un 0,7% del PIB). En este marco, el Estado estableció que los productores agropecuarios deberán informar dos veces al año el volumen de producción de granos que lograron en cada campaña, para mejorar la información disponible en las bases de datos y optimizar los procesos de fiscalización.
En cuanto a las importaciones, los números del INDEC sobre el balance comercial de junio indican un fuerte salto de todos los rubros, tanto en cantidades como en precios, determinando un déficit comercial de u$s115 millones, el primero desde diciembre de 2020. En el caso de la importación de combustibles y lubricantes hubo un incremento del 156,6% interanual, lo cual llevó a que en este primer semestre de 2022 se importaran u$s6.609 millones, mientras que en igual período de 2021 se importaron u$s2.281 millones. Es decir, un incremento de u$s4.328 millones. Ante ello, resulta necesario privilegiar el uso de las divisas –un bien escaso—, evitando el sobrestockeo con la importación de otros bienes. Las medidas que viene tomando el BCRA apuntan a que no se vea afectada la actividad económica, en particular la de las pymes, y la creación de empleo.
Hay que decir que muchos de los condicionamientos que el país padece son consecuencia de las políticas de endeudamiento y de destrucción del aparato productivo heredadas, y que sin abordar los problemas estructurales de fondo el futuro será de muy compleja resolución.
En materia de ingresos, por ejemplo, las vulnerabilidades tienden a ser mayores para aquellos que no se encuentran protegidos por las leyes laborales. El INDEC informó que existen 5.100.000 personas que trabajan en la informalidad, entre ellas, más de un millón son trabajadores/as de casas particulares, unas 880.000 se desempeñan en el comercio mayorista y minorista, 615.000 en la industria manufacturera, 537.000 en la construcción, 513.000 en agricultura, ganadería, caza y silvicultura, 415.000 en otras actividades, servicios comunitarios, etc. Estos datos adquieren mayor relevancia cuando se está discutiendo la prolongación de la moratoria previsional, un salvavidas esencial para muchísimas personas que han tenido una historia de trabajo diversa (saltando entre empleo formal, informal y desocupación) y no han podido cumplimentar los 30 años de aportes que se exigen para obtener la jubilación. La oposición se niega de plano a discutir este importantísimo tema social.
Hay que lograr que estos puestos pasen a ser trabajo registrado con todo lo que ello implica en materia de derechos. Además, cuando se fortalece el mercado laboral mejoran las finanzas públicas, ya que el Estado recibe aportes y mejora la sustentabilidad del sistema previsional. Naturalmente es una lógica que no es bien vista por los sectores conservadores, que apuntan a reducir lo que denominan “costo salarial”.
Resulta crucial seguir haciéndole frente a quienes tratan de especular con una devaluación que castigaría a los más débiles, y con ello buscan sacar rédito electoral para instalar el modelo neoliberal de los noventa y del macrismo, que sólo agravaría problemas estructurales –como la deuda—, y condicionaría cada vez más la posibilidad de avanzar hacia la construcción de una Argentina más justa.
