Página/12 | Opinión
Por Carlos Heller
El fuerte desembolso de dólares de libre disponibilidad, producto del acuerdo del gobierno con el FMI y otros organismos internacionales, en el marco de una reforma en el régimen cambiario, morigeró la suba inicial del dólar oficial y redujo la brecha con las cotizaciones del MEP y el CCL. Sin embargo, no hay nada para festejar.
La Argentina está tomando más deuda y asumiendo nuevos condicionamientos a sus políticas públicas. Tenemos ya una larga experiencia con el Fondo: junto a los préstamos impone un programa con medidas que el país debe implementar para seguir teniendo acceso a esos desembolsos. Tampoco hay novedad en las políticas estructurales que el organismo internacional reclama: reformas en el sistema previsional y en el sistema laboral, apertura importadora y un impulso a las inversiones en minería y energía.
El programa del FMI propone un modelo de país dependiente del sector primario de la economía, con la destrucción del sector manufacturero local y afectando esencialmente a los sectores medios.
Inmediatamente después del anuncio, el Banco Central de la República Argentina autorizó a inversores extranjeros a ingresar dólares, cambiarlos por pesos, mantener esa inversión en el país por 6 meses, y luego hacerse nuevamente de dólares para remitirlos al exterior sin ninguna restricción: una garantía para que hagan carry trade hasta octubre.
El gobierno planifica aplicar las reformas estructurales a partir de noviembre. Es decir: actúa con la suposición de que le va a ir bien en las elecciones y que, por lo tanto, va a contar con mayor fuerza en el Congreso. En este marco, no cambia nada si La Libertad Avanza le saca diputados al PRO.
En la historia reciente, los legisladores macristas y los de La Libertad Avanza han votado coincidentemente. El cambio se produciría si se modifica la relación de fuerzas a favor de la oposición, que viene siendo consecuente en sus votaciones en contra de las variantes que propone la agenda parlamentaria del gobierno. Si se produce esto último, las fuerzas opositoras tendrán mayor capacidad de frenar las reformas oficialistas y proponer otras alternativas. Si ocurre lo contrario, el gobierno podrá avanzar con las iniciativas propuestas por el Fondo Monetario. De allí la gran importancia de las elecciones de octubre.
Durante la semana, el Presidente también le avisó a los exportadores que se apuren a liquidar las divisas porque el 30 de junio termina el periodo en el que rige la reducción de las retenciones para los granos. ¿Qué está diciendo Javier Milei? Que no va a prorrogar esa medida. Les dice a los exportadores que aprovechen el nuevo tipo de cambio un poco más alto que el anterior. Es un intento de seguir acumulando Reservas y de cumplir con una de las exigencias del Fondo.
La actual administración se sigue ufanando de llevar adelante el ajuste más grande de la historia universal y anuncia que lo va a profundizar. Ante ello, la pregunta es qué hacemos el resto de los actores políticos y sociales para instalar en la ciudadanía que el camino de crecimiento con inclusión social no es por el lado del ajuste.
El gobierno también se jacta de que la Argentina es uno de los cinco países del mundo con superávit fiscal. Sin embargo, los países centrales, incluso Estados Unidos, no tienen tal superávit fiscal. China, por ejemplo, acaba de anunciar que su programa contiene para este año un 5% de crecimiento del PBI y un déficit fiscal del 4%. Es decir, utilizan esos recursos fiscales para apoyar el crecimiento de la economía.
Lo que sucede es que el gobierno y los sectores que lo apoyan confunden los instrumentos con los objetivos: trabajan para alcanzar el superávit fiscal y no para que la economía crezca y para que ese crecimiento se distribuya más equitativamente entre la población.
Por otro lado, no es cierto que la actual gestión renuncie a las regulaciones. El acuerdo con el Fondo está lleno de ellas: de sacar una regulación para poner otra en su lugar. Desregulaciones que son re-regulaciones promercado: por ejemplo, cuando declaran que hay que eliminar derechos de importación para productos que compiten con producción nacional o cuando habilitan la importación de maquinaria usada.
También llama la atención cuando el ministro de Economía, Luis Caputo, felicita a los supermercadistas que no convalidaron los precios de marcas cuyos dueños o representantes hasta la semana pasada eran considerados “héroes”.
Volviendo al tema de la deuda, comparando la actual y la que tomó Mauricio Macri en 2018, no hay diferencias significativas, excepto por el monto. Tanto Milei como el jefe del PRO dijeron que el endeudamiento era preventivo. Un crédito para darle tranquilidad a los mercados. Sin embargo, el gobierno hace hincapié en una diferencia: que implementó un ajuste mayor al que pedía el Fondo y por lo tanto está en mejores condiciones que las que tuvo la administración macrista. Pero ello no es cierto. Es verdad que hicieron un ajuste más grande que el que les pide el Fondo, pero no lo es que el organismo internacional le haya dejado de pedir más ajustes.
En el acuerdo aparecen precisiones de las que prácticamente no se han hablado. Cubriéndose de situaciones anteriores, los técnicos del Fondo dicen que este crédito es de dudosa recuperación. Agregan que para poder pagar, Argentina deberá avanzar en el terreno de las reformas. Es decir: en nuevos ajustes. Por lo tanto, no es cierto que el ajuste ya esté hecho. Además, el ajuste no tiene fin. Todo dicho por el mismo organismo internacional.
Según un reciente informe del Indec, en el cuarto trimestre de 2024, el 42% de los/as trabajadores/as estaba bajo condiciones de informalidad laboral. Al considerar las ramas de actividad, trabajadores/as de casas particulares es la que tiene mayor tasa de informalidad con el 77%. Igual valor se registra en la construcción, y en el comercio llega al 51,9%.
De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) más del 65% de los varones jóvenes y más del 71% de las mujeres jóvenes en la Argentina trabajan en condiciones informales.
A más informalidad, menor posibilidad de aportar al sistema previsional, y menor calidad de los empleos disponibles. Paralelamente, los requerimientos del FMI de avanzar en la reforma previsional y la flexibilización laboral, basados en un drástico recorte de derechos, pueden llevar al país a una situación donde la diferencia entre la formalidad y la informalidad laboral deje de ser relevante.
Por el camino que nos lleva el gobierno no hay salida. Sólo hay como futuro una repetición del ajuste hasta que la capacidad de resistencia de los ajustados le ponga un límite.
