Ambito Financiero | Opinión
Por Carlos Heller
A poco más de tres años de la eliminación de las regulaciones cambiarias y del “arreglo” con los fondos buitre, se puede ver con nitidez cómo las políticas de este Gobierno agravan sustancialmente el frente externo de la economía.
No es una particularidad de esta etapa, sino de todos los gobiernos que en Argentina recurrieron a planes económicos neoliberales. Con los matices de cada caso, ocurrió durante la época de la dictadura militar, del menemismo y del Gobierno de la Alianza.
En todos los casos se recurrió a las políticas de desregulación cambiaria, a la apertura importadora, y a las facilidades iniciales para la toma de créditos, entre los ejes centrales de la inserción global. En todos ellos la balanza de pagos se deterioró sustancialmente y aumentó la deuda. Es cierto que las inclemencias meteorológicas (que pueden afectar una cosecha), un menor nivel de actividad global, o la suba de la tasa de interés en Estados Unidos contribuyen a agravar la posición externa; pero en la base siempre está la decisión de dejar todo en manos de los mercados, lo que coloca al país en una situación de mayor vulnerabilidad.
Algunos pocos números de la balanza de pagos, donde se recogen las estadísticas del sector externo, permiten ilustrar estos comentarios. Uno de los rubros principales es la Cuenta Corriente, que refleja el intercambio de bienes y servicios y otros componentes, como los intereses de la deuda externa y las utilidades de las empresas multinacionales.
Los datos recientes muestran que durante el período 2015-2018 el saldo de la Cuenta Corriente pasó de u$s -17.622 millones a u$s -28.000 millones (un empeoramiento de más de u$s10 mil millones). Esto más allá de la mejora relativa del saldo que generaron la devaluación cambiaria y la caída del nivel de actividad en 2018, un costo demasiado alto, y así y todo el modelo no cierra.
En el Gobierno de Carlos Menem, el déficit pasó de u$s -672 millones en 1991 a u$s -10.981 millones (otros u$s10 mil millones), justo antes de los efectos del tequila, a finales de 1994. Durante la dictadura, en tanto, el saldo pasó de u$s +649 mil millones (1976) al pico máximo de déficit de u$s -4.767 millones (1980).
Esta evolución fue financiada con endeudamiento externo, que permitió además convalidar una creciente fuga de capitales. Así también siguieron aumentando sensiblemente los pagos por intereses de la deuda pública y se multiplicaron las presiones para el recorte del gasto social.
Para poner en perspectiva la gravedad de lo que ocurre con la deuda, resulta válido recurrir a la Cepal, que acaba de mostrar en un reciente informe que la deuda pública bruta en América Latina alcanzó un 42,3% del PIB en 2018, tras el 39,4% del PIB registrado en 2017. El organismo afirmó que “este incremento refleja principalmente el comportamiento de la deuda bruta en la Argentina, que aumentó 38 puntos porcentuales del PIB entre 2017 y el tercer trimestre de 2018, alcanzando un nivel del 95,4% del PIB”. Una mención que preocupa.
La dura realidad del presente y las enseñanzas del pasado condicionan de antemano todo intento de justificar la continuidad del plan actual. Por eso, el Gobierno y los sectores que lo apoyan hablan de un futuro venturoso que finalmente nunca llega. No es culpa de las tormentas o de la búsqueda de “atajos”, como señaló Macri; la responsabilidad la tienen los funcionarios que aplican este tipo de políticas, intolerables desde lo social e inviables desde lo económico. Esto último lo sabe hasta el FMI, que desembolsa sus fondos e igual dice que la deuda es sustentable con una “baja probabilidad”.
Queda claro que este Gobierno y el Fondo tratan de seguir hipotecando al país para que cada vez sea más difícil volver atrás, condicionando la soberanía de futuros gobiernos. En las próximas elecciones resulta imperioso dar vuelta la página de un modelo que sólo trae más ajuste, pobreza y exclusión social.
