Página/12 | Opinión
Por Carlos Heller
Juntos por el Cambio suele intervenir en la política argentina utilizando su aptitud para construir ficciones. Durante estos últimos días presenciamos un nuevo intento de generar un relato integralmente falsificado. Han sostenido que se le está quitando recursos a la Ciudad de Buenos Aires, se la está asfixiando financieramente o se la está intentando poner de rodillas. Por supuesto: todo ello no es verdad. Es una construcción mediática sin sustento. Seguramente piensan que si una mentira se repite muchas veces se transforma en verdad. Y no es así: una mentira es siempre una mentira.
Veamos el tema en detalle. Lo primero que es necesario aclarar: lo que se está debatiendo en la actualidad no es la coparticipación. Lo que se discute es el exceso de recursos que la Nación le transfirió a la Ciudad de Buenos Aires en ocasión del traslado de algunas funciones de la Policía Federal. Corría el año 2016, la Ciudad recibía un 1,40 por ciento de recursos coparticipables y el presidente Mauricio Macri elevó por decreto ese porcentaje a 3,75 por ciento, si bien al poco tiempo corrigió ese dato y lo bajó a 3,50.
La cuestión es que la diferencia entre 1,40 y 3,50 por ciento excede largamente el costo de los servicios de seguridad transferidos. Es decir: lo que se produjo allí fue una especie de donación graciable por parte del entonces reciente Presidente de la República, Macri, en favor del distrito que él mismo había gobernado hasta muy poco tiempo atrás y que había quedado a cargo de su socio político, Horacio Rodríguez Larreta.
Esto es lo que pasó. Por eso, ahora lo que se está intentando hacer es poner las cosas en su lugar. Es decir, sumarle al 1,40 por ciento de coparticipación que por ley tiene asignada la Ciudad, el monto del costo de los servicios transferidos tal como lo establece la Constitución Nacional en el artículo 75, inciso dos, quinto párrafo. El mismo dispone que no se puede transferir un servicio sin los recursos para su prestación. Por supuesto: esos recursos están garantizados en el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo, con media sanción del Senado y modificado por Diputados, y lo que estamos corrigiendo es simplemente el exceso que Macri le transfirió por decreto a la Ciudad en 2016.
Pero no es el único exceso cometido por el ex Presidente y el actual jefe de Gobierno de la Ciudad. Hay otros: por ejemplo, las transferencias de 135 inmuebles, muchas de ellas efectuadas luego de las elecciones, es decir, después de octubre de 2019.
Por otra parte, el texto que aprobamos en la Cámara de Diputados, y que ahora vuelve en revisión al Senado, fija un periodo de 60 días para que las partes alcancen un acuerdo. También dispone que la Comisión Federal de Impuestos —un órgano técnico inobjetable— establezca un dictamen sobre cuáles son los montos que la Nación le tiene que trasladar a la Ciudad por los servicios transferidos. El proyecto, además, sostiene que las transferencias deberán hacerse en forma mensual y automática y se actualizarán de manera trimestral. Para ello, se utilizará un índice compuesto por el 80 por ciento del salario promedio de la Policía Federal y el 20 por ciento del Índice de Precios al Consumidor de CABA.
Por eso, creo que la discusión que está promoviendo Juntos por el Cambio tiene que ver con la interna que tienen adentro. No hay otra explicación. Escuchándolo a Rodríguez Larreta da la sensación de que desconoce lo que se aprobó. Sus argumentos no tienen ningún sustento.
En la misma perspectiva, y dentro de la ficción general que intentan construir, está la afirmación de que quienes fuimos elegidos como diputados por la Ciudad de Buenos Aires, al votar este proyecto de ley, habríamos traicionado los intereses de los vecinos de la Ciudad. Es otra falacia. ¿Ello quiere decir que para representar a los habitantes de la Ciudad tenemos que avalar procedimientos irregulares?
Además de proteger los intereses de los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires, los legisladores de este distrito tenemos que defender los intereses de la Nación, porque somos diputados nacionales y, entre otras cosas, debemos cumplir con lo que establece la Constitución. Esta última dispone, tal como hemos dicho, que cuando se transfiere un servicio hay que hacerlo con los recursos para que ese servicio se pueda prestar. Y eso es lo único que estamos queriendo hacer. Ni siquiera se les está pidiendo que devuelvan los recursos que recibieron de más: en tres años alrededor de 86 mil millones de pesos que actualizados por inflación darían hoy una cifra sustancialmente mayor. Ni tampoco los cerca de 900 millones de dólares en inmuebles que la Nación graciosamente también transfirió a la Ciudad.
En este mismo sentido se pronuncia el comunicado de los diputados y diputadas del Frente de Todos de la Ciudad de Buenos Aires: “actuamos siempre, y también lo hicimos en la última sesión de la Cámara, de acuerdo a nuestras convicciones, con honestidad y con compromiso con el pueblo que nos votó. Teniendo la certeza de que esta adecuación de los recursos necesarios para financiar la policía transferida a la Ciudad no generará ningún perjuicio a los ciudadanos y ciudadanas porteñas. Estamos simplemente obedeciendo lo que dicta nuestra Constitución para reparar una acción ilegal de Macri que Rodríguez Larreta aceptó sin más”.
Pero, el debate que acabamos de reseñar sucedió junto a otra serie de hechos relevantes. Por ejemplo, entre otros temas, el Senado acordó con el Poder Ejecutivo la modificación del proyecto sobre los aumentos jubilatorios: el 5% de incremento de diciembre, que en el proyecto original era a cuenta del aumento de marzo, ahora quedó como firme, es decir, como un incremento consolidado y no como un anticipo. Otro cambio importante es que los ajustes serán trimestrales y no semestrales, lo cual es una modificación significativa en la actualización de los haberes del sector pasivo.
Este viernes el Senado también convirtió en Ley el Aporte Solidario y Extraordinario de las grandes fortunas y aprobó la modificación a la Ley de Manejo del Fuego. El Aporte integra un conjunto de medidas para superar las dos crisis, la generada por el gobierno anterior y la producida por la pandemia.
Mientras la oposición intenta generar grandes relatos falsificadores, el gobierno avanza en el proceso de reconstrucción de la Argentina.
