Página/12 | Opinión
Por Carlos Heller
El Decreto del gobierno de Javier Milei para desregular la economía contiene una normativa extensa que conlleva la práctica desaparición del Estado como garante de derechos esenciales.
Entre los muchos cambios, se flexibiliza el mercado de trabajo y se habilita la privatización de empresas públicas. Incluso va más allá de lo que hizo la última dictadura cívico-militar, al derogarse la Ley de Promoción Industrial, que el gobierno de facto modificó, pero no llegó a eliminar. Incluso habilita la posibilidad de privatizar el Banco Nación, tema que el gobierno menemista tuvo que corregir en la Ley de Reforma del Estado hacia el final de su mandato.
Derechos
Con la derogación de la Ley de Alquileres se quita casi toda protección a quienes alquilan, se podrán exigir pagos en dólares, no será obligatorio el plazo mínimo, no habrá topes a depósitos y garantías y se podrá indexar el contrato bajo cualquier criterio.
En materia laboral, el DNU limita el ejercicio del derecho de huelga, ampliando la definición de servicios esenciales e incluyendo los de “importancia trascendental”, alcanzando así a una gran cantidad de actividades y estableciendo porcentajes de prestación mínima de servicios muy elevados. También se reduce la indemnización por despido y se habilita su reemplazo por fondos de cese laboral. Se eliminan las multas y las penalizaciones por la no registración de la relación laboral y se amplía el período de prueba de 3 a 8 meses; es decir: se fomenta la precarización laboral.
A su vez, se da vía libre para la suba de precios, que a esta altura ya nada tiene que ver con la inflación “reprimida” que supuestamente dejó el anterior gobierno. Por caso, las prepagas podrán establecer libremente los valores de las prestaciones y de las cuotas. También desaparece la cuota anual que las empresas privadas debían aportar al Ministerio de Salud, lo cual debilita al sistema público.
Se derogan la Ley de Abastecimiento –“para que el Estado nunca más atente contra el derecho de propiedad de los individuos”– y la Ley de Góndolas, “para que el Estado deje de meterse en las decisiones de los comerciantes argentinos”, según sostuvo en su discurso Milei. Uno de los objetivos de esta ley era evitar que las prácticas comerciales excluyan de la venta a productos elaborados por PyMEs, empresas regionales, de agricultura familiar, campesina e indígena, de la economía popular y de cooperativas y mutuales.
También se termina en lo esencial con la Ley de Compre Argentino y Desarrollo de Proveedores --sancionada en 2018--, una herramienta de política industrial que permite canalizar el poder de compra del Estado para mejorar la capacidad productiva nacional y promover el desarrollo de proveedores locales, decisión que se completa con la derogación de la Ley de Compre Nacional, sancionada en 1971.
A su vez, según establece el Decreto, “el Poder Ejecutivo Nacional no podrá establecer prohibiciones o cupos a las exportaciones ni importaciones por motivos o fundamentos económicos”. Ello significa que los exportadores podrán optar por vender en el mercado interno o externo, lo cual impactará en los precios del mercado doméstico. Es más combustible al proceso inflacionario, y un golpe brutal a la gran mayoría de las PyMEs que no podrán competir con productos altamente subsidiados en el exterior.
Soberanía
Se asesta, además, un gran golpe a la soberanía nacional por varios motivos. No sólo por la transformación de todas las empresas del Estado en sociedades anónimas para su posterior privatización. Sino también porque, entre otros, se establece la derogación de la Ley de Tierras que limita el derecho de propiedad sobre la tierra rural, en especial para los inversores extranjeros.
No hay necesidad ni urgencias reales que justifiquen un decreto de estas características, evitando someter los temas a la decisión del Congreso. El apuro es solamente porque el gobierno sabe que la legitimidad que consiguió en las urnas se irá diluyendo en la medida que la población sienta los agudos efectos del ajuste que se está comenzando a llevar a cabo.
Quiero cerrar con conceptos del comunicado del bloque de diputados/as de Unión por la Patria, en el cual expresamos: “Junto a los representantes de los trabajadores tenemos en claro que la situación es dramática, (…) los argentinos y argentinas de carne y hueso empezarán a sufrir sus nefastas consecuencias (…) En ese sentido, reafirmamos que el mega DNU es inconstitucional porque invade competencias del Congreso Nacional, afecta la división de poderes como así también el funcionamiento de la República y la democracia argentina”.
