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Por Carlos Heller
La isla Bouvet, uno de los lugares más recónditos e inhabitados del planeta, a medio camino entre África y la Antártida, comparte un rasgo en común con el estado de Delaware, uno de los más pequeños de los Estados Unidos y de menor densidad poblacional: ambos son considerados “guaridas fiscales”.
En el primer caso, los datos vertidos en la introducción del libro “La caja fuerte de los evasores” del ingeniero informático Hervé Falciani hablan por sí solos. “¿Cómo es posible que un «habitante» de aquel lugar haya abierto una cuenta en uno de los mayores bancos del mundo y haya depositado dinero en ella?”. Es una de las preguntas que se plantearon los investigadores franceses cuando, en 2009, empezaron a examinar los miles de documentos del HSBC Private Bank incautados en el ordenador de Falciani. “¿De dónde sale el misterioso ciudadano de Bouvet, si la isla no tiene ni un solo residente? (…) ¿Se trata de un error de la persona que transcribió esos datos, o de un procedimiento interno para proteger la identidad de un importante evasor fiscal?”.
En cuanto al estado de Delaware, basta con echar un vistazo a su sitio oficial en Internet para entender por qué en su pequeño territorio están radicadas 850 mil empresas habiendo sólo 800 mil habitantes, es decir, más de una compañía por persona. Un escrito distribuido por la propia autoridad de gobierno de esa jurisdicción, denominado “Por qué las corporaciones eligen Delaware”, señala que la Secretaría de ese Estado “tiene un modo de actuar y pensar que se asemeja más al de una de las corporaciones que administra que a un aparato burocrático de gobierno”. Por su parte, la Ley General de Sociedades de Delaware hace alarde del hecho de que “está escrita con un sesgo en contra de la regulación” y de que a “las sociedades de responsabilidad limitada se les ofrece un «trato impositivo favorable»”. Todas frases que dejan explícita la “cálida bienvenida” que se les da a todas aquellas sociedades que quieran llevar allí su dinero para evitar pagar impuestos en las jurisdicciones donde están radicadas sus casas matrices.
En este marco, y a partir de las denuncias de Falciani que involucran a 4.040 cuentas de argentinos, se creó, a fines del año pasado en el Congreso de la Nación, la Comisión Bicameral que investiga la conducta de las entidades financieras para crear mecanismos institucionalizados con el objetivo de facilitar la fuga de dinero y la evasión de impuestos. La Bicameral tiene dos objetivos; por un lado, recomendar medidas legislativas tendientes a adecuar las normas de nuestro país para evitar la fuga de divisas o el lavado de activos a través de la banca privada y, por el otro, aportar a la justicia toda la información recabada. Además de haber entrevistado a los responsables del HSBC Argentina, a funcionarios de las áreas de control del gobierno y a las autoridades de algunas de las empresas cuyas cuentas figuran en la “lista Falciani”, la Comisión se reunió hace pocos días en Francia con el propio Falciani. El ex empleado del HSBC Ginebra fue el pionero en la filtración de información confidencial de un banco y brindó datos reveladores sobre las plataformas montadas en esa entidad específicamente para la evasión, lavado y fuga de divisas. Asimismo, se entrevistó a Stéphanie Gibaud, ex directora de ceremonial y protocolo de la Unión de Bancos Suizos (UBS), otra entidad bancaria que entre otros casos fue multada en los Estados Unidos por haber ayudado a 17 mil norteamericanos a “disimular” más de 20 mil millones de dólares. La ex funcionaria fue bastante cautelosa al señalar que los bancos ya tienen integradas en sus balances las sumas de las multas que pueden pagar para que, al final, nada cambie. (Página/12, 18-6-2015).
No obstante, a mi entender, algo puede cambiar, pero para ello es necesario que las grandes organizaciones internacionales como el G20 o la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) tomen medidas para poner trabas a estas operaciones ilícitas. Claro que el camino no es fácil, estas cuentas de la banca privada suelen constituir la principal fuente de ingresos de los bancos que las ofrecen. Tal es el caso de la sucursal en Suiza del HSBC que, según el libro de Falciani, a pesar de tener miles de depósitos, consigue sus verdaderas ganancias gracias a unos sesenta clientes, muchos de ellos con vinculaciones en ámbitos políticos europeos. Esto último “les permite a los bancos no sólo la posibilidad de saltarse las normas sino también de plasmarlas a su favor”. Un ejemplo de ello quedó de manifiesto en ocasión de la entrada en vigor de la directiva europea sobre “fiscalidad de los ahorros”: la norma dice que todo ciudadano en ese continente tiene que pagar impuestos por los productos financieros, incluso si están ubicados en Suiza, a menos que estén a nombre de una sociedad. Basta entonces con aconsejar a los clientes que creen nuevas sociedades y que pongan a nombre de éstas la propiedad de sus productos financieros.
Existe además la posibilidad de actuar contra estas conductas ilegales a nivel local. Una de estas acciones ya se está llevando a cabo en Argentina; por primera vez los organismos públicos de control como el BCRA, la Unidad de Información Financiera (UIF), la Comisión Nacional de Valores (CNV) y la AFIP están actuando en forma coordinada, algo que se logró a partir de importantes cambios legislativos como la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y la nueva Ley de Mercado de Capitales. El desafío ahora es modificar la Ley de Entidades Financieras que conserva una concepción neoliberal propia del contexto político que se vivía en el país al momento de su sanción en el año 1977.
