Página/12 | Opinión
Por Carlos Heller
El gobierno continúa llevando a los foros internacionales el pedido de un tratamiento más racional de los recursos globales. La Argentina, lejos de las profecías que la predecían aislada, es hoy una activista mundial de sus intereses como Nación de ingresos medios. Se libra una gran batalla y nuestro país ejerce en ella un rol destacado. La discusión estructural es sobre el papel de los organismos de crédito: sobre lo que deben hacer en la actualidad para contribuir a resolver los problemas internacionales. ¿Cuál es uno de esos reclamos? Que mientras hay programas de asistencia para los países muy pobres, no los hay para los de desarrollo medio, como son la mayoría de los que integran la región latinoamericana.
En ese marco, la Argentina demanda una resolución del problema de la deuda. Entre otras cuestiones, pide la eliminación de las sobretasas que se le aplican por el alto volumen de su endeudamiento. En economía, si los recursos van para un lado es porque no van para otro: esas sobretasas que se abonan son fondos que no se destinan a vacunas o a la construcción de escuelas y hospitales, entre muchas otras necesidades. Negociar exitosamente las deudas pendientes es liberar recursos para la reconstrucción del país.
El gobierno también pide que la ayuda que el Fondo Monetario Internacional va a implementar a través de la emisión de derechos especiales de giro no sea distribuida según la lógica procíclica habitual: hasta ahora, al repartir esos recursos entre los países en proporción al capital que éstos tienen en el organismo, reciben más los que menos lo necesitan. La propuesta es que sea al revés: que los países endeudados o con dificultades de distinto tipo sean los que reciban más ayuda global para contribuir a reducir las diferencias entre ellos y al interior de cada uno.
En esta perspectiva, el presidente Alberto Fernández, en su intervención en la XXVII Cumbre Iberoamericana, consideró necesaria “una arquitectura financiera inclusiva de los países de ingresos medios que en el mundo son el hogar del 75% de la población, pero también el lugar donde se radica el 62% de la pobreza”. Luego afirmó que “los países de renta media deben ser consideramos prioritarios al momento de la asignación de recursos financieros (…). Una recuperación que no incluya a los países emergentes y de renta media no merece llamarse recuperación”. Finalmente calificó como “imperativo” que “iniciativas de alivio de deuda y prórroga de la Iniciativa de la Suspensión de Servicios de Deuda se extiendan a los países de ingresos medios con alta vulnerabilidad, promoviendo nuevos horizontes de pagos y tasas más flexibles junto a una consideración del riesgo crediticio adaptada a las actuales circunstancias”.
En simultáneo a ese protagonismo en los foros internacionales, el gobierno continúa avanzando en el plano nacional con una serie de medidas cuyo objetivo es la construcción de un país normal. En la semana, el Tesoro realizó nuevas licitaciones de letras a través de las cuales, con variaciones entre ellas, consiguió más recursos que los que el Estado salió a buscar. Ello generó un saldo por encima de los vencimientos y, por lo tanto, la administración este mes no dependerá de la emisión para cubrir sus necesidades fiscales. Lo anterior está en línea con los objetivos del Presupuesto de reducir la emisión y de ordenar la deuda, llevándola a moneda local y corriendo sus plazos de pago, entre otras cosas. Como ha dicho el ministro de Economía, Martín Guzmán, “queremos convertir a la Argentina en un buen deudor”. Para ello es necesaria una negociación que le permita al país crecer, que ese crecimiento produzca mayor recaudación y que, de ese modo, se pueda cumplir con las obligaciones derivadas del endeudamiento. Para ser un buen deudor es necesario que la deuda no sea incompatible con el crecimiento y con que éste beneficie al conjunto de la sociedad.
El gobierno trabaja en un acuerdo de congelamiento de precios de alrededor de 120 productos por seis meses con empresas que fabrican artículos alimenticios y de higiene, entre otros. En la semana, también acordó precios máximos en la comercialización de electrodomésticos y electrónicos.
En la misma línea, ha tomado medidas para el control de las exportaciones de carne, granos y lácteos. El Ministerio de Agricultura sostuvo esta semana que “los requisitos a incorporar tienden a reducir al máximo la existencia de operadores en circuitos marginales, informales e insolventes, que son los que mayores distorsiones producen en el adecuado funcionamiento del mercado interno y exportador”. Esa mayor supervisión busca impulsar la oferta local y, de ese modo, contener la suba de los precios de los productos de consumo masivo. El gobierno también puso en vigencia el Observatorio de Precios y Disponibilidad de Insumos, Bienes y Servicios, reglamentado en 2015 pero sin actividad desde entonces. Su objetivo consiste en “monitorear, relevar y sistematizar los precios y la disponibilidad de insumos, bienes y servicios que son producidos, comercializados y prestados” en el país. Todas estas medidas tienen un mismo objetivo: controlar los precios tratando de alinear la inflación anual con la cifra establecida en el Presupuesto en la búsqueda de mejorar el poder adquisitivo de la población.
El tipo de cambio, las tarifas y la emisión monetaria están por debajo de lo presupuestado; el crecimiento de la economía y la recaudación tributaria por encima. De acuerdo con la teoría que atribuye la inflación al comportamiento de estas variables, la inflación no debería crecer. Y, sin embargo, crece. Por lo tanto, la pregunta es: ¿qué es lo que hace subir los precios si las variables que supuestamente inciden en sus aumentos están todas bajo control? Por supuesto, del factor determinante no se habla: la puja distributiva y, dentro de ésta, la decisión de algunos empresarios de llevar sus ganancias al extremo. La batería de medidas aquí enumeradas está orientada a regular esa puja distributiva con el objetivo de lograr que los salarios y las jubilaciones mejoren en términos reales.
En el medio de una pandemia que no cesa, el gobierno continúa desplegando un plan sistemático que aborda distintos frentes, tanto internacionales como nacionales. La gran cantidad de medidas entrelazadas y en ejecución apuntan a construir un país que crezca con la gente adentro. La gran batalla es una multitud de pequeñas y medianas batallas.
