Página/12 | Opinión
Por Carlos Heller
El gobierno ha insistido, desde el inicio de su gestión, con que la velocidad es una categoría política. Según su perspectiva, el ajuste aplicado de modo gradual –despacio o en cuotas– suspendería o reduciría sus efectos negativos sobre la población. Es decir, el ajuste no impactaría como ajuste. Desde este punto de vista, la utopía neoliberal de implementar medidas de distribución regresiva del ingreso con consenso social habría encontrado, al fin, su fórmula exitosa: moderando la velocidad de las políticas antipopulares.
Lejos de ello, el ciclo iniciado con la reforma del sistema de jubilaciones y pensiones en diciembre de 2017 y continuado ahora con el incremento de las tarifas, ha producido un fuerte impacto negativo en la sociedad.
De allí que no se habría cumplido la previsión gubernamental: su ajuste,según ellos aplicado a menor velocidad, no ha evitado el malestar que habitualmente los ajustes producen. En el mejor de los casos, sólo habría distribuido su impacto en el tiempo. El gradualismo habría tenido como resultado una gestación gradual del malestar.
Hay otra interpretación: la gradualidad ha sido, en muchos casos, sólo un recurso discursivo. El aumento de la electricidad durante el período 2015 a 2018 en un 1600 por ciento, del gas en un 1000 por ciento, del agua en un 562 en promedio para las tres categorías, del boleto de tren en un 237,5 por ciento en la región metropolitana, y del colectivo en un 233 por ciento en la misma zona,no parecen indicadores de moderación en la aplicación del ajuste. Más bien, bajo el discurso de la gradualidad, parece que han avanzado a toda velocidad.
En el mismo período (2015 a 2018) los salarios formales crecieron significativamente por debajo de esos valores. La diferencia entre el volumen de los aumentos de los servicios básicos y los aumentos de los salarios muestra la gran transferencia de ingresos que se produjo desde los consumidores hacia las grandes empresas que brindan estos servicios.
Tal como demuestra la historia, siempre se impone la correlación entre las transferencias regresivas de los ingresos y la pérdida de los consensos gubernamentales. Mauricio Macri y su gobierno sufren una caída sostenida de su imagen, su coalición está atravesada por fuertes disidencias y tensiones y la oposición tiende a confluir en medidas parlamentarias que buscan expresar el malestar ante medidas antipopulares.
Hay un proceso en cadena.
Por un lado, se profundiza la tensión entre el gobierno y una parte mayoritaria de la sociedad. La ciudadanía comienza a percibir que la revolución de la alegría es, en realidad, un camino hacia la concentración de la felicidad en unos pocos. No es difícil de ver: se trata de un gobierno que concentra los ingresos y que, por lo tanto, también concentra la alegría. La alegría es sólo para las minorías que ganan con este modelo.
Por otro lado, esa tensión con la sociedad comienza a manifestarse en las encuestas. Cae la imagen del gobierno y cae la intención de voto de los posibles candidatos oficialistas. Luego, algunos de los miembros pasivos de la coalición de gobierno generan críticas y tensiones. Dicen: sufrimos los costos de las políticas oficialistas pero no tenemos acceso a las decisiones. No presionan necesariamente para cambiar las políticas. Lo hacen más para acceder a nuevos cargos. Seguramente piensan: si vamos a tener costos, que por lo menos sea ocupando puestos oficiales.
Finalmente, el aumento de las tarifas, que afecta a sectores medios, medios bajos y a los más pobres, condensa un malestar creciente y crea nuevas exigencias de representación de esa parte de la sociedad que profundiza su distancia crítica con el gobierno. Se trata de sectores que se alejan de su apoyo al oficialismo sin, todavía, saber a dónde ir. Se van, por ahora, hacia ningún lugar.
Esa vacancia de representación crea una competencia entre distintas fuerzas políticas por expresar el descontento de esos sectores. Entonces, diferentes fuerzas parlamentarias confluyen en el intento de representación de ese malhumor social creciente.
Pero no lo hacen del mismo modo.
Los integrantes del Peronismo Federal, que contiene a legisladores que responden a varios gobernadores, junto a massistas y randazzistas, lo hacen sin romper con el gobierno, imaginando distintas propuestas para “ayudar” porque, ante todo, ellos son “razonables” y quieren que al gobierno “le vaya bien”. Así lo han afirmado algunos de los presentes en la reunión en Córdoba esta semana.
Otros, actúan –y actuamos– para que le vaya bien al pueblo argentino. Si el gobierno lleva adelante políticas públicas que perjudican los intereses de los ciudadanos para beneficiar la recomposición de la tasa de ganancia de las grandes empresas, más que ayudarlo hay que presionarlo para que cambie sus políticas.
Lo que aquí está en discusión es el ajuste y la transferencia de ingresos a las grandes empresas de servicios. El gobierno y algunos de sus aliados intentan trasladar la discusión hacia otro lugar: hacia cómo se distribuyen los costos de ese ajuste. Deliberan acerca de si parte de ese ajuste lo deben asumir las provincias –suprimiendo impuestos locales–, si lo debe absorber la Nación –reduciendo impuestos nacionales–, o si lo tienen que sustentar integralmente los consumidores. Es claro: se trata de dejar de discutir el ajuste para deliberar acerca de cómo se lo distribuye.
Sin embargo, es necesario no perder de vista el ajuste tarifario en sí mismo. Porque este contiene por lo menos dos componentes. Por un lado, el recorte de los subsidios estatales en busca del objetivo de reducir el déficit fiscal primario. Por otro, la sustancial mejora de la rentabilidad de las empresas que brindan estos servicios.
Bajo el discurso gubernamental de reducir el déficit fiscal hay una fuerte recomposición de tarifas que aumenta la rentabilidad de estas grandes empresas. Por lo cual, a través de ese segundo componente, hay una transferencia directa de ingresos desde los consumidores hacia estos grandes conglomerados de servicios.
El gobierno de Mauricio Macri concentra la alegría en grandes empresas, como las agropecuarias, las mineras, las de servicios públicos, las grandes constructoras, a las que favorece con enormes beneficios.
Del otro lado, los sectores medios, medios bajos y trabajadores en general pierden parte de sus ingresos.
A la sociedad argentina se le prometió alegría. Lejos de ello, se le produce malestar. La unidad de la política opositora debe desarrollarse expresando ese malestar. Ocupando el lugar de la representación vacante con propuestas que indiquen el camino para revertir esta situación.
