Ámbito Financiero | Opinión
Por Carlos Heller
El mundo actual está afectado por distintos eventos disruptivos que exceden la dinámica de las economías locales y se expanden a todos los rincones del planeta. Hace un par de años nos sorprendió la pandemia, con todas sus consecuencias sanitarias, sociales y económicas, un evento que aún no ha terminado. Ahora nos encontramos además ante un escenario bélico cuyos efectos e implicancias de ninguna manera se restringen a los territorios que sufren el conflicto.
Una de las aristas más significativas de esta situación es el incremento en el precio de las principales materias primas: energía y productos primarios, especialmente granos, oleaginosas y sus derivados. Sin ir más lejos, la semana pasada el valor de la tonelada de soja se ubicaba en los 641,9 dólares, tocando así su máximo desde septiembre de 2012.
En este contexto, el Gobierno argentino anunció hace pocos días el envío al Congreso de la Nación de un proyecto de ley para gravar la “renta inesperada”. Si bien aún quedan por conocerse los alcances de la norma, se plantea gravar con una alícuota el componente del beneficio extraordinario que obtuvieron algunas empresas por el alza significativa de los precios internacionales.
El universo alcanzaría sólo a aquellas con ganancias netas imponibles superiores a los 1.000 millones de pesos, que en 2021 fueron el 3,2% del total. Se agrega además la condición de que “el margen de ganancia también tiene que ser anormalmente alto en 2022 y se establecerá un criterio que, si la renta extraordinaria se canaliza hacia la inversión, la contribución será menor”. Es decir, se trata de un pequeño número de empresas, cuando la oposición intenta instalar la idea de un gravamen que afectaría a amplios sectores de la producción.
Los recursos fiscales derivados de esta iniciativa se canalizarían, en parte, a financiar un refuerzo de ingresos para los sectores más vulnerables y a quienes más les aquejan los efectos inflacionarios.
Estas propuestas muestran a un Gobierno que se empeña en cumplir con lo que viene planteando desde hace tiempo: que a pesar de cuál sea el índice de inflación, los ingresos de los trabajadores activos y pasivos no se queden atrás, incluso que vayan recuperando poder de compra. En el caso de los trabajadores registrados están las paritarias libres; en el caso de los más desprotegidos, que son los cuentapropistas e informales, una herramienta fundamental es la redistribución del ingreso.
Un mecanismo en el que el principal protagonista es el Estado, proponiendo gravar aquellas ganancias que no fueron producto de una mayor inversión ni de incorporación de tecnología sino de una circunstancia absolutamente externa a nuestro país: el conflicto bélico y la consecuente escalada de precios de muchos productos. En otras palabras: un paso hacia una mayor justicia distributiva.
Cabe destacar que esta situación no es exclusiva de nuestro país. En su último informe sobre “Perspectivas de la Economía Mundial”, el FMI sugiere que “para disminuir la carga sobre las finanzas públicas, se podría evaluar un aumento temporal de los impuestos sobre el exceso de beneficios. Esto ayudaría a recuperar parte de las transferencias a las empresas que no las necesitan”.
Claro que siempre están presentes las voces provenientes de la oposición local que rechazan estas iniciativas por implicar un aumento de impuestos. Aunque de la misma forma se manifiestan en contra de un proyecto de ley para lograr que los residentes argentinos que fugaron capitales paguen al fisco de su país una parte de lo que evadieron. Es decir, intentan seguir favoreciendo a aquellos que no cumplieron con la ley: seguramente, también les molesta que sea para pagar la enorme deuda que tomaron con el FMI. Entonces, no debería sorprendernos que intenten proteger la excesiva rentabilidad de aquellas grandes empresas que tienen ganancias inesperadas.
Insisto, es totalmente legítimo en las circunstancias actuales plantear la redistribución de una parte de lo que en el mundo entero se está llamando “renta inesperada”. Pero la presión de los grandes grupos económicos no deja de estar siempre presente. Allí es donde el rol del Estado es fundamental para contrarrestarla.
Se trata de evitar que la balanza de la puja distributiva se incline hacia los que más tienen, y hacia convalidar beneficios excepcionales, que en parte son fruto de mayores precios que generan una apropiación del poder de compra de la ciudadanía, y lo que es más grave aún, de aquella de menores recursos.
