Página/12 | Opinión
Por Carlos Heller
El jueves pasado volvió a reunirse la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados y allí se expusieron las acusaciones a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación por mal desempeño de sus funciones. Es decir: se comenzó a avanzar con el mecanismo de presentación de pruebas y de cita de testigos. Hay una larga lista de expositores para las próximas reuniones, propuesta por las y los legisladores del Frente de Todos (FdT).
El pedido de juicio político es por malversación de fondos —relacionada con la denuncia por irregularidades en la gestión de la obra social de la Corte—, por abuso de autoridad y por tráfico de influencias, entre otras acusaciones. Es imprescindible ser muy cuidadosos y respetuosos de todos los mecanismos previstos para asegurar la legítima defensa de los integrantes de la Corte Suprema sometidos a juicio.
El presidente del Bloque de diputados y diputadas nacionales del FdT, Germán Martínez, afirmó: “hacemos un balance positivo de la reunión de hoy (por el último jueves), nos decían que queríamos montar un circo y hemos dejado en claro con la seriedad que encaramos este proceso, nos decían que las denuncias eran un mamarracho y quedó claro no solo la diversidad sino la profundidad de los distintos hechos que se denuncian”. Y agregó: “Nos decían que esto era una avanzada que no contemplaba otras cosas que no sea una especie de capricho del oficialismo y hoy con las propias palabras de la diputada Paula Oliveto de la Coalición Cívica quedó claro que estamos haciendo uso de un instrumento reglado por la propia Constitución”.
Una cuestión no menor es cómo es informado este proceso de juicio político a la ciudadanía. Los grandes medios concentrados, por ejemplo, muestran el hecho como una embestida del oficialismo contra la Justicia. Necesitamos que la sociedad entienda mejor lo que sucede y cómo funciona el sistema judicial. Un proceso profundo de reforma de la Justicia requiere de un fuerte involucramiento de la sociedad civil y, para ello, es necesario que ésta entienda y acompañe lo que se está debatiendo.
Cuando la oposición política, económica o mediática afirma que “se está atacando al Poder Judicial” o “poniendo en riesgo la democracia” en realidad lo que sucede es todo lo contrario. Se están haciendo funcionar los mecanismos que la democracia ha diseñado y que la Constitución prevé para evaluar el funcionamiento del Poder Judicial a través del Parlamento, como la máxima expresión de la voluntad popular.
Hay muchas cuestiones que deberían ser parte de la discusión pública. Por ejemplo, los integrantes del Poder Judicial en la Argentina no están sometidos a condiciones para permanecer en el cargo ni a ninguna modalidad de controles. Mientras, los diputados cada cuatro años y los senadores cada seis deben someterse al juicio de la voluntad popular. En la misma línea, el Presidente de la Nación se elige cada cuatro años y no se puede reelegir más que una vez. Por el contrario, los miembros del Poder Judicial están exceptuados de esas reglas y sus cargos son virtualmente vitalicios. De allí la importancia del juicio político: es una de las pocas instancias que tiene prevista la Constitución para cuestionar el mal desempeño de los miembros de la Corte Suprema. También existe el Consejo de la Magistratura para revisar la conducta, el comportamiento y la eficacia, en el desarrollo de la gestión de los miembros del Poder Judicial, pero actualmente está presidido por Horacio Rosatti, también presidente de la Corte.
Además, la Corte Suprema no tiene plazos para expedirse, un ejemplo es el caso de las medidas cautelares que suspenden la declaración como públicos y esenciales de los servicios de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC). Durante la Asamblea Legislativa 2022 el Presidente reclamó a los integrantes de la Corte que se expidan sobre ese diferendo. Así como está planteado, el sistema ha sido diseñado para que la Corte sea la garante de los intereses de los sectores privilegiados.
En otro orden, el viernes en el Centro Cultural Kirchner el ministro de Economía, Sergio Massa, anunció la ampliación del programa Precios Justos y su extensión hasta junio de 2023. La iniciativa integra a 482 empresas y alcanza a 49.832 productos con subas del 3,2% mensual en lugar del 4% que se proponía hasta ahora. El programa incluye la canasta escolar y las cuotas de los colegios privados, con un aumento máximo del 3,5% por mes. Entre otros artículos de consumo incluidos, figuran electrodomésticos, vestimenta, calzado, celulares, construcción, insumos difundidos, textiles, medicamentos y combustibles. Cubre en total el 86% de los productos que consumen los argentinos. Además, 2.000 artículos van a mantener precios fijos.
En la presentación de la ampliación del programa se anunció un software, desarrollado por la empresa estatal Arsat y la privada Amazon, que procesará 15 millones de datos diarios por rubros, categorías y subcategorías y elaborará un ranking con geolocalización. Permitirá llevar un control detallado de la evolución de los precios y del compromiso asumido por las empresas.
Massa afirmó que “en la primera etapa aprendimos a compartir y corregir errores. Esta segunda etapa tiene más premios y más castigos. Algunas empresas limitaban el abastecimiento del producto en góndola y decían que no tenían abastecimiento en la cadena de valor”. Luego agregó: “Alguna vez planteamos que no podíamos permitir que haya empresas internacionales que subfacturen o sobrefacturen importaciones o exportaciones, tampoco podemos permitir que el acceso a beneficios públicos no redunde en beneficios al consumidor, evitando picardías”. El ministro también se refirió a las empresas que volcaron sus stocks a los comercios no adheridos. “Creció 6% la participación de hipermercados mayoristas y supermercados porque la gente compraba donde encontraba precio, elegía frente a los comercios en donde venden en negro o no participan del programa, y terminan perjudicando a la gente”, concluyó. Es decir: los faltantes de productos en algunos de los comercios adheridos al programa se debían a que los mismos eran distribuidos en mayor proporción en comercios que no habían adherido y que vendían a precios más altos.
La experiencia de la primera etapa del programa más la utilización de nuevas herramientas tecnológicas seguramente ayudará a que los acuerdos sean más respetados y se pueda cumplir con la pauta inflacionaria del 60% fijada en el Presupuesto 2023.
