Ámbito Financiero | Opinión
Por Carlos Heller
El nuevo mecanismo para el cálculo jubilatorio, que el Ejecutivo envió al Parlamento, es coherente con la idea del país que se está construyendo. Se apunta a una economía y a un mercado interno en crecimiento, con mayores salarios y recaudación tributaria.
Coincide con una serie de medidas que se siguen implementando para paliar los impactos de la coyuntura. Entre ellas, se acaba de anunciar un nuevo incremento para las jubilaciones por decreto a partir de diciembre (5%), por lo que en el acumulado del año las jubilaciones mínimas terminarán creciendo un 35%. Se suma a todo un conjunto de herramientas que han venido mejorando el poder de compra de los jubilados y las jubiladas, como el congelamiento de las tarifas públicas y la entrega de medicamentos gratis, decisiones indirectas que habría que incluir en los cálculos. Es preciso seguir apuntalando esta tendencia, sin desconocer que se parte de un escenario complejo, producto de la pandemia y de las políticas previas que dejaron al país con nueve emergencias, una de ellas la previsional.
En lo esencial, se busca reemplazar la fórmula establecida durante el Gobierno de Mauricio Macri por una muy similar a la que regía anteriormente (mitad salarios registrados-mitad recaudación previsional). Esta resultó sumamente exitosa, y durante su vigencia (2009 hasta fines de 2017) permitió que las jubilaciones aumentaran en términos reales un 26%, según la ANSES.
El cálculo de movilidad de 2017, que se encuentra suspendido desde diciembre, ataba las jubilaciones fundamentalmente a la suerte de la inflación, y en un 30% a la evolución de los salarios, pero así y todo no evitó que durante su vigencia (2018 y 2019) el poder adquisitivo de las prestaciones cayera un 20%, según la ANSES.
En un plano más profundo, los cambios jubilatorios de 2017 estuvieron en plena sintonía con el modelo de país profundamente regresivo que se implementó en aquel entonces. Por ejemplo, al atar los haberes a la evolución de la inflación, la variable principal de la fórmula, lo que se pretendía era congelar el valor real de los mismos de ahí en adelante, además de haberse salteado, en una economía con una altísima inflación, un trimestre de ajuste en los haberes, que no se recuperó nunca más con dicha fórmula. Respecto del otro componente, los salarios registrados, su inclusión ratificaba la pérdida potencial de poder adquisitivo de las prestaciones. Más cuando la idea era avanzar en una profunda flexibilización laboral y en un período de caída del salario en el reparto del ingreso nacional. Casi imposible que con una fórmula de este tipo se pudieran incrementar las prestaciones en el contexto de ajuste implementado por el anterior Gobierno.
Si bien la bonanza jamás llegó, las matemáticas permiten hacer el ejercicio contrafáctico de ver cómo habría funcionado la fórmula de Macri en la etapa previa. Entre diciembre de 2008 y de 2017, con gran mayoría de años de crecimiento económico, los cálculos de CIFRA-CTA indican que, de haberse aplicado la fórmula del macrismo, el poder adquisitivo de las jubilaciones mínimas se habría estancado (+0,6%). Lo que ocurrió en la realidad fue que para CIFRA -fórmula de 2008 mediante- terminó creciendo un 21,3% en términos reales, muy similar al cálculo de la ANSES ya referido. Por eso, es a este tipo de esquema al que se trata de volver.
Con alta inflación, bajos salarios y caída de la actividad económica a la Argentina le iría mal, no sólo a las personas mayores. Es lo que pasó durante el anterior Gobierno. De ahí que es importante avanzar en la nueva fórmula que permita compartir los frutos del crecimiento futuro. Lo fundamental es no apartarse del objetivo: que la actividad económica se dinamice, que haya más empleo registrado, más aportes a la seguridad social y mayores salarios. Este es el proyecto de país que se persigue. Sostén imprescindible para que la fórmula propuesta dé sus resultados, y para garantizar en el tiempo la sostenibilidad de la seguridad social.
