ContraEditorial | Opinión
Por Carlos Heller
El Gobierno Nacional acaba de dar a conocer su propuesta para contar con una nueva fórmula de movilidad jubilatoria que reemplace a la vigente hasta finales de 2019 (Ley 27.426). La idea es retomar un sendero que había permitido mejorar de manera sostenida las prestaciones previsionales hasta el año 2015 y que fue reemplazado en 2017, en medio de fuertes controversias. Un momento bisagra para el anterior gobierno, que se topó con fuertes resistencias y movilización popular en las calles.
La fórmula propuesta sigue la línea de lo establecido en la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, de diciembre de 2019, que declaró nueve emergencias, entre ellas la previsional, suspendió la fórmula del gobierno de Cambiemos y dispuso de un plazo de 180 días para que el Ejecutivo enviara una propuesta al Congreso, luego prorrogado hasta fin de año.
En la Ley de Solidaridad se incluía una mención que no hay que pasar por alto: trabajar en “un proyecto de ley de movilidad de los haberes previsionales que garantice una adecuada participación de los ingresos de los beneficiarios del sistema en la riqueza de la Nación, de acuerdo con los principios de solidaridad y redistribución”. Es a esto a lo que se apunta, más allá de que la pandemia trastocó todo tipo de previsiones y de plazos.
En lo fundamental, la nueva propuesta retoma lo esencial de la fórmula vigente entre 2008 y 2017, que vinculaba el ajuste de los haberes a la evolución de los salarios y de la recaudación impositiva (ambas ponderadas en partes iguales). En cambio, la movilidad jubilatoria del macrismo ataba las jubilaciones principalmente a la evolución de la inflación (70%), mientras que la parte restante se asociaba a la evolución de los salarios, y con un rezago en la aplicación de los índices de seis meses, además de haberse “saltado” un trimestre de indexación: estas cuestiones llevaron a que a fines de 2018 se necesitaba un incremento por un monto similar a un mes de aportes para recuperar los valores reales de diciembre de 2017. A su vez, ahora, se recupera el tope a los aumentos anuales, que había sido eliminado en la reforma de 2017. El mismo implica que las jubilaciones no podrán crecer anualmente a un ritmo mayor que lo que lo hacen los recursos tributarios totales de ANSES, más un 3%. Es para evitar que se pudiera caer más adelante en una situación de desfinanciamiento de la seguridad social.
Respecto de las críticas iniciales a los cambios propuestos, las mismas se concentraron en decir que al quitar de la fórmula a la inflación las que pierden son las jubilaciones. Nada está más alejado de la realidad, ya que si se observa la evolución de las jubilaciones mínimas (para aquellas personas con treinta años de aportes), durante el período de aplicación de la fórmula se produjo una caída en términos reales del 19,5%. No mostró ser eficaz en aumentar el poder adquisitivo de las jubilaciones.
Según el Ministerio de Economía, “una fórmula atada a la inflación no es deseable en la Argentina. Porque los ingresos de las jubiladas y los jubilados han perdido poder adquisitivo y el objetivo político es recomponer esos ingresos”. Por eso, como indica el Ministerio, “incluir la recaudación en la fórmula permite compartir el crecimiento y, al mismo tiempo, cuidar la sustentabilidad fiscal. La fórmula de movilidad permitirá reducir el actual déficit previsional, dado que, si bien el salario real aumenta junto con el crecimiento económico, lo hace menos que los recursos tributarios”.
En concreto, se trata de retomar algo que funcionó muy bien entre 2008 y 2015, cuando los haberes aumentaron en términos reales un 25,8% en dicho período. Confluyen medidas como el congelamiento del precio de los medicamentos y los medicamentos gratuitos para los jubilados, que poseen una alta incidencia en la canasta de consumo de estos segmentos; el de las cuotas de los créditos de la ANSES, que están sin pagarse desde el principio de año, y ahora se aprobó que no se van a pagar los intereses de ese período. Todos esos son beneficios que se suman al intento de empezar a recomponer el ingreso que perciben los jubilados y las jubiladas y las otras prestaciones en las que se aplica la movilidad.
El proyecto que está en marcha posee esta mirada integral. Apunta, por caso, a consolidar la recuperación de la economía y a desacelerar la inflación, sin convalidar presiones especulativas para la devaluación, como las evidenciadas semanas atrás. Es lo que se encuentra plasmado en el presupuesto para el próximo año y los siguientes. Las herramientas son coherentes con la necesidad de consolidar un círculo virtuoso que permita mejorar los ingresos reales de la población, del mercado interno y de la recaudación fiscal. Lo opuesto al ajuste que deriva en caída de los salarios, de la actividad económica y de los ingresos del fisco.
Movilizar la economía
No son pocos los indicadores de la coyuntura que muestran que la actividad económica se sigue recuperando, más allá de que aún persisten las heterogeneidades, en particular por los impactos en los sectores que más dependen de la cercanía social para llevar a cabo sus actividades.
En el caso de la industria, según el Centro de Estudios para la Producción (CEP), en base a la evolución del consumo de energía eléctrica de las empresas (un indicador aproximado), ya se puede anticipar para octubre una mejora de la producción cercana al 0,4% con respecto al mismo mes de 2019.
La producción de acero crudo, muy influida por la construcción privada y la fabricación de bienes durables, creció en octubre un 6,9% con respecto al mes anterior y un 0,1% contra el mismo mes del año previo, según los datos de la Cámara Argentina del Acero. En el rubro de los laminados el crecimiento mensual fue del 21,4%, aunque aún se encuentra un 1,7% por debajo de los niveles de octubre de 2019. Estos indicadores de recuperación se suman al crecimiento interanual de la recaudación real durante los meses de septiembre y octubre de este año.
Los adelantos en el desarrollo de las vacunas y la intensa actividad del gobierno para poder disponer de las mismas son sin duda hechos muy alentadores. Llevan a pensar en que se podría avanzar en la recuperación sin que se sufra una segunda ola de la pandemia, como la que ya se está sufriendo en otros lugares del mundo, como Europa.
En este escenario, y más allá que sectores de la economía comienzan a recuperar gran parte de lo perdido en la pandemia del Covid-19, queda mucho por transitar y a eso hay que sumarle los daños que generaron las políticas del anterior gobierno. Por ejemplo, si se compara el Índice de Producción Industrial (IPI), en términos desestacionalizados, que elabora el INDEC, la actividad de la industria en agosto de este año fue un 2,6% mayor que igual mes del año anterior, pero un 13,52% por debajo del nivel de enero de 2016, en los primeros tiempos de la anterior gestión: se recuperan los efectos de la pandemia sanitaria pero no aún los de la pandemia económica heredada. Este es además un número similar al de la pérdida de puestos de trabajo registrados en la industria manufacturera (-13,39%), según los datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), para el mismo lapso (enero 2016, agosto 2020).
En este marco, el ministro de Economía, Martín Guzmán, volvió a repetir que “el poder adquisitivo del salario es vital para traccionar a la economía en una situación en la cual hay muchos recursos productivos que no están siendo utilizados en este contexto de recesión”. También afirmó, en alusión a lo ocurrido en una reunión con empresarios de la Asociación Empresaria Argentina (AEA), que “es valioso que haya diálogo con todos los sectores empresariales de Argentina, así como trabajadores y trabajadoras”, pero remarcó: “la conducción la tenemos nosotros; los empresarios tienen que tener la responsabilidad de aceptar que quien gobierna somos nosotros”. Quiere decir que el gobierno tiene en claro cuál es la mejor forma de poner en funcionamiento la economía, pero además posee las convicciones y la firmeza necesarias para llevarla adelante. Un hecho a valorar en su total dimensión, más aún por el marco sumamente complejo, que involucra, entre otras cosas, serias limitaciones presupuestarias y una erosión de la autonomía para ir detrás de los objetivos buscados, en gran parte producto de las políticas del anterior gobierno.
