Por Eduardo Fernández
Durante la semana pasada, el Gobierno nacional decidió abordar la crisis de Vicentin y anunció una intervención en pos de cuidar los puestos de más de dos mil empleados y las acreencias de 2.600 productores, entre ellos cooperativas y pequeños productores, a los que la empresa les adeuda grandes sumas de dinero. Se definió de esta manera priorizar el salvataje de la producción y no el de los accionistas que generaron la crisis en la firma.
El espíritu de esta decisión estratégica prioriza el interés nacional. Por un lado, es válido decir que el accionar gubernamental tiene una coherencia indiscutible. No sólo en el proceso de cuidar la producción y los empleos, sino también frente a uno de los mayores desafíos que se propuso el Presidente, que es el de la lucha contra el hambre.
Vicentin, que es una de las diez mayores exportadoras agropecuarias del país y factura más de 4 mil millones de dólares al año, tiene una participación en ese mercado que ronda el diez por ciento, por lo que si bien no modificará la lógica del mismo, puede convertirse en una empresa testigo clave para el desarrollo de políticas públicas.
En un contexto donde la lógica de los sectores concentrados de la economía fue y es el de seguir sacando provecho a cualquier costo; bajo la premisa de que “nadie se salva solo”, el Gobierno tomó la decisión de generar políticas tendientes a garantizar un desarrollo sustentable de la sociedad, con acceso a una alimentación segura basada en un proyecto solidario de país.
Cuidar nuestros recursos
La decisión de Alberto tiene un sentido de cuidado del ahorro de las argentinas y los argentinos, teniendo en cuenta que la deuda que tiene Vicentin con el Banco Nación supera los 18 mil millones de pesos, y a eso hay que sumarle lo que debe a otros bancos públicos y a los organismos recaudatorios estatales, con lo que el Estado se convierte en el mayor acreedor.
Asimismo, ante la posibilidad de que la firma sea transnacionalizada, con lo que eso implica en términos de soberanía alimentaria y económica, el Presidente subrayó la importancia de que una “una empresa argentina siga siendo argentina”.
“La firmeza en la decisión del Presidente es que el empresariado nacional sea un actor clave dentro de la economía. Queremos que el comercio exterior estén en manos nacionales”, expresó por su parte en diálogo con El Destape Radio el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Basterra, dejando en claro la posición del Gobierno.
Tal como lo expresé en distintos medios, con el sello de esta gestión, la expropiación será discutida con amplitud en el ámbito natural que la democracia ofrece para la toma de este tipo de decisiones: el Congreso de la Nación Argentina.
El apriete y el lobby que realizan distintos actores ligados al campo no tienen asidero en los legisladores que defendemos un proyecto inclusivo, solidario y soberano. Como diputado estoy comprometido con este programa y con esta idea de país, y mis decisiones no están sujetas a las presiones que ejerzan entidades de los sectores concentrados de la economía.
Por ello, como lo viene ejecutando el Presidente, estamos dispuestos a escuchar propuestas superadoras, siempre que se garanticen los principios que venimos sosteniendo desde el 10 de diciembre de 2019.
