Tiempo Argentino | Panorama Económico
La especulación frente al mercado cambiario. Cómo buscan trasladar a los precios la devaluación.
Por Carlos Heller
Las tensiones del mercado cambiario forman parte de un entramado complejo en el que se vislumbran con claridad las pretensiones de un sector minoritario de la sociedad que, por todos los medios, intenta recuperar los privilegios del pasado y los resortes fundamentales de las políticas públicas, hoy gestionadas por un gobierno que en los últimos diez años ha logrado avances importantes en el plano no sólo económico sino también político, social y cultural.
En este contexto, algunos sectores identificaron a la devaluación como una oportunidad inigualable para incrementar su participación en el reparto de la renta, en detrimento de quienes perciben ingresos fijos en pesos, como es el caso de los trabajadores. Esta postura se vio cristalizada a partir de la intención de algunos empresarios, que buscaron aprovecharse incrementando sus precios en una proporción semejante a la variación del dólar; un comportamiento que se refuerza en aquellos segmentos que son liderados por unas pocas empresas. El sesgo es aún mayor en los sectores con predominio del capital transnacional, ya que en un contexto de crisis de las economías centrales, las empresas buscan maximizar la remisión de divisas al exterior, en línea con los objetivos de las casas matrices.
Respecto de esto último, resulta ilustrativo un informe de la CEPAL donde se señala que "los beneficios que las empresas transnacionales obtienen de sus operaciones en América Latina y el Caribe se incrementaron 5,5 veces en nueve años, pasando de 20.425 millones de dólares en 2002 a 113.067 millones en 2011". La CEPAL pone en duda algunos de los mentados beneficios que otorgaría el capital foráneo, al sostener que "el crecimiento tan marcado de estas utilidades –también denominadas renta de IED–, tiende a neutralizar el efecto positivo que produce el ingreso de la inversión extranjera directa sobre la balanza de pagos". De hecho, presenta un dato categórico respecto del saldo que las transnacionales le dejan a la región, al sostener que "durante los últimos años los egresos registrados como renta de IED alcanzaron casi el mismo nivel (92%) que los ingresos como flujos de IED", lo cual significa que las utilidades prácticamente financiaron la totalidad de la inversión.
Con atención a la existencia de comportamientos oportunistas en materia de precios, el pasado miércoles el gobierno nacional recurrió al uso de algunos de los instrumentos legales que están a su alcance, como son las leyes de Lealtad Comercial y de Defensa de la Competencia, labrando 31 actas de infracción a empresas. Sobresale el caso de algunas del segmento electrónico, donde se constataron incrementos de entre el 15 y 20%, luego de la devaluación. La medida también alcanzó a supermercados en los que se comprobó falta de abastecimiento, o fallas en la exhibición de los precios, violando las condiciones del acuerdo de Precios Cuidados.
Este accionar enérgico de las autoridades fue la antesala del acuerdo al que se arribó con las empresas alimenticias y de insumos de uso difundido para que retrotrajeran los valores a los del 21 de enero, mientras que se autorizó un tope de suba del 7,5% en artículos de electrónica y electrodomésticos, respecto de los de finales de 2013.
De esta forma se busca contener el traslado automático e injustificado a precios de la devaluación, mientras se sigue analizando el funcionamiento de la cadena de valor de los distintos bienes, para monitorear el verdadero impacto en los costos de las empresas, tarea que sólo puede ser realizada por un Estado presente que vele por la defensa del interés general.
En sintonía con lo anterior, la férrea decisión del gobierno apunta, además, a evitar que se vea erosionada la política de tipo de cambio administrado, ya que el actual valor de convergencia, en torno a los 8 pesos, debería servir para incrementar la competitividad de las exportaciones y, en particular, para que las ventas retenidas comiencen a fluir, así como también para que los importadores disminuyan su propensión a adelantar los pagos. Todo esto ayudaría a reducir las presiones sobre las reservas del Banco Central.
A sabiendas de ello, no resulta casual que se trate de instalar la idea de que se precisarán devaluaciones adicionales. Por caso, un miembro de la Mesa de Enlace señaló que el dólar a $ 8 no es un "incentivo" para que los productores de granos liquiden sus cosechas y que "por ahora" los pequeños productores no venderán sus bienes al exterior. Por su parte, la agencia Moody´s señaló que el peso se devaluará en el año otro 50%, hasta los 12 pesos. Una simple cuenta nos permite ver que este número toma en consideración los valores del dólar ilegal, segmento que esta semana prácticamente no registró operaciones, pero que igual registró aumentos en su cotización; una situación que revela el profundo sentido desestabilizador que está en la base de su comportamiento y de quienes lo informan.
En este contexto, es preciso seguir profundizando las políticas públicas que minimicen los impactos en la puja distributiva y permitan resistir los avances de los que buscan sacar tajada de los episodios de incertidumbre. Si bien la existencia de un Estado presente es sin dudas una diferencia importante con relación a devaluaciones que se dieron en el pasado, también será necesario contar con la activa participación de la población, defendiendo las políticas que se llevan adelante, como señaló esta semana la presidenta Cristina Fernández.
LA PUJA EN CLAVE GLOBAL. Con las características de cada caso, las tensiones en torno a la distribución del ingreso también se observan a lo largo del amplio espectro de funcionamiento del capitalismo global. Los sucesos que se han venido registrando en los países desarrollados desde la crisis de las hipotecas constituyen un interesante laboratorio para visualizar que, en ausencia de Estados consustanciados con los intereses de las mayorías, los episodios de inestabilidad y crisis tienden en algún momento a redundar en una mayor inequidad en la distribución de los ingresos. Por caso, según un informe reciente de la organización Oxfam, en Estados Unidos se verificó que durante el período 2010-2012, posterior a la crisis financiera, el 1% más rico de la población acumuló el 95% del crecimiento, una cifra que supera con creces el ya escandaloso valor que promedió en el amplio período que va de 1993 a 2012 (68%).
Según Oxfam, la concentración de los recursos en pocas manos determina, a su vez, "la apropiación de los procesos políticos y democráticos por parte de las élites económicas", con efectos notables que afectan por igual a países ricos y pobres. A nivel prospectivo, las conclusiones del informe son importantes ya que allí se señala que "a menos que se adopten soluciones políticas valientes que pongan freno a la influencia de la riqueza en la política, los gobiernos trabajarán a favor de los intereses de los ricos, y las desigualdades políticas y económicas seguirán aumentando".
En este contexto, cabe resaltar lo ocurrido en la II Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) realizada en la Habana, donde Cuba culminó su presidencia pro témpore. La CELAC nuclea a 33 países de la región, y a diferencia de la OEA incorpora en su seno a Cuba, mientras que excluye a Estados Unidos y Canadá. El encuentro permitió reafirmar el convencimiento acerca de la necesidad de avanzar hacia la unidad y la integración, respetando la diversidad y el derecho soberano, promoviendo, tal como se plasma en la Declaración Final, "una visión de desarrollo integral e inclusivo, que garantice el desarrollo sostenible y productivo, en armonía con la naturaleza". También se hizo alusión a la necesidad de implementar políticas concretas para la erradicación del hambre y la pobreza. En materia de soberanía también se pueden extraer pasajes interesantes de ese documento, ya que se rechaza la inclusión de Cuba como Estado que promueve el terrorismo internacional, una clara señal de no alineamiento con Estados Unidos, a la vez que también se tomó partido explícito a favor de la postura argentina en torno a la cuestión de Malvinas.
En uno de los tramos se sostiene que, en atención a los litigios internacionales "se debe evaluar la posibilidad de que nuestra región se dote de mecanismos apropiados para la solución de controversias con inversores extranjeros", una postura valiosa que deberá trabajarse para comenzar a desatar los lazos que imponen tribunales como el CIADI, una institución que está en clara sintonía con los intereses de las empresas multinacionales. También se incluyó la propuesta argentina acerca de la necesidad de establecer políticas para "una regulación más estricta y efectiva de las grandes entidades financieras" y para "reducir la dependencia excesiva de las evaluaciones de las agencias calificadoras de riesgo".
En síntesis, un encuentro que nos remite a la necesidad de que los pueblos de Nuestra América sigan profundizando los lazos de hermandad e integración, poniendo en el centro de la escena el rol crucial que le cabe a las políticas públicas por sobre los mecanismos de mercado, como forma de conducir a la región hacia un sendero de desarrollo con igualdad social.
