Tiempo Argentino| Opinón
Por Carlos Heller
El embate para instalar las ideas económicas ortodoxas es cada vez más fuerte, y se observa en los distintos frentes. El título de la editorial de La Nación del domingo pasado, “Jubilados: cinismo e hipocresía”, contiene dos atributos que bien podrían aplicarse a la propia editorial. Expresa que “con la estatización, el gobierno nacional destruyó el sistema en vez de mejorarlo”. Nada dice de la duplicación de la cantidad de beneficiarios, que llegaron a más de 6 millones gracias a los planes de moratoria previsional –que incluyeron a quienes contaban con un promedio de 11 años de aportes previos—, que no hubieran sido ni siquiera imaginables con el anterior sistema que añora el diario mitrista. O que la cobertura supera el 93% de la población en edad de jubilarse, o que el haber mínimo es el 77,7% del salario mínimo vital y móvil.
Para criticar al actual sistema sólo presenta una serie de refutables pronósticos de largo plazo, una elevada nostalgia de las AFJP, o críticas a las actuales inversiones en activos físicos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Tampoco explica a los beneficiarios que se jubilaron meses antes de la transformación del sistema por qué vieron reducido su fondo (y sus pagos futuros) en más del 10% debido a la crisis internacional, y que, aunque hubiera continuado el sistema de AFJP, jamás lo hubiesen recuperado. La idea es clara, que cada uno se las arregle solo, aún con los vaivenes de las distintas crisis que pudieran sobrevenir.
Al recorrer las páginas que abonan las teorías del libre mercado, encontramos en El Cronista (15/09/15) a un columnista preocupado porque “la mala imagen de los empresarios y el rechazo de la opinión pública a la economía de mercado son el peor de los ‘cepos’ que dejan los más de 12 años de relato kirchnerista”. El columnista felicita la elección de Adrián Kaufmann Brea al frente de la UIA, considerando una gran cualidad del mismo su formación en las Ciencias de la Comunicación, que le servirá, espera el cronista, para “moderar el endiosamiento del estatismo en la opinión pública” y la baja opinión que posee la economía de mercado en nuestro país.
No cabe duda que los positivos avances de los gobiernos de Néstor y Cristina a favor de un Estado soberano, los buenos resultados del sistema previsional, o los de la reestatización de Aerolíneas e YPF, que se miden por hechos concretos más que por un relato, han incidido en el favor popular hacia un Estado activo. Pero también hay que reconocer que la voluntad popular en contra del libremercado ha sido forjada por las conductas y los resultados derivados de las privatizaciones y la desregulación de la economía, un tema que callan los vehementes conservadores.
La batalla cultural también se ha expresado en la reedición de la Cumbre Financiera Argentina realizada por la revista LatinFinance, probablemente surgida desde las expectativas que poseen los inversores de un futuro endeudamiento del país y de sus empresas, a partir del advenimiento del nuevo gobierno. En uno de esos eventos participó Gustavo Marangoni, presidente del Banco Provincia, quien se manifestó a favor de la continuidad de la regulación bancaria y de la Línea de Crédito para la Inversión Productiva (LCIP), por la cual los bancos están obligados a prestarle un porcentaje de sus depósitos a las pymes a una tasa regulada. En las antípodas estuvo Rogelio Frigerio, presidente del Banco Ciudad, quien objetó la “hiperregulación”, por haber dado magros resultados. Parece que para Frigerio que los préstamos a pymes hayan crecido el 227% desde la aplicación de la LCIP, mientras los préstamos a grandes empresas se incrementaron un 91% en el mismo lapso, no resulta notorio. Frigerio también insistió en que el principal objetivo del BCRA es “defender el valor de la moneda”, lo que puede interpretarse como una vuelta a la Carta Orgánica menemista, gobierno del cual él formó parte. Mientras que el presidente de la Asociación de Bancos de Argentina (que nuclea a los bancos extranjeros), Claudio Cesario, sostuvo que “los subsidios no deben ser pagados por los accionistas de los bancos”, en relación a la LCIP, un enfoque erróneo, pues Cesario no considera que los préstamos a las pymes determinados por el cumplimiento a la LCIP generan ingresos adicionales a los bancos a partir de la vinculación de esas pequeñas y medianas empresas. De allí que sus dichos son eminente ideológicos, sustentando los postulados de AEA, que reclaman “el derecho de propiedad de las empresas sobre su patrimonio y sus ganancias”.
Las recientes revelaciones de la saga con los fondos buitre dejan en evidencia la falta de responsabilidad de aquellos que plantean que hay que hacerle caso a Griesa sin importar los costos, y con la sola intención de volver al modelo de negocios de los años noventa. En concreto, el juez acaba de volver a ser reprendido por la Corte de Apelaciones de Nueva York, por incluir en un reclamo por unos 68 millones de euros a tenedores de bonos que no podían justificar una continuidad en la tenencia de los bonos en default. Se trata de la cuarta vez, según expresó el juez de la Cámara, Richard Wesley, que se revisan y rechazan los métodos de cálculo de Griesa, a lo cual hay que sumarle el rechazo al embargo de activos del BCRA.
Las apetencias descabelladas de los buitres generan diversos espacios para hacer valer su habilidad de chantajear. Los mecanismos resultan de lo más diversos, a tal punto que el gobierno acaba de denunciar por defraudación ante la justicia federal a la quebrada Marsans, al fondo buitre Burford Capital y a un estudio de abogados local, por haber acordado la venta –incluso con procedimientos irregulares— del juicio en el CIADI que la quebrada empresa llevaba adelante por la expropiación de Aerolíneas y Austral (2008). Los ex directivos españoles de Aerolíneas –condenados en España por delitos financieros de diverso tipo— fueron los encargados de vaciar y endeudar a las aerolíneas, motivando el reclamo judicial del gobierno argentino. La realidad refuta una vez más al Macri que sostiene “que Aerolíneas Argentinas sea pública o privada no le va a cambiar la vida a la gente”.
Un Mauricio Macri que lanzó –en medio del Usinagate— tres ejes de su campaña, uno de los cuales es alcanzar “Pobreza cero” en nuestro país, lo que resulta imposible a partir de las políticas neoliberales que desea encarar. La aplicación de esas recetas en nuestro país, como en otras naciones, ha evidenciado un aumento en la pobreza y un empeoramiento de las condiciones sociales de los trabajadores y de vastos sectores de la ciudadanía. Al ser imposible lograr el objetivo (pobreza cero) con sus eventuales políticas macroeconómicas, habría que considerar, con total naturalidad, que Macri miente.
En resumen, la genuina opinión popular a favor de un Estado activo y soberano se ha fortalecido esta semana por los anuncios de Cristina Fernández de los proyectos de Ley de actores y de Promoción de las Juventudes, y la presentación del Presupuesto 2016 siguiendo la misma línea de los anteriores.
Las propuestas del macrismo son enunciaciones de generalidades, sin definir medidas concretas que desnudarían su sesgo antipopular. De allí que la mejor forma de prepararse para seguir ganando la batalla de ideas es continuar fortaleciendo las políticas concretas que asegurarán la profundización del proyecto iniciado en 2003. «
Artículo publicado en el diario Tiempo Argentino el domingo 20 de Septiembre de 2015.
