Tiempo Argentino | Opinión
Por Carlos Heller
La recesión se agudiza. El Indec publicó el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) para el primer trimestre de este año, que mostró caídas del 3% frente al trimestre previo y un 5,3% interanual. La comparación con el mismo período de años anteriores ubica al de 2024 en niveles muy similares al de 2019.
Los datos conocidos dos semanas atrás, tanto de la industria como de la construcción —que en el trimestre cayeron interanualmente un 14,8% y un 30,3%, respectivamente—, anticipaban que la merma sería importante.
Una estadística que refleja la fuerte caída del consumo son las ventas en términos reales en supermercados y autoservicios mayoristas de marzo de 2024, que bajaron un 9,6% interanual y un 0,2% mensual, sin estacionalidad. Son los peores valores desde que se elaboran las series (enero de 2017). El dato de marzo se muestra un 10,4% por debajo de noviembre 2023, antes de que asumiera la actual gestión.
La recesión, además de propiciar una desaceleración de la inflación, generó una gran caída de las importaciones, que se situaron en abril en el menor nivel desde hace 3 años. En tanto, las exportaciones suben, pero lo hacen por la comparación con un 2023 de sequía. También por las mayores ventas externas de combustibles, un factor que está relacionado con un menor consumo interno. En este marco, el saldo del comercio acumulado en el primer cuatrimestre fue de 6157 millones de dólares, un superávit que no es virtuoso ya que se sustenta en el ajuste.
Desde el gobierno se ha señalado que la actividad económica alcanzó su punto “más bajo”, según afirmó el vocero presidencial. Una expresión inverificable ya que los últimos datos del EMAE llegan a marzo, el consumo se desploma y no hay indicadores de nuevas inversiones. De todas formas en algún momento la economía dejará de caer. Lo relevante pasa, no obstante, por los plazos de la recuperación de lo perdido, si es que ello ocurre. A su vez, y como vengo sosteniendo, pensando en el mediano y largo plazo es muy posible que, de acuerdo con los lineamientos estratégicos de este gobierno, si hay una recuperación del producto bruto ésta sea motorizada por inversiones en sectores como el de la minería y el litio, que no tienen grandes encadenamientos con la industria y el mercado interno.
Un modelo de este tipo generaría muy poco empleo y de exigua calidad, en consonancia con un ensanchamiento de la brecha distributiva y con un deterioro creciente del salario de los trabajadores y las trabajadoras y del ingreso de los jubilados y las jubiladas.
En materia productiva, hay que imaginar que las empresas de los distintos sectores que se vienen contrayendo y enfrentan una menor demanda indudablemente primero suspenderán trabajadores y luego los despedirán. Y cuando eso ocurre, además del padecimiento personal, se achica nuevamente el consumo, y ese ajuste permanente se retroalimenta en todos los planos, incluyendo el de la recaudación, que cae cuando lo hace la actividad económica y obliga al gobierno a hacer más ajustes para alcanzar superávits fiscales.
Conflicto social y política
Las fuertes protestas en Misiones de docentes públicos, policías y trabajadores de la sanidad, que nadie podría considerar como parte de una “casta”, no constituyen anormalidad alguna. Son básicamente el resultado de que los ingresos no alcanzan para comprar los bienes y servicios más esenciales.
Si la Nación no le transfiere recursos a las provincias, y si éstas no pueden pagarle a los empleados públicos, entonces no hay forma de evitar el descontento social. No sería extraño que estas postales se repitan en otras jurisdicciones, mientras el gobierno continúe con la motosierra y la licuadora como herramientas de políticas públicas.
En su exposición en el Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), Javier Milei valoró el “trabajo enorme” de algunos de los funcionarios de su gobierno, cuando en rigor no es ningún mérito alcanzar superávit fiscal recortando deliberadamente el gasto, demorando pagos y poniendo a la economía en una gran recesión. Lo “enorme” no es el esfuerzo de los funcionarios, sino el padecimiento de la ciudadanía.
En este marco, en la sesión del pasado martes en la Cámara de Diputados se alcanzó un acuerdo en plenario entre distintos bloques, entre los que está el de Unión por la Patria (UxP), al cual pertenezco, para que se trate en reunión conjunta de las comisiones de Educación y de Presupuesto y Hacienda, la actualización del presupuesto universitario y la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), vital para mejorar el salario de los docentes. El oficialismo venía dilatando el tratamiento de estos temas. En la sesión se consiguieron 152 votos, y con una postura cohesionada se conminó a que se reúnan las comisiones y a que tengan que emitir dictamen.
La primera de esas reuniones tuvo lugar el último jueves, y en ella se produjeron cuatro dictámenes. El de UxP fue el de mayoría con 34 firmas. El de la UCR, acompañado por Hacemos Coalición Federal, la Coalición Cívica e Innovación Federal, reunió 21 firmas. Este último propone la actualización de las partidas para los gastos de funcionamiento de las universidades y los hospitales universitarios según la inflación anual 2023, incluyendo la actualización presupuestaria a partir del 1 de enero de 2024 y de forma bimestral, de las partidas para estos rubros por el IPC informado por el Indec. El dictamen de UxP toma estos puntos pero agrega otros: la actualización presupuestaria para ciencia y técnica, desarrollo de proyectos especiales, desarrollo de institutos tecnológicos y extensión universitaria; el restablecimiento de todas las obras de infraestructura en ejecución; la actualización de los salarios docentes y no docentes; y el aumento de la cantidad y monto de las becas universitarias.
Por otro lado, los debates sobre los proyectos de la Ley Bases y la Reforma Fiscal se postergaron en el Senado sin fecha. Fue consecuencia de que el oficialismo no consiguió los votos necesarios para emitir los dictámenes.
La reacción del presidente dirigida al Parlamento no tardó en llegar: “yo les aviso, por si les interesa, que cualquier proyecto que manden desde el Congreso que quiera romper la caja y hacer volar a este país por los aires se los voy a vetar”. El Ejecutivo tiene el poder de veto entre sus potestades, y si lo utiliza el proyecto vuelve al Parlamento, que debe conseguir mayorías especiales para que sea ley. La cuestión de fondo, sin embargo, radica en la actitud del presidente, que reniega del Congreso —una institución que es central dentro del funcionamiento del sistema democrático— cuando éste va en contra de sus políticas.
Nadie pretende hacer volar el país “por los aires”. De hecho fue el propio Presidente quien señaló en un pasaje de su discurso que “en la desesperación, se nos fue un poco la mano con el ajuste”, ya que apuntaban a recortar el equivalente de 5 puntos del PBI y terminaron siendo 7. Es urgente que se destinen los recursos necesarios para alivianar los efectos sobre las distintas jurisdicciones y los sectores más afectados de la sociedad.
La pérdida de derechos, la destrucción del empleo y del mercado interno no son inevitables. El rechazo a todas estas políticas debe trascender las reivindicaciones puntuales e involucrar al conjunto de la ciudadanía, que está en riesgo ya que nadie se salva solo.
