Tiempo Argentino | Opinión
Por Carlos Heller
El mes de diciembre suele ser un periodo de reflexión y balance en todos los ámbitos. Este año, en particular, quedará en la historia por su excepcionalidad. La inesperada pandemia producida por el Covid-19 tuvo efectos nunca vistos en todo el mundo. En la Argentina, el virus irrumpió luego de cuatro años de una gestión que dejó al país en situación de emergencias generalizadas: con una deuda externa imposible de afrontar, una economía en recesión, elevado desempleo, caída real de la recaudación fiscal y del poder adquisitivo de la mayoría de la población, entre otras.
El actual Gobierno debió hacerle frente a esta dura herencia, más el drama de la pandemia. El esfuerzo fue significativo, en especial por las limitaciones fiscales heredadas. El costo fiscal directo del paquete de ayuda a hogares y empresas ha llegado al 4,9% del PIB, un coeficiente que está por arriba del 3,1% de los países emergentes. Grandes números que tienen su correlato en las herramientas concretas de gestión.
Por caso, dentro de los programas aplicados se destacaron el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), el bono extraordinario de $ 10.000 que alcanzó a casi 9 millones de familias, el refuerzo de la Tarjeta Alimentar y el de la Asignación Universal por Hijo (AUH). Así se redujo significativamente el impacto en términos de pobreza e indigencia.
Otra medida de gran ayuda fue la moratoria impositiva. Según señaló recientemente Mercedes Marcó del Pont, titular de la AFIP, las obligaciones ingresadas en la moratoria alcanzaron al 72% del monto total de la deuda con el organismo, así como indicó que el 20% de las empresas que se acogieron son del sector industrial.
En cuanto a la octava edición del ATP (Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción), se informó que 33.873 empresas accedieron en lo que va de diciembre al pago del salario complementario correspondiente al mes anterior. Alcanza a un universo de 536 mil trabajadores y los recursos destinados superan los $ 10 mil millones.
El ATP, junto con las reducciones o la postergación de las contribuciones patronales, continuará sólo para las empresas de sectores aún afectados en forma crítica por las medidas sanitarias. No obstante, a los sectores considerados no críticos que sigan requiriendo asistencia se les otorgará crédito a tasa subsidiada para el pago de los salarios con 3 meses de gracia y 12 cuotas.
Por su parte, uno de los sectores más perjudicados por las medidas de aislamiento social, el turismo, se vio beneficiado por el programa pre-viaje, que otorga una devolución del 50% de lo gastado a los turistas que lo inviertan en destinos nacionales durante la temporada de verano.
El Potenciar Trabajo para promover la inclusión socio-productiva se encuentra también en plena expansión. El programa está destinado a personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad económica y social. Otorga a los beneficiarios la mitad del SMVM (aproximadamente $ 10.300), a cambio de su participación en proyectos socio-productivos, socio-laborales y/o socio-comunitarios.
En definitiva, ahora de forma más focalizada, el Gobierno nacional continúa con una batería de políticas públicas para contrarrestar los daños de la pandemia. Medidas que resultan de suma importancia para la reactivación de la economía y para reconstruir el círculo virtuoso de más trabajo, más ingresos, mayor demanda interna y recaudación. En lo inmediato son políticas que requieren de un gran esfuerzo fiscal en el marco de fuertes restricciones presupuestarias.
Sin embargo, no faltan ciertos empresarios que presionan para intentar reducir al máximo su carga impositiva mientras reclaman mayores subsidios y beneficios para su sector. Uno de los argumentos que se utilizó en el año para incidir en la agenda del Gobierno fue el de un supuesto “éxodo de empresas”, debido a que en el país “no te dejan producir”. Tiempo atrás comenté en esta columna que la “salida” generalizada de empresas fue en realidad una ola de cierres y quiebras a raíz de las políticas aplicadas entre 2016 y 2019. La postal más concluyente de las consecuencias de un modelo que prometía “lluvia de inversiones” y generó todo lo contrario.
Al respecto, resulta interesante hacer una breve síntesis de un reciente informe de la CEPAL sobre Inversión Externa Directa (IED) en la región. Según el organismo, las entradas de IED en Argentina durante 2019 totalizaron 6.663 millones de dólares, lo que representó un 43,9% menos que en 2018. Una dinámica que estuvo en línea con la poca significación que tuvieron las inversiones en la economía real durante la gestión de Macri. La idea sobre las políticas de reducción impositiva y de desregulación del ambiente de negocios que generan más inversiones quedó otra vez refutada por los hechos.
En cuanto a lo ocurrido en 2020, pandemia de por medio, los flujos de IED cayeron en Argentina un 35,4% en el primer semestre respecto del mismo periodo del año anterior, en Brasil un 44,6%, en Perú 72,4%, Colombia 49,7% y en Chile 32,5%. Otra cuestión destacable de este documento de la CEPAL es que “a diferencia de lo que ocurrió en 2019, entre enero y septiembre de 2020, la Argentina fue uno de los pocos países en el que el monto de los anuncios de nuevos proyectos no disminuyó (lo que significa mayor IED en el corto y mediano plazo); por el contrario, creció un 7% interanual”. Una información que derrumba la idea del “éxodo de empresas”, aunque cabe señalar que dichas inversiones deben evaluarse según la conveniencia de su irrupción en determinados rubros, así como la necesaria regulación que éstas requieren.
A pesar de las adversidades a las que se debió hacer frente, los indicadores empiezan a dar señales alentadoras de recuperación económica. De cara a 2021 se refuerzan las esperanzas de la mano de un Poder Ejecutivo que mostró gestión todo el tiempo.
También cabe destacar la presencia de un Parlamento activo, legislando para morigerar los impactos de la pandemia a partir de los proyectos propios y los enviados por el Poder Ejecutivo. Destacan la sanción de leyes para la ampliación de la moratoria, de beneficios especiales para el personal de la salud y otros sectores, para la restauración de la sostenibilidad de la deuda pública en títulos emitidos bajo ley argentina, de defensa de los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), la ampliación del Presupuesto 2020 y la posterior sanción del Presupuesto Nacional 2021, el Aporte Solidario y Extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia y otras tantas. En este último tramo, se está finalizando la definición de una
fórmula de movilidad jubilatoria, muy similar (incluso mejorada) a la que se utilizó entre 2009 y 2017, que generó un crecimiento del poder adquisitivo del 25,8% en el período. Una nueva fórmula que tiene la potencialidad de aumentar el poder adquisitivo de las jubilaciones, y de las asignaciones que se actualizan con ésta, como la AUH, entre otras. Y quiero mencionar especialmente la media sanción en Diputados, esta semana, del proyecto de “Ley de Regulación del Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo y a la Atención Postaborto”, y del proyecto de “Ley Nacional de Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia” (más conocido como “de los Mil Días”).
Estos dos últimos ejemplos, junto con el resto de leyes sancionadas y disposiciones del Ejecutivo, refuerzan el sendero para garantizar y seguir ampliando el universo de derechos y de bienestar de los argentinos y las argentinas, además de ir sentando las bases para la recuperación pospandemia.
Nota publicada en Tiempo Argentino el 13/12/2020
