Ámbito Financiero | Opinión
Por Carlos Heller
El domingo se conocieron anuncios importantes para hacerle frente a la aceleración de la suba de precios, que responde principalmente a la puja distributiva, aunque también es crucial reducir la incertidumbre y la especulación. El objetivo declarado de un nuevo rol del Mercado Central en este aspecto es claro: incrementar la oferta de productos ante el abuso de las empresas por posición dominante. Se trata de reducir el precio efectivo de venta al público de productos frescos (frutas, verduras, hortalizas, carnes) y productos secos no perecederos (alimentos de primera necesidad). Para ello, el Mercado Central podrá asumir el rol de importador directo de determinados alimentos.
Adicionalmente, se informó la conformación de la Unidad de Seguimiento, Trazabilidad y Promoción de las Operaciones de Comercio. Sin dudas es un anuncio muy importante, dado que es decisivo saber qué es lo que ocurre en la cadena de valor (es decir, estudiar la trazabilidad), analizar la correcta tributación, y ver dónde están las distorsiones, para intentar contrarrestar los efectos de las posiciones dominantes.
Además, este anuncio se orienta en el espíritu de las leyes de Regulación de las Relaciones de Producción y Consumo y el Observatorio de Precios y Sistema de Resolución de Conflictos en Relaciones de Consumo, normas votadas en 2014 que no llegaron a tener plena vigencia. La medida se enfoca en el dato que entregó la Vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, de unas 20 empresas que manejan el 74% de la facturación de las compras en la góndola.
La Unidad estará integrada por las secretarías de Comercio, de Producción y de Agricultura del Ministerio de Economía, la AFIP, el BCRA, la Superintendencia de Seguros, la CNV y la UIF.
Respecto de las MiPyMEs, por un lado se anunciaron facilidades para cancelar obligaciones vencidas al 30 de abril, beneficiándose a 626.121 contribuyentes. Por otra parte, para los planes de pago vigentes con tasa Badlar se estableció un período de espera para la aplicación del reajuste de tasa. Las cuotas se reducirían entre el 45% y el 55%, una medida muy reclamada por las pequeñas empresas.
En un marco de fuerte restricción externa, se avanzará con cambios en el acuerdo con el FMI y en la consolidación de los convenios con Brasil y con China para utilizar monedas que no sean dólares para el intercambio comercial. Con esos dos países se cubre algo más del 40% de nuestras importaciones, por lo que sacar el dólar de esos intercambios tendría un alivio considerable en la administración de las Reservas Internacionales.
A su vez, el BCRA dispuso el lunes elevar en 6 puntos porcentuales la tasa de política monetaria al 97% (155% en términos efectivos anuales, TEA), mismo nivel que para la tasa de interés mínima garantizada sobre los plazos fijos de personas humanas a 30 días hasta $30 millones. El objetivo, según se señala en el comunicado del BCRA, es “propender hacia retornos reales positivos sobre las inversiones en moneda local y actuar de manera inmediata para evitar que la volatilidad financiera actúe como motor de las expectativas de inflación”. En este marco, las autoridades anunciaron que el BCRA aumentará la intervención en el mercado de cambios y continuará administrando el ritmo de devaluación del dólar oficial.
Otro aspecto a tener en cuenta es que la tasa de la Línea de Financiamiento para la Inversión Productiva sube 1.5 puntos porcentuales, significativamente menos que la tasa de los plazos fijos, con la finalidad de que no se vea dañada la financiación para la inversión y la producción de las MiPyMEs.
Por el lado del fomento al consumo, se reduce 9 puntos la tasa de interés del Ahora 12 (que se aplica exclusivamente a los consumos de productos de origen nacional) a la vez que se incrementarán los reintegros a sectores vulnerables por consumos con tarjeta de débitos.
Las medidas anunciadas el domingo (otras se anunciarán en la semana) apuntan a desacelerar la inflación y mejorar la oferta y la demanda sin caer en el ajuste que piden ciertos sectores, tanto políticos como empresariales. En un contexto de fuerte puja distributiva, se busca identificar y corregir las distorsiones que se dan en el proceso de formación de precios, atender el frente macroeconómico (en un contexto de inédita sequía), minimizando los impactos en el nivel de actividad y de consumo.
