Tras varios meses de trabajo y en la que fue su última reunión, los diez integrantes de la Comisión Bicameral Investigadora de Instrumentos Bancarios y Financieros destinados a facilitar la evasión de tributos y la consecuente salida de divisas del país presidida por el diputado Roberto Feletti (Frente para la Victoria) presentaron sus conclusiones, que se formalizarán en un informe que será elevado a las presidencias de ambas cámaras.
Uno de los más activos participantes de la comisión, el diputado nacional Carlos Heller (Partido Solidario) propuso la continuidad de la tarea de la Comisión Bicameral Investigadora. “Quedan aún muchos actores por entrevistar de la larga lista de los casos denunciados por Hervé Falciani respecto a residentes argentinos. También resulta conveniente recibir mayores aportes de los representantes de las entidades reguladoras y de especialistas en el tema. El propio informe de la comisión es claro respecto a la complejidad de las cuestiones abordadas y los desafíos pendientes”, explicó en el escrito presentado.
A su vez, el presidente de la Comisión de Finanzas planteó la necesidad de sancionar “una nueva Ley de Servicios Financieros en reemplazo de la actual Ley de Entidades Financieras del año 1977”. “Estamos ante la imperiosa necesidad de una Ley de Servicios Financieros que derogue la actual Ley 21.526 y proponga un sistema financiero con mayor regulación, en beneficio de los usuarios de estos servicios. Los temas tratados en la Comisión han dejado bien en claro que los bancos de alcance internacional utilizan todo resquicio que puedan encontrar en las leyes y normativas para proveer a sus clientes de operaciones que les permitan el lavado de dinero proveniente de la evasión impositiva y otras conductas ilícitas. De allí que su regulación debe ser estricta”, detalló Heller. “En Argentina tenemos una Ley de Entidades Financieras, elaborada en 1977 en pleno período de dictadura cívico militar, que establece que «los bancos comerciales podrán realizar todas las operaciones activas, pasivas y de servicios que no les sean prohibidas». Una definición que se da de bruces con todo lo investigado por esta comisión y los hechos y procedimientos que se han detectado y analizado para facilitar la evasión de tributos y la consecuente salida de divisas del país”, completó.
Entre sus recomendaciones, Heller señaló que son precisos una “restricción a las operaciones de las agencias y casas de cambio” y “limitar la «Private Banking» o «Banca en Secreto». Sobre este último punto, el legislador propuso “una declaración de la HDCN para limitar la «Banca en Secreto»”, utilizando la información recogida en la Bicameral en cuanto a “las implicancias negativas que las operaciones de Erosión de la base imponible y el traslado de beneficios (BEPS) generan en los ingresos fiscales de las naciones y a otras transacciones delictivas orientadas al lavado de dinero”. Asimismo, sostuvo que “resulta necesario instar al gobierno de nuestro país a continuar con su accionar en los foros internacionales para la promoción de regulaciones a nivel internacional (y de cada nación en particular) destinadas a eliminar la «banca en secreto» como opera actualmente, y que la banca orientada a clientes de alto nivel de riqueza se preste con normas transparentes y un fuerte control en los países de origen y a partir de normas internacionales que la monitoreen”.
En el documento mencionado, Heller puntualizó además que resulta oportuna la “eliminación o aguda limitación de las guaridas fiscales”. En ese sentido, propuso “una declaración de la HCDN que detalle el rol de las guaridas fiscales como plataformas que fomentan la erosión de las bases imponibles de gran cantidad de países”, dejando en claro que se manejan además con altos niveles de opacidad en la información de los clientes bancarios y facilitan la comisión de todo tipo de ilícitos, entre ellos el lavado de dinero proveniente de la evasión fiscal, el narcotráfico, el comercio de armas y la financiación del terrorismo.
Finalmente, el diputado por la Ciudad de Buenos Aires también planteó que hay que trabajar en iniciativas parlamentarias que tiendan a la “protección para los denunciantes, en especial sobre las prácticas bancarias vinculadas con lavado de activos”. “La acción de los denunciantes internos es esencial para descubrir muchos de los hechos delictivos que estamos tratando. Éstos juegan un rol esencial para exponer la corrupción, el fraude, el desmanejo y otros crímenes contra la seguridad pública y la integridad financiera, entre otras cuestiones. Por su condición, los denunciantes están expuestos a represalias de todo tipo, de las cuales se los debe proteger, independientemente de la continuación de sus causas en el caso que sean ellos mismos los implicados en los casos que denuncian, o por el robo de información confidencial”, detalló Heller.
