“La presidenta Cristina Fernández, en el discurso de apertura de las sesiones de este año, nos trajo esta propuesta que hoy estamos tratando, que parte de la idea central de que el Estado puede gestionar de una manera más eficiente que los privados un recurso vital para el desarrollo del país”, sostuvo esta tarde Carlos Heller, presidente del Bloque Frente Nuevo Encuentro, durante el debate en el recinto del proyecto de ley de estatización de los ferrocarriles.
“Éste es un tema clave, porque todo lo que pasó en la Argentina de los ´90 se construyó sobre el trabajo ideológico de instalación previa de que la eficiencia era sinónimo de la actividad privada y que lo público era sinónimo de ineficiencia, y en ese marco se crearon las condiciones para llevar adelante todo el proceso de desguace del Estado y de privatización de todas las empresas del sector público”, dijo el legislador, y en ese mismo sentido agregó: “Los que tienen ese pensamiento son aquellos que creen que la eficiencia se mide por el último renglón del balance, es decir, cuánto ganan las empresas, porque las conciben siempre desde el punto de vista del lucro y no entienden que hay una cuestión más trascendente, que es el fin social que cumplen. Cuando uno habla de la eficiencia de una empresa de servicios públicos, lo primero que tiene que ver es si cumple adecuada y eficazmente su labor”.
Heller, referente nacional del movimiento cooperativo, hizo una mención explícita a la posición histórica de ese sector “sobre los temas de la propiedad pública y sobre la gestión de las empresas públicas”. En esa línea, reseñó una serie de documentos, que comenzaron en el año 2001 y tuvieron sucesivas ediciones en 2002, 2003, 2005 y 2008 y que se denominaron «La propuesta cooperativa para refundar la Nación». “El Estado debe ser el constructor de la infraestructura material del país para el crecimiento económico y el desarrollo social. Debe también favorecer la inversión reproductiva e implementar planes sociales de viviendas, de fuerte efecto multiplicador”, leyó Heller, y continuó: “Las distintas modalidades de prestación de los servicios públicos impactan sobre todo el sistema económico y directamente sobre el nivel de vida del pueblo, y debe ser éste quien decida, a través de la representación de los trabajadores y usuarios, las políticas de estas empresas, por ello propiciamos que toda las empresas de servicios públicos deberán organizarse bajo la forma de empresas de propiedad pública o de formas solidarias”.
“Las empresas de propiedad pública son aquellas cuyos activos pertenecen al conjunto de la comunidad y cuyo representante jurídico es el Estado nacional, el Estado provincial o el municipio. La gestión de las empresas de propiedad pública deberá ser tripartita, formada por representantes del Estado, de los trabajadores de la empresa y de organizaciones sociales representativas de los sectores involucrados en la actividad. Por ejemplo, organizaciones de usuarios, consumidores, productores y proveedores”, siguió citando Heller.
“El dictamen de la mayoría que vamos a acompañar, que ya en su artículo primero declara de interés público nacional la política de reactivación de los ferrocarriles de pasajeros y de cargas, es importante porque cuando se habla de interés público nacional se está diciendo que el interés del conjunto de la sociedad prima sobre el interés particular sobre el afán de lucro, sobre el objeto mercantil de la actividad económica que no debería tenerse en el caso de la prestación de servicios esenciales, de servicios públicos”, sostuvo el diputado sobre el final de su intervención.
“Seguramente el proyecto que estamos tratando pueda ser perfectible, pero sin duda estamos dando un paso de enorme trascendencia y tenemos que pensar que podremos seguir avanzando en estas cuestiones en la medida que las relaciones de fuerza nos permitan imponer cambios de mayor profundidad”, puntualizó.
Finalmente, Heller destacó como positiva “la incorporación en el proyecto, según el debate que se dio en las comisiones, de la representación de los usuarios” y sostuvo que hay que avanzar más en esa línea “porque en el proyecto que vamos a aprobar se habla de la representación de los usuarios designada por el Ministerio de Transporte y deberíamos en el tiempo formalizar y fomentar que los usuarios se agrupen en sociedades de interés común para mejorar el servicio y para detectar sus principales falencias. Estamos comenzando un largo camino que tiene que recorrer la sociedad, como usuarios tanto de servicios ferroviarios como de otros servicios públicos, pero desde el ámbito legislativo estamos desbrozando el camino para ir empoderando a la sociedad en una cuestión fundamental”.
