Tiempo Argentino | Opinión
Por Carlos Heller
Se acaba de conocer el dato de actividad económica para nuestro país del mes de enero 2021: +1,9% con respecto al mes anterior. De esta manera, constituye el noveno mes consecutivo de crecimiento mensual, luego de los momentos más álgidos de aislamiento social en abril y mayo de 2020. Los sectores de la construcción, industria e intermediación financiera fueron los que mejor desempeño tuvieron, mientras que los servicios de hotelería, restaurantes, servicios personales y comunicación y transporte continúan registrando caídas, algo esperable dada la situación pandémica aún vigente.
En un reciente informe sobre Latinoamérica y el Caribe, el Banco Mundial proyecta un crecimiento del 6,4% para Argentina en 2021, 1,5 puntos porcentuales más que en su informe anterior. Uno de los mejores desempeños de la región. Para Brasil, el organismo estima un 3% de crecimiento, Chile un 5,5% y México un 4,5 por ciento.
Del informe publicado por el Banco Mundial vale la pena mencionar algunos datos que no tuvieron repercusión en los medios. Uno de los apartados, titulado “Transformación estructural”, señala que luego del “shock” que generó la pandemia en las economías no se volverá al equilibrio previo sino a una situación estructuralmente distinta. “En el corto plazo, la pandemia llevó a un colapso del turismo, y varios sectores de servicios personales, al tiempo que los de tecnología de la información, logística y finanzas experimentaron un boom”, relata el Banco Mundial.
En este caso, pone como ejemplo a la Argentina, donde el PBI decreció en 56 mil millones de dólares en 2020 (según sus cálculos), al tiempo que las tres mayores empresas de tecnología –Mercado Libre, Globant y Despegar– incrementaron su patrimonio en un monto mayor: 66 mil millones de dólares. Sin embargo, agrega, “estas ganancias y pérdidas fueron distribuidas de manera profundamente desigual entre la población, en donde la mayor parte de las ganancias se mantuvieron por fuera del sistema tributario local”. Algo que no es una novedad. El problema de la evasión impositiva y la erosión de la base imponible por el traslado de beneficios al exterior es un fenómeno mundial, pero se exacerba en épocas de crisis en las que la gran mayoría de la población necesita de un Estado activo y este a su vez requiere mayores ingresos fiscales para satisfacer estas necesidades.
Es por ello que las iniciativas tendientes a gravar a las grandes fortunas, es decir, a aquellos sectores cuya capacidad contributiva es mucho mayor que la del resto de la población, permiten mejorar la calidad de vida de muchos, afectando mínimamente a unos pocos.
En la reciente edición del Monitor fiscal del FMI, se sostiene que “las respuestas de política económica deben reconocer los distintos aspectos de la desigualdad (ingreso, riqueza, oportunidades) que se refuerzan mutuamente y crean un círculo vicioso. Así pues, las intervenciones deben combinar políticas predistributivas (que afectan a los ingresos antes de impuestos y transferencias) y políticas redistributivas (que reducen la desigualdad de ingresos del mercado…)”.
Para el FMI, estas políticas implican: "invertir más y mejor en educación, sanidad y desarrollo de la primera infancia; fortalecer las redes de protección social mediante la ampliación de la cobertura de los hogares más vulnerables; mejorar la adecuación de las prestaciones; y reunir los ingresos necesarios". Sobre el último punto, afirma que "las economías avanzadas pueden incrementar la progresividad de la tributación del ingreso y aumentar el recurso a impuestos sobre sucesiones/donaciones y la tributación inmobiliaria. También pueden considerarse contribuciones para la recuperación de la Covid-19 e impuestos sobre beneficios empresariales 'excesivos'. Pueden plantearse también impuestos sobre el patrimonio si las medidas anteriores no son suficientes". A lo anterior, añaden: "Las economías de mercados emergentes y en desarrollo deben centrarse en fortalecer la capacidad tributaria para financiar más gasto social". Temas que seguramente nuestro gobierno tendrá en cuenta en la renegociación de la deuda con el organismo.
También es interesante lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Luego de la asunción de la administración del gobierno de Joe Biden, se aprobó un plan de rescate en el marco de la pandemia. Involucra la ampliación de un beneficio que reciben las familias con hijos menores de edad (similar a la Asignación Universal por Hijo en nuestro país) para ayudar a reducir la pobreza infantil, que alcanza a más de 10 millones de niños en ese país.
Si bien la experiencia indica que la política exterior de los Estados Unidos suele ser bastante homogénea e independiente de los cambios de gobierno, la realidad es que este importante giro en las medidas económicas del actual gobierno podría impactar indirectamente en economías como la argentina. Dada la importancia que tiene Estados Unidos en los organismos multilaterales, es probable que el actual gobierno estadounidense, al intervenir en la toma de decisiones en dichos organismos, se incline hacia una posición más flexible y coherente con la capacidad de pago de los países deudores como Argentina a la hora de refinanciar sus deudas.
Balance cambiario
También se conocieron esta semana los datos del primer bimestre del balance cambiario. Reflejan un saldo de cuenta corriente superavitario: 1168 millones de dólares, cuando en igual período del año pasado fue de 92 millones. El mayor ingreso neto de divisas se explica por el saldo comercial de mercancías, que fue un 5,3% superior al de 2020, y el pago de intereses de deuda que fue un 58,1% menor, consecuencia del impacto positivo de la exitosa renegociación (el año pasado) de la deuda privada en dólares.
La disminución de la fuga de capitales es otro dato interesante del balance cambiario: alcanzó los 101 millones de dólares en el primer bimestre de 2021 (contra 174 millones en igual período del año pasado), consecuencia del efecto desaliento a adquirir divisas para atesoramiento en el mercado oficial, a partir de los cambios normativos introducidos. Son medidas destinadas a promover una más eficiente asignación de divisas: se estableció un mecanismo de percepción a cuenta del pago del Impuesto a las Ganancias y Bienes Personales del 35% para la compra de divisas para atesoramiento y compras con tarjeta de crédito en el exterior, se desplegó un control más riguroso para la apertura de cuentas bancarias en moneda extranjera y se eliminó la posibilidad de que los no residentes realicen operaciones de liquidación de títulos contra moneda extranjera. Por último, el BCRA estableció los lineamientos bajo los cuales las empresas del sector privado podrán iniciar un proceso de refinanciación de sus deudas financieras con el exterior o títulos de deuda local nominados en moneda extranjera, que permita acomodar su perfil de vencimientos a las pautas requeridas para el normal funcionamiento del mercado de cambios. Así las cosas, la cantidad de compradores de divisas se redujo a 536 mil personas en febrero, unas 187 mil menos que en enero, y lejos del máximo de 4 millones alcanzado en agosto 2020.
A modo de resumen, todo lo anteriormente expuesto muestra que el mundo sigue buscando alternativas, aunque hay importantes sectores que se oponen. Nada distinto a lo que sucede en nuestro país, con un gobierno que está encarando un plan de crecimiento productivo con inclusión social, a pesar de los reveses que planteó y podría volver a imponer la pandemia de Covid.
