Página/12 | Opinión
Por Carlos Heller
El presidente de la Sociedad Rural Argentina, Daniel Pelegrina, se refirió esta semana a un informe realizado por el Instituto de Estudios Económicos y Negociaciones Internacionales sobre el impacto en el campo del aporte solidario y extraordinario de las grandes fortunas. De acuerdo con ese estudio, el aporte produciría una pérdida de liquidez de los productores rurales que podría obligar a muchos de ellos a vender parte de sus inmuebles para poder pagarlo. Dice el informe con referencia al aporte extraordinario: “afecta la liquidez de las empresas e individuos porque en una gran mayoría de las veces, tener activos no implica contar con la liquidez para afrontarlos, lo que achicará el capital de giro, e impulsará a tener que realizar una parte de los activos, sobre todos aquellos que presenten mayor liquidez, o llegado el caso la necesidad de utilizar financiamiento para afrontar el pago del tributo”.
Por supuesto: la realidad es otra. Sobre el universo potencial de contribuyentes alcanzados por el aporte que declararon inmuebles rurales, los campos representan el 2,4% de su patrimonio y lo que se observa es que esos contribuyentes tienen disponibilidades líquidas y financieras 25 veces superiores al aporte que deberían pagar, en promedio. Llevándolo a una cuenta muy simple: si tienen que pagar 4 millones de pesos, por ejemplo, tendrían 100 millones de disponibilidades líquidas y financieras. Parece poco probable que estén obligados a “vender los inmuebles” para hacer frente al aporte solidario y extraordinario.
Por otro lado, una parte de ese sector agropecuario cuenta con productos para liquidar y, por ahora, no lo está haciendo en la proporción esperable. Ante esto, el Presidente ha dicho que si algunos especulan con la posibilidad de una devaluación, ella no va a producirse. Por supuesto, la devaluación no mejoraría la situación: la empeoraría. En esa línea, la primera pregunta es: ¿Por qué después de que se devaluara, en el caso de que se tomara esa hipotética decisión que no está en los planes del gobierno, irían a liquidar masivamente? Y, además, ¿qué le pasaría al resto de los sectores económicos y de la ciudadanía con esa medida? ¿Qué sucedería, por ejemplo, con los precios? Volveríamos a una aceleración inflacionaria, se desencadenaría una fuerte puja distributiva y, a los pocos meses, volverían a decir que el tipo de cambio está nuevamente atrasado porque otra vez les subieron los costos y reclamarían una nueva devaluación. No es por ahí el camino, definitivamente.
Como lo ha reafirmado el Presidente, el gobierno no tiene en sus planes una devaluación: la Argentina posee superávit comercial y no tiene obligaciones de deuda en el corto y mediano plazo. Las medidas que se tomaron son, justamente, para tener esa capacidad de maniobra. El gobierno apuesta a que las divisas estén disponibles para lo que se las necesite. Por ejemplo, para las importaciones, indispensables para sostener un proceso de recuperación y crecimiento económico.
Aún los economistas ortodoxos aceptan que el tipo de cambio actual es competitivo. Pero, entonces, si el tipo de cambio oficial es competitivo, ¿por qué el gobierno tendría que devaluar? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué ciertos productos, que están en un precio histórico altísimo, con un buen tipo de cambio y con una rebaja temporal de las retenciones, no son comercializados y, por lo tanto, los dólares obtenidos a cambio liquidados? Incluso cuando además se han generado instrumentos para que, quienes liquiden esos dólares, puedan protegerse con depósitos ajustables por la variación del tipo de cambio. Es decir: si después de la venta de sus stocks acumulados se produjera una devaluación, la diferencia entre el tipo de cambio al que vendieron y el tipo de cambio resultante de la devaluación estaría cubierta a través de estas inversiones en depósitos ajustables según la variación del valor del dólar.
El escenario local y global es complejo. La situación crítica es la resultante de las dos pandemias: la generada por las políticas de Mauricio Macri y la producida por el coronavirus. Kristalina Georgieva, directora gerente del FMI, ha formulado un diagnóstico similar que contiene una cierta dosis de autocrítica: “Argentina enfrenta desafíos muy dramáticos, y el país debe ofrecer una agenda económica integral y creíble que aporte una hoja de ruta sobre el rumbo para sacar al país de la crisis económica iniciada en 2018, agravada por la pandemia del coronavirus y una creciente desconfianza”. Es decir: la crisis comienza en 2018, durante el gobierno anterior, y coincide con el momento en el cual el gobierno se endeuda con el FMI y profundiza sus políticas de ajuste. Luego, viene la segunda crisis producida por la irrupción del virus. Son dos crisis superpuestas. Una agravando a la otra.
En la misma perspectiva, el Presidente en su disertación en el Coloquio de IDEA afirmó: “La Argentina es un país que cuando llegó el virus estaba muy enfermo. Cuando nosotros llegamos al Gobierno, la Argentina estaba con 36 puntos de pobreza, con muy pocas reservas. Llegamos a una Argentina recesiva. Nosotros llegamos con toda nuestra fuerza a terminar con la pobreza, a poner en marcha la maquinaria de la producción y el trabajo, y a los tres meses de haber llegado apareció el primer caso de coronavirus y tuvimos que reconstruir un sistema de salud que había quedado virtualmente desmantelado”.
Desde mi punto de vista, las declaraciones de Georgieva hay que leerlas junto a las que el mismo día formuló el jefe del Departamento de Finanzas Públicas del FMI, Vitor Gaspar: “los gobiernos deben tomar medidas para mejorar el cumplimiento tributario y evaluar la aplicación de impuestos más altos para los grupos más acaudalados y las empresas más rentables”. Agrega: “es importante que aquellos que mejor estén contribuyan a compensar a los más vulnerables y eso es algo que se aplica tanto a título individual en nuestras sociedades como para la comunidad internacional en apoyo de los países más pobres”.
Alberto Fernández continúa llevando a la práctica lo que ha dicho en la campaña electoral y durante todo su gobierno: su prioridad son los más vulnerables. El objetivo de su gestión es construir una Argentina solidaria, una Argentina unida, una Argentina de pie. Una Argentina en la que quienes más tienen ayuden a quienes más necesitan.
