Tiempo Argentino | Opinión
Por Carlos Heller
El decreto con el veto presidencial a la Ley 27.757 de Financiamiento Universitario, firmado inmediatamente después de finalizada la masiva Marcha Federal Universitaria, ratifica al menos dos actitudes. La primera: que Javier Milei –una vez más— continúa dándole la espalda al Parlamento. La segunda: que tampoco tiene en cuenta la opinión de gran parte de la ciudadanía que ha venido apoyando el reclamo de recomposición de fondos para las universidades.
En los fundamentos del veto se argumenta que “el proyecto de ley en análisis no pretende defender ni garantizar la protección y el sostenimiento del financiamiento de las Universidades Nacionales, sino que procura dañar al gobierno políticamente”. Pero también se sostiene “que la economía tiene reglas claras y la primera de ellas es que no se puede gastar más de lo que ingresa”. No sólo habría que definir qué es “la economía” (seguramente alude a “su” visión del funcionamiento económico), sino que la referencia debería ser la Constitución Nacional en vez de un cálculo contable de ingresos y egresos.
Detrás del reclamo hay docentes y no docentes que no llegan a fin de mes y un sistema universitario que no alcanza a cubrir sus gastos de funcionamiento. Por eso, en el texto que aprobó el Parlamento, se establece actualizar las partidas para cubrir gastos de funcionamiento al inicio del ejercicio 2024 por variación anual del IPC en 2023, y luego, bimestralmente, ajustar el monto que resulte por el IPC, restando los incrementos ya otorgados en el año. En cuanto a los salarios del personal, docente y no docente, se plantea una recomposición desde el 1º de diciembre pasado y una actualización mensual por inflación. Según una estimación de la Oficina de Presupuesto del Congreso, realizada en agosto, el impacto fiscal en el ejercicio vigente (2024) sería del 0,14% del PIB, un valor menor que los beneficios que el gobierno otorgó con la reducción de alícuotas en Bienes Personales, que alcanzan a quienes tienen mayor patrimonio.
Las cifras oficiales no dejan lugar a dudas sobre la dureza del ajuste. Entre enero y agosto de 2024 las transferencias a las universidades, descontando la inflación, cayeron un 33,5% respecto del idéntico período en 2023. Esta poda continuaría en 2025, teniendo en cuenta el proyecto de Presupuesto, en el cual las transferencias a las universidades alcanzan sólo al 0,5% del PIB, el menor nivel en 20 años. La educación pública, gratuita y de calidad se encuentra seriamente amenazada.
En otro pasaje de los fundamentos del veto presidencial se habla de “limitar la discrecionalidad del Poder Legislativo Nacional, que debe actuar con sensatez institucional, de forma responsable, cuidando de no emitir disposiciones cuya aplicación sea inconveniente para las cuentas públicas, o que contradigan la proyección de ingresos y distribución de gastos prevista en el Presupuesto Nacional”. Una observación a esta frase es que debería haberse referido al “proyecto” de Presupuesto, ya que el Presupuesto definitivo es el expresado en la ley que surge del tratamiento, y de la aprobación por parte de ambas cámaras del Congreso, si el Poder Ejecutivo no la veta.
A su vez, en un comunicado de la Oficina del Presidente se señala que “el lugar adecuado para discutir el financiamiento de las universidades es el debate del Presupuesto Nacional 2025”: una estrategia para intentar validar el ajuste de 2024.
Números y un modelo que no cierra
La recuperación que anuncia el gobierno está lejos de observarse. Según la consultora OJFerreres, el Índice General de Actividad descendió en agosto 0,6% mensual (en términos desestacionalizados), y con un nivel que lo situaría en valores similares a los de mayo pasado.
Durante el mes de julio, la facturación por ventas en supermercados y autoservicios mayoristas presentó una retracción interanual real del 13,2%, así como una baja mensual del 0,3%. Además, los niveles de facturación fueron 11% inferiores a los de noviembre de 2023.
La baja del consumo hay que analizarla en función de lo que ocurre con los salarios. Éstos avanzaron en julio un 3,3% real, cuarta suba consecutiva, lo cual se produce puesto que las paritarias van recuperando parte de la inflación pasada: no es una ganancia de poder adquisitivo, sino que es una reducción de una parte de la pérdida acumulada desde noviembre de 2023. En efecto, los salarios del sector privado registrado presentan una retracción interanual real del 10,6% en el primer semestre (último dato conocido del Indec), respecto a igual periodo del año pasado, y los públicos del 24%.
En cuanto a la Inversión Bruta Interna, OJFerreres registró para agosto una caída del 25,8% interanual medida en términos de volumen físico (sin contar el efecto de la inflación), y en el acumulado para los ocho meses transcurridos del año, una contracción de 21,5%.
La consultora concluye en su informe que “los niveles de inversión de agosto estuvieron negativamente influenciados por la fuerte caída que registró la importación de bienes de capital, aunque en el sector de la construcción también se observa una aceleración de la caída”.
Hacia adelante, prosigue, “los agentes económicos parecen mayormente adoptar una estrategia de esperar y ver, particularmente en relación a las decisiones que tome el gobierno sobre el cepo cambiario. También puede estar influyendo la baja en la confianza en el gobierno, y la persistencia que muestra la inflación”.
Está claro que las expectativas no acompañan. Es sabido que para que los empresarios incorporen empleados tienen que tener consumidores con poder adquisitivo suficiente a quienes venderles sus productos. A su vez, salvo excepciones, tampoco alguien pensará en adquirir una máquina más si tiene la mitad de la capacidad instalada ociosa.
Los datos sociales tampoco mejoran. La semana pasada se conocieron los referidos a pobreza (52,9% de las personas en esta situación) e indigencia (18,1%) a nivel nacional para el primer semestre de este año respecto de igual periodo de 2003, otra consecuencia del modelo aplicado. La indigencia casi se duplicó, guarismo que refuta la idea de que el gobierno protege a los sectores más vulnerables. Estas estadísticas son consistentes con el deterioro de la distribución del ingreso, que en el segundo trimestre del año empeoró interanualmente, tomando como base el índice de GINI del ingreso per cápita de las familias, que pasó del 0,417 al 0,436.
En cuanto a la inflación, para septiembre se prevé que se perfore el nivel del 4%, aunque no dejaría de ser alta, más aún en el marco del plan recesivo de la magnitud del que se está llevando a cabo, y muy lejos del 1,2% para los 4 meses restantes del año, que surge de la proyección del IPC para todo el 2024 contenida en el proyecto de Presupuesto 2025.
La baja de la inflación surge en realidad porque las personas no tienen suficientes ingresos para comprar. Es por eso que los precios tienden a dejar de subir. No es porque no se emite dinero, es por el efecto de la aguda recesión.
A su vez, si fuera cierto que la inflación es culpa exclusiva de la emisión, ¿por qué reducir ciertos aranceles a las importaciones tratando de que de esta forma bajen los precios? Una decisión que adelantó el ministro de Economía, Luis Caputo. Mientras las principales potencias mundiales suben aranceles y protegen sus sectores estratégicos, las políticas del actual gobierno argentino continúan dañando al empleo y a la industria nacional, en particular a las PyMEs.
