Ámbito Financiero | Opinión
Por Carlos Heller
El Gobierno sigue firme en su objetivo de alcanzar un acuerdo sostenible con el FMI, que le permita al país contar con los recursos que se precisan para garantizar la recuperación económica y social. En ese propósito, se preocupa en marcar las especiales características del acuerdo original.
El presidente Alberto Fernández fue claro en su exposición ante el G20: “La deuda externa que mi Gobierno heredó con el FMI y que hoy estamos afrontando es un claro ejemplo de lo que está mal: única en la historia por su monto y por sus condiciones de repago, aprobada para favorecer a un Gobierno en la coyuntura, acaba condenando a generaciones que miran impávidas el destino que les ha sido impuesto”.
Y afirmó: “Son tan responsables los que se endeudaron sin atender las ruinosas consecuencias sobrevinientes, como los que dieron esos recursos para financiar la fuga de divisas en una economía desquiciada”.
Los dichos de Mauricio Macri en una entrevista televisiva el sábado pasado ratifican el contenido político del acuerdo firmado en 2018. Sostuvo: “Si ganábamos la elección, arreglábamos (la deuda con el FMI) en cinco minutos” y explicó que el Fondo les otorgó el crédito más grande de su historia porque sus miembros confiaron en que “el país tenía un plan para salir adelante”.
Así, justificó el acuerdo con el FMI sosteniendo que los mercados internacionales dejaron de prestarle dinero porque “tenían miedo de que vuelva el kirchnerismo”. Una gran mentira, puesto que los mercados dejaron de prestarle al Gobierno de Macri en marzo de 2018, un año antes de que se conociera la candidatura de Alberto Fernández por el Frente de Todos, y pocos meses después de obtener un buen resultado en las elecciones de medio término.
En verdad, dejaron de prestarle por el elevado endeudamiento: recordemos que Argentina fue el país en desarrollo que más deuda colocó en 2017 e inicios de 2018. Los dichos del expresidente dejan en claro que fue un préstamo político, con la aprobación del gobierno de Donald Trump y la gestión de Christine Lagarde. Si ellos ganaban, la refinanciación saldría rápidamente, pero si ganaba el Frente de Todos, como sucedió, la deuda se convertiría en un gran condicionante para el nuevo Gobierno. Esta es la situación con la que está lidiando el país, a través de sus autoridades.
El acuerdo firmado se extendió hasta los u$s57.000 millones, lo que implicaría un 1.200% de la cuota de la Argentina (un nivel nunca visto antes y casi el doble de las actuales mayores exposiciones en países como Turquía y Ecuador), pero se llegaron a desembolsar unos u$s45.000 millones, es decir, un 1.001% de la cuota (datos del FMI), un volumen igualmente excepcional.
Y de aquí surge el tema de los sobrecargos: 2% anual (en un entorno en el cual las tasas a largo plazo del Gobierno de EE.UU. están en el 1,56% anual, en Francia en el 0,26% y en Alemania son negativas: -0,11%). Estos sobrecargos surgen debido a que el préstamo excede el 187,5% de la cuota. Pero además, en este mes comienza a correr un 1% adicional, al cumplirse los 36 meses del préstamo excedido en la cuota. Con este nuevo incremento, Argentina debería estar pagando cerca de u$s1.300 millones entre intereses y sobrecargos por año, una sangría inexplicable.
Por ello, uno de los puntos de negociación es la eliminación de esos sobrecargos.
El comunicado final del G20 afirma: “Nuestros ministros de Finanzas esperan con interés que se siga debatiendo la política de sobrecargos en el Directorio del FMI en el contexto de la revisión intermedia de los saldos precautorios”. Se trata de un fuerte apoyo a las posturas del Gobierno argentino, porque además se propone que el Fondo de Resiliencia y Sostenibilidad (integrado por los DEG recibidos por los países desarrollados) alcance, además de a los países de ingreso bajo, a “los países vulnerables de ingreso medio a reducir los riesgos futuros para la estabilidad de la balanza de pagos”. Una definición que cabe como “traje a medida” de las demandas de nuestro país. Vale recordar que en el G20 están los países que mayor participación accionaria tienen en el organismo, y cuyas orientaciones son seguidas por otra gran cantidad de naciones. La recomendación expresada, difícilmente podrá ser desestimada por el FMI.
Si bien para Argentina el endeudamiento con el FMI es particularmente gravoso, no es el único país con tan pesada carga, por lo cual hay un planteo global para encarar esta situación. Sobre este contexto, adhiero a las palabras de Alberto Fernández en el G20: “El actual sistema, que prioriza a la especulación por sobre el desarrollo de los pueblos, debe cambiar”, a la vez que considero pertinente su solicitud para que el financiamiento internacional fije “nuevas reglas para poder igualar nuestras sociedades, con impactos positivos y enfrentando el cambio climático”.