Ámbito Financiero | Opinión
Por Carlos Heller
En la semana varios representantes de importantes cámaras de la industria y el comercio manifestaron su disconformidad con la aplicación del control de Capacidad Económica Financiera (CEF), previo a la autorización de importaciones. Un mecanismo que ya existía pero que las autoridades intensificaron últimamente, dadas las maniobras especulativas que detectaron: operaciones simuladas de importación para obtener divisas al precio oficial y luego desviarlas a los mercados financieros.
Además, miembros de la Amcham Argentina (la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en nuestro país) se reunieron con el embajador estadounidense en Argentina y señalaron a “las trabas en las importaciones o el control de precios” como limitaciones para invertir, entre otras cuestiones.
Los argumentos planteados por los empresarios son refutables. Por un lado, los acuerdos de precios que se vienen implementando no afectan la elevada rentabilidad de las grandes productoras de alimentos. Por el otro, las importaciones crecieron un 49% en 2021 con respecto a 2020, llegando a valores absolutos similares a los de 2017 y 2018, cuando la gestión de ese momento había eliminado todas las medidas de protección comercial. Más aún, los rubros de compras al exterior con mayor incremento interanual en 2021 fueron bienes intermedios (54%) y piezas y accesorios de bienes de capital (57%), ambos relacionados con los procesos de producción.
Sobre esta cuestión, el secretario de Industria, Ariel Schale, se reunió con representantes de la UIA y ratificó que se mantendrá el acceso a las divisas para importación de insumos industriales.
Pero nada es casual. Los intentos de apropiación, por parte de los poderosos lobbies empresariales, de una parte cada vez más amplia del ingreso de la población vía los aumentos de precios y otras estrategias comerciales, quedan claramente expuestos. La puja distributiva sigue estando presente.
En este sentido, el índice de salarios registrados informado por el INDEC muestra un crecimiento en términos reales entre agosto y diciembre del año pasado, indicando una tendencia a la recuperación del poder adquisitivo. Además, a pesar de las limitaciones presupuestarias pospandemia macrista, durante 2021 los sectores más vulnerables recibieron beneficios del Gobierno nacional tales como la ampliación del universo alcanzado y de los montos de la tarjeta Alimentar, y bonos extraordinarios para jubilados y beneficiarios de planes sociales.
Respecto a los aumentos de precios, varios ítems superaron el nivel general, (3,9%), pero el que destaca por su impacto en el bolsillo de los sectores de menores recursos, el rubro Alimentos y Bebidas, aumentó un 4,9%. La portavoz de Casa Rosada indicó que “la lucha contra la inflación es uno de los ejes de este gobierno. Entendemos que es el mayor problema que enfrentan las argentinas y argentinos”.
Por ello se están tomando medidas para lograr que los precios nacionales se desacoplen de los internacionales, un tema en el cual he venido insistiendo, para que la ciudadanía no sea perjudicada por las ventajas de nuestro comercio exterior. Entre las medidas anunciadas, se estudia la posibilidad de creación de una empresa de alimentos que ayude a los pequeños y medianos productores de hortalizas y verduras para que puedan llegar con productos más baratos a los hogares, y ayudar a desconcentrar la producción y comercialización de estos alimentos.
Además del proceso inflacionario argentino, que tiene sus características específicas, el mismo también está influido actualmente por dinámicas geopolíticas globales, como el creciente nivel de los precios de las materias primas, las depreciaciones de los tipos de cambio, la activación de la demanda reprimida entre los consumidores y la reorientación del gasto en servicios hacia los bienes.
La continuidad de políticas encaminadas a no dejar que la población pierda poder adquisitivo adquiere especial importancia. Esto significa la necesidad de un Estado presente, que actúe en las cadenas de los diversos productos, en especial los alimentos. Ese es el sendero que ha intentado profundizar el Gobierno desde sus inicios, tanto desde la búsqueda de aumento real de los salarios, como en la contención de los precios de los principales componentes del consumo popular.
