Tiempo Argentino | Escenario económico
El contundente mensaje de la OEA a la comunidad internacional y la estrategia contra los fondos buitre.
Por Carlos Heller
Los respaldos a la posición argentina en el caso del juicio de los fondos buitre se siguen multiplicando, fruto de una diplomacia activa y del propio peso específico de los problemas que genera el fallo del juez Griesa.
Lo sucedido en la Organización de los Estados Americanos (OEA) es contundente. A inicios de semana, el Consejo Permanente de la OEA adoptó por aclamación la convocatoria a una Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores que se realizó el jueves 3 de julio, para considerar el tema. Esta reunión, en la cual expusieron el canciller Héctor Timerman y el ministro Axel Kicillof, fue un total éxito por varios motivos. La declaración que surgió del encuentro fue aprobada por todos los miembros, con la abstención de Estados Unidos y Canadá, lo que evidencia un cambio de época, puesto que solía ser habitual que la OEA no emitiera declaraciones si estas no tenían la venia de EE UU. En el inicio de la sesión, el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, respaldó fuertemente la postura argentina y advirtió sobre "el peligro que significa para el sistema financiero internacional el accionar de los fondos buitre" en contra de nuestro país, y comentó que los fondos especuladores pueden generar "la quiebra de los Estados" a partir de la "búsqueda de precio vil" sin que "les importe si esto redunda en un aumento de la pobreza de los países".
La declaración de la OEA comienza reconociendo los esfuerzos que viene realizando nuestro país y "la voluntad expresa del gobierno argentino de negociar de buena fe y de honrar los compromisos adquiridos" en los canjes de 2005 y 2010. A partir de ello manifiesta su respaldo a la República Argentina a fin de que pueda seguir cumpliendo con sus obligaciones, y para que a través del diálogo logre un acuerdo justo, equitativo y legal con el 100% de sus acreedores. Así como otorga "su pleno apoyo al logro de una solución que busque facilitar el amplio proceso de reestructuración de la deuda soberana argentina", la declaración también expresa que es esencial, para la estabilidad y predictibilidad de la arquitectura financiera, que sean respetados los acuerdos alcanzados entre deudores y acreedores, en el marco de los procesos de reestructuración de las deudas soberanas.
En su exposición, el ministro Kicillof comentó: "Argentina está comprometida con el diálogo y quiere negociar como lo ha hecho siempre, lo vamos a hacer, pero necesitamos igualdad de condiciones, no podemos hacerlo bajo condiciones de extorsión", y agregó: "Venimos a pedir soluciones urgentes. Argentina no quiere ser un caso de estudio para el futuro. Lo que necesitamos es que la comunidad internacional actúe, que los organismos multilaterales actúen y que lo hagan pronto, antes de que el precipicio que ha establecido el juez Griesa esté delante de nuestras narices."
Por su parte, el canciller Timerman expresó: "De lo que estamos hablando es de un grupo de personas a las que nosotros denominamos fondos buitre que, utilizando medios políticos, influencias políticas, utilizando medios de comunicación, acciones de lobby, y muchos medios financieros, quieren intentar controlar el sistema financiero internacional y adaptarlo a sus necesidades."
Nuestro país también recibió apoyo del gobierno de la República Popular China, cuyo vocero declaró: "Esperamos que se logre un acuerdo adecuado lo antes posible", y elogió a Argentina por "las medidas que ha tomado en años recientes para reestructurar su deuda y cumplir sus compromisos de devolución de esta". También Cuba dio su apoyo; el ministro argentino Agustín Rossi manifestó que el presidente Raúl Castro le expresó "su solidaridad y acompañamiento en la lucha que mantiene nuestro país ante los fondos buitre, con mucha claridad y contundencia para con la Argentina".
Merece mencionarse también el apoyo del Banco del Sur, que en la primera reunión de su Consejo Administrativo, lo que indica avances en este proceso de integración, emitió un comunicado en el que manifiesta su respaldo a la posición de la Argentina en la reestructuración de su deuda soberana.
UNA JUGADA AUDAZ. En estos días comenzaron a visualizarse los efectos del depósito realizado en el Bank of New York Mellon (BoNY), una eficaz estrategia del gobierno para trasladar parte de las consecuencias del fallo de Griesa al campo de los litigantes y las instituciones involucradas. En este marco, el jueves el gobierno nacional le envió una carta al BoNY "a los fines de intimarlo a que cumpla con las obligaciones asumidas en el Trust Indenture (contrato de emisión) para el efectivo cobro de los Tenedores", sosteniendo además que "la República Argentina se reserva todos los derechos y acciones que correspondan contra el BoNY en cuanto el mantenimiento de su conducta en el tiempo constituya o pudiere constituir un Evento de Incumplimiento ajeno a la República Argentina, que afecte sus derechos e intereses, como los de los Tenedores, y una violación a sus obligaciones como Agente Fiduciario". La imposibilidad de cursar los pagos a los acreedores tuvo origen en la prohibición que le hizo llegar Griesa, que en su fallo sostuvo que la prioridad de cobro la tenían los holdouts, situación que en definitiva terminó poniendo en apuros a la entidad estadounidense, en lo que es una muestra de los alcances que el tema de los buitres puede tener sobre el funcionamiento del sistema financiero internacional.
De hecho, las derivaciones del juicio también se trasladaron rápidamente a la "city londinense", otro de los epicentros de las finanzas globales, ya que el fallo de Griesa también afectó el pago de bonos que no se rigen por la legislación de Nueva York, los que son liquidados a través de Euroclear, la agencia de compensación de valores del viejo continente. Los intereses y las partes involucradas en el conflicto son tan variados que no sólo fue el gobierno argentino quien cursó una intimación a esta institución para que destrabe los pagos, sino que también elevaron sus quejas distintos fondos de inversión que no pudieron cobrar los vencimientos en euros regidos por ley inglesa. El propio Financial Times se hizo eco de la situación, expresando que un grupo de inversores con bonos argentinos "están sumamente preocupados ante la posibilidad de que el brazo largo del derecho estadounidense esté perturbando los mecanismos internacionales".
La definición del conservador diario británico suena heterodoxa cuando se la compara con las vertidas por algunos medios locales. El último lunes, uno de los columnistas de El Cronista sostuvo que es el gobierno el que ensaya "maniobras inesperadas para evitar el cumplimiento sensato de la ley", y que son imposibles de que prosperen ya que "cuando el escenario es un universo racional como la justicia estadounidense, las genialidades van cayendo una a una", toda una oda al brazo largo de la justicia norteamericana, coronada con la recomendación para que el gobierno "negocie con firmeza pero sin altanería con los buitres", una frase que también fue apuntada por un ex ministro con activa participación en el primer canje, al señalar que "el cacareo no ayuda en nada".
Estas declaraciones se emparentan con el enfoque de The Economist, el diario del establishment financiero, que publicó un artículo titulado "La 'Luis Suárez' de las finanzas internacionales" refiriéndose a nuestro país , indicando que "el conflicto de Argentina con su deuda es el reflejo de una actitud adolescente de que las reglas están hechas para romperse", desdeñando la cultura argentina y uruguaya, como es usual en sus comentarios, y desconociendo con gran soberbia los riesgos del fallo de Griesa.
Las posturas mencionadas omiten deliberadamente que el principal tema de este conflicto es político, al permitir que una minoría de ricos inversores inescrupulosos obtenga prebendas exorbitantes, por encima de los derechos de la mayoría de los inversores que decidieron entrar a una reestructuración de deuda soberana, quitando cualquier salvavidas posible a los países con problemas de deuda. Esta situación posee un efecto político directo en las negativas consecuencias económicas y sociales que puede generar.
No les gusta que nuestro país negocie en forma soberana, con grandes apoyos internacionales, porque de esa forma se valida el manejo de la crisis por parte del gobierno nacional, y les resultará menos convincente continuar utilizando como muletilla que "Argentina está aislada del mundo".
