La Mesa Nacional del Frente Nuevo Encuentro expresa su más enérgico repudio a la brutal represión ejercida esta semana, por la policía de la Provincia de Salta -con el aval de la jueza de Tartagal Ana María De Feudis-, contra un grupo de campesinos de Morillo que se manifestaba en defensa de sus derechos de propiedad de tierras y vivienda, frente a un nuevo intento de desalojo abusivo en beneficio de la empresa DOBLE Z S.R.L. y su socio gerente Javier Alberto Vidizzoni.
En la tarde del jueves 20 de noviembre, un grupo de policías de distintas localidades de la provincia, invocando una orden judicial de la jueza que ordenaba el levantamiento de un alambrado en la tierra que posee la Familia Orquera del paraje El Chañar, irrumpieron en la tierra que posee la Familia de la Victoria Cruz, una anciana de 70 años. A pesar de que la orden de la jueza en ningún momento autorizaba a ingresar por la tierra de la Familia Cruz, la policía custodió las topadoras del empresario Vidizzoni y entró en la propiedad de la mujer, para acceder hasta las tierras de la Familia Orquera y ejecutar el derribo del alambrado para un deslinde que necesita la empresa.
Frente a esta maniobra abusiva, un grupo de familias campesinas se trasladó hasta el lugar para manifestar su apoyo a la Familia Orquera. Inmediatamente y sin mediar ningún diálogo, se desató una fuerte represión policial, que provocó lesiones y heridas en hombres y mujeres. Entre ellos, se encontraban algunos compañeros y compañeras de Nuevo Encuentro como la dirigente de Pequeños Productores del Chaco Salteño y delegada zonal del Foro de Agricultura Familiar, Lucía Ruíz, quien fue golpeada varias veces por las fuerzas policiales hasta perder el conocimiento.
Esta acción coordinada entre jueces, policía provincial y empresarios es algo lamentablemente habitual en Salta. En 2011 un oficial de justicia, en una causa con la misma jueza Ana María de Feudis, entró ilegalmente en el predio de la familia del dirigente Alfredo Riera con un grupo de encapuchados que prendieron fuego y destruyeron las instalaciones. Cabe recordar que en la Provincia de Salta está vigente la Ley 7658, que suspende los desalojos de criollos y agricultores familiares hasta que no se realice un relevamiento de tierras y sus posesiones.
Ante este nuevo hecho represivo, la Mesa Nacional del Frente Nuevo Encuentro reitera su firme repudio a la represión policial y acerca su apoyo y solidaridad a toda la comunidad campesina y a la Asociación de Pequeños Productores del Chaco. Asimismo, solicitamos la inmediata intervención del gobernador, legisladores provinciales y funcionarios de la Provincia de Salta, quienes en ejercicio de sus responsabilidades, deberán garantizar la paz social y el pleno acceso del pueblo a todos los derechos humanos.
