Ámbito Financiero | Opinión
Por Carlos Heller
Como ya lo he mencionado reiteradas veces, no hay que perder de vista las adversidades locales e internacionales a las que debió hacer frente la economía argentina en los últimos años. El Gobierno tomó y continúa tomando medidas para contrarrestar los efectos de esta compleja coyuntura. Se puede discutir si las medidas tomadas son suficientes ante la gravedad de los problemas, pero la orientación es la adecuada.
En las antípodas, comentarios vertidos por algunos economistas y políticos apuntan a desestabilizar la evolución de variables clave (y por lo tanto, al Gobierno) e intentan generar angustia y desasosiego en la mayoría de la población. Ante estas posturas, resulta pertinente repasar algunos datos económicos.
Por un lado, hay que mencionar la histórica sequía que está atravesando el sector agrícola. Según la Bolsa de Comercio de Rosario, la caída en la producción de maíz y soja registrará una reducción interanual cercana al 38% para ambos cultivos. Como resultado de esta situación, el sector realizó exportaciones entre enero y febrero por un total de u$s1.570 millones, una caída del 68% respecto al mismo período de 2022.
Por otro lado, la industria en su totalidad registró un alza interanual del 6,3% el pasado enero. Si comparamos con el primer mes de años anteriores, 2023 muestra su mejor enero en 5 años. Un desempeño que refleja las decisiones que fue tomando el Gobierno nacional para apoyar esta actividad.
La desocupación abierta alcanzó en el cuarto trimestre de 2022 al 6,3%, guarismo ubicado por debajo del 7% de un año atrás, mientras que la subocupación (personas que trabajan hasta 35 horas semanales) pasó del 12,1% al 10,9%. También creció la cantidad de gente ocupada, lo que indica que la caída en el desempleo no se dio por el efecto “desaliento”, es decir, por gente que desiste de la búsqueda de un empleo.
Uno de los temas con más repercusión en estos días fue la decisión del Gobierno nacional por la cual se dispuso que jurisdicciones, entidades y fondos del Sector Público Nacional deberán canjear sus bonos globales (en moneda y legislación extranjeras) por títulos en pesos. Además, deberán vender o subastar Bonares (en moneda extranjera y legislación local) de acuerdo con las directivas del Ministerio de Economía, y con el 70% de lo producido comprar un bono dual con vencimiento en 2036, que pagará el máximo que surja de la inflación o el tipo de cambio, con una tasa de interés explícita en la licitación del 8%. El 30% restante lo podrán utilizar para gastos, aplicaciones financieras para la financiación de inversiones productivas y créditos que motoricen el consumo interno. El objetivo de esta iniciativa, según se menciona en los fundamentos del DNU, es “continuar garantizando por un lado el financiamiento del Tesoro Nacional y, a la vez, la sostenibilidad de la deuda pública, de manera que el Estado Nacional cubra sus necesidades financieras de forma sostenible”. En otras palabras, se elimina una parte de la deuda en dólares con legislación extranjera y además se generan instrumentos para actuar en el mercado de dólares financieros sin afectar las Reservas.
Asimismo, para generar más demanda de títulos ley local, la Comisión Nacional de Valores eliminó la restricción que tenían los Agentes de Bolsa para tener en cartera propia bonos en moneda extranjera ley local (Bonares).
Pero más allá de los aspectos técnicos, se trata de “disminuir los incentivos negativos que genera la brecha cambiaria sobre la inflación, el comercio exterior y el buen funcionamiento de la economía, y mejorar la perspectiva del financiamiento de las necesidades del Tesoro Nacional por una gran parte de 2023, despejando la infundada incertidumbre sobre el mercado de bonos en pesos”, tal como señala el DNU.
Respecto a la deuda, cabe mencionar el importante resultado de la licitación de la semana pasada, en la cual el Gobierno colocó títulos por $416.500 millones, un monto superior al 13% de los vencimientos. Además, se destaca que la mayoría de los bonos estaba en manos privadas, y que un 25% de lo licitado vence en 2024.
Para finalizar: más allá de acciones desestabilizadoras de ciertos sectores en el marco de un año electoral, resulta indispensable continuar con el modelo que comenzó en el 2003 y se retomó en diciembre de 2019 y así mejorar el bienestar general de la población.
