Página/12 | Opinión
Por Carlos Heller
Los primeros anuncios de la nueva ministra de Economía, Silvina Batakis, reafirman, en líneas generales, las políticas macroeconómicas que se venían aplicando: seguir trabajando para reducir el déficit fiscal y para incrementar las reservas; continuar desarrollando el mercado de deuda en pesos para recurrir menos a la emisión; y mantener la decisión de que no habrá devaluación por considerar que el tipo de cambio actual es competitivo, entre otras definiciones. La nueva ministra también se refirió a la creación de un Comité Asesor de la Deuda Soberana en Pesos y a la modificación de la Ley de Administración Financiera. Finalmente, ratificó el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, más allá de la posible apertura de renegociaciones.
La Argentina viene afrontando una serie de problemas no buscados ni generados por el actual gobierno: entre los más importantes, la deuda con el FMI y con los bonistas privados. No son temas que se puedan obviar: se trata de limitantes que restringen los márgenes de acción con los que cuenta la actual administración.
¿Qué estoy intentando decir? Que no se puede analizar las políticas desvinculadas de los contextos donde ellas tienen lugar. Por supuesto, no nos referimos sólo a lo que ocurre a nivel local sino también a escala global.
En el mundo estallan problemas de todo tipo y los gobiernos intentan algunas respuestas. En España, por ejemplo, la administración de Pedro Sánchez propuso la aplicación de impuestos extraordinarios a empresas energéticas y entidades financieras. Con ellos, buscará recaudar 3.000 millones de euros anuales durante dos años que se utilizarán para asistir a sectores vulnerables. Se trata de un gravamen a la llamada “renta inesperada”. Sánchez sostuvo que su gobierno “no va a tolerar que haya empresas que se aprovechen de la crisis para amasar riquezas”. Y agregó que “no va a permitir que el sufrimiento de muchos sea el beneficio de unos pocos”.
Un proyecto similar sobre renta inesperada es el que proponemos discutir en nuestro país. El mismo se enlaza con la creación de un Fondo Nacional para la Cancelación de la Deuda con el Fondo Monetario Internacional, con dólares fugados en el exterior. Pero, para aprobar ambas iniciativas es necesario contar con los votos suficientes en el Parlamento. Allí es cuando el tema de las relaciones de fuerza se vuelve central.
Mientras, el poder concentrado opera: desestabiliza e intenta producir golpes de mercado. Quiere, entre otras cosas, una devaluación sin importarle que éstas siempre perjudican a los más vulnerables. Los “mercados” logran instalar su lógica en la sociedad y ello conduce a que los ciudadanos y las ciudadanas compren dólares y mercaderías pagando precios exorbitantes. Todo se transforma en una gran locura.
Sin embargo, el tipo de cambio que hoy tiene la Argentina es competitivo. Este año vamos a tener récord de exportaciones: se estima que alcanzaremos los 90.000 millones de dólares. No estamos ante un problema de atraso cambiario: lo que tenemos es un enorme accionar especulativo que busca instalar que una devaluación es inevitable.
La ministra Batakis afirmó que “el tipo de cambio multilateral está en una situación de equilibrio”. Lo que se encuentra en desequilibrio es el valor del dólar ilegal o el de los financieros (como el MEP, o el CCL) que están alejados de lo que ocurre con la economía real. La especulación y la generación de falsas expectativas de todos modos impactan y se vienen produciendo traslado a precios, que posiblemente se verán reflejados en las estadísticas que se conocerán el mes que viene.
En un contexto muy complejo, el gobierno trabaja para estimular la recuperación de la actividad y del empleo. Durante la semana el Indec dio a conocer el uso de la capacidad instalada de la industria para el mes de mayo: alcanzó un valor de 68,4 por ciento, por encima del 61,5 por ciento de un año atrás. Se recuperó lo perdido durante la pandemia y también se superaron los máximos registrados para idéntico mes durante el gobierno de Macri (65,8 por ciento, en 2017).
En este escenario, la unidad de la coalición gubernamental es imprescindible. Antes de los acuerdos con los otros, necesitamos de los acuerdos entre nosotros. El Presidente y la Vicepresidenta han retomado el diálogo. Ello va a facilitar el fortalecimiento del espacio político del que formamos parte y, seguramente, va a promover un análisis común de los problemas y de las soluciones. Hay un proceso iniciado que esperamos que se consolide.
El diálogo y su generalización a los actores internos es siempre bienvenido. Pero, todas las mesas que se creen deben tener funciones bien claras: debatir, intercambiar información, generar propuestas. Sin embargo, las decisiones deben seguir tomándose en las instancias institucionales establecidas para tal fin.
“Construir consensos”, “terminar con la grieta”, son frases que suenan muy bien. No obstante, el consenso puede ser una abstracción si no se lo piensa en relación con los disensos. Las diferencias entre la oposición y la coalición gubernamental son tan profundas, los modelos que se defienden son tan opuestos que, más allá de la voluntad de consensuar, es muy difícil lograrlo porque, por ejemplo, la oposición cree que el Estado tiene que ser llevado a su mínima expresión y la coalición de gobierno cree que hay que fortalecerlo para aumentar la eficacia de sus políticas y regulaciones. ¿Cómo consensuamos con los que quieren un ajuste brutal? Más allá de las buenas intenciones, es altamente improbable. Por ello, hay que buscar los más amplios consensos partiendo de la base de que hay disensos irreductibles.
Necesitamos darle a las políticas acordadas dentro de la coalición de gobierno la más amplia apoyatura política. No hace falta que nos pongamos de acuerdo en todo. Tenemos que acostumbrarnos a los matices. Es lo que señala Cristina Fernández de Kirchner: “ni yo voy a renunciar a mis ideas ni le voy a pedir a nadie que renuncie a las de ellos, pero tenemos que encontrar un punto de coincidencia común”.
Estamos ante una nueva oportunidad: fortalecer a la coalición gubernamental para dotar del mayor respaldo político al proyecto de crecimiento con distribución e inclusión que el gobierno, en un marco de dificultades, viene intentando implementar.
