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Por Carlos Heller
En su primer discurso del año la directora del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, dejó en claro que la línea ideológica del organismo continuará siendo “fiel” a sus principios. A través de un eufemismo que denominó los “momentos Rosetta” en alusión a la misión con el mismo nombre en la que un módulo científico aterrizó por primera vez en la historia en un cometa, en noviembre pasado, estableció un paralelismo entre este gran logro y los desafíos que tenemos por delante en la “Tierra”, que requieren de “un fuerte liderazgo y cooperación” por parte de los gobiernos de todos los países.
En este sentido, señaló que, a pesar del estímulo de la caída del precio del petróleo y el mayor crecimiento de Estados Unidos, la economía global continúa enfrentándose a un “fuerte viento de frente” y sugiere distintas medidas para “superarlo” como alcanzar un “crecimiento más inclusivo y sustentable y estimular el empleo”. Lo interesante es que detrás de estas expresiones frente a las que ningún líder político podría disentir, no se olvida de mencionar el tan mentado “ajuste fiscal” aunque aclara que, éste debería tener la menor incidencia negativa posible en el mercado laboral. Una afirmación bastante contradictoria y, que si se lee entre líneas, no hace más que legitimar la idea de dejar las decisiones más importantes en manos del sector privado.
Las “tradicionales recetas” del organismo vuelven a ocupar un lugar central en el discurso, aunque ahora se mencionan como los medios para alcanzar un “crecimiento inclusivo”. Así se proponen reformas estructurales destinadas a “modernizar las infraestructuras obsoletas” a “remover distorsiones fuertemente arraigadas en el mercado laboral” y a impulsar la “liberalización comercial”. En cuanto a esta última, sugiere continuar con las negociaciones tendientes a efectivizar el “Acuerdo Transpacífico de Asociación Económica” (TPP según sus siglas en inglés), y la “Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión” (TTIP), ambos fuertemente promovidos por los Estados Unidos y cuyas negociaciones se vienen realizando a espaldas de la opinión pública de los países involucrados y generaron agudas críticas ya que se prevé que tendrán una normativa diseñada a la medida de las grandes empresas, incluyendo desregulación de los mercados y disminución de los niveles de protección social y medioambiental.
El acuerdo Transpacífico es una propuesta de expansión de un tratado firmado en el año 2005 por Brunei, Chile, Nueva Zelanda y Singapur, el que dentro de sus aspectos principales involucra la eliminación del total de aranceles entre los países miembro y al que aspiran a adherirse otros ocho países, incluyendo a Estados Unidos junto a otras potencias económicas del Pacífico. Este se complementaría con un “Área de Libre Comercio Trasatlántico”, el que incluiría a la Unión Europea y Estados Unidos. Después de que un primer borrador sobre el mismo se filtrara en marzo de 2014, la Comisión Europea lanzó un programa para consultar a los ciudadanos interesados, aunque sólo sobre un número limitado de cláusulas. En un informe conjunto presentado por la Casa Blanca y la Comisión Europea en el año 2013, se establecen como objetivos la eliminación o reducción de barreras convencionales de comercio de bienes, servicios e inversiones.
No resulta llamativo entonces, que desde el FMI se fomenten este tipo de acuerdos que les otorgarían a las principales empresas norteamericanas y europeas las herramientas para incrementar su rentabilidad, incorporando nuevos mercados en condiciones muy beneficiosas para sus márgenes de rentabilidad, a expensas de la pérdida de soberanía de los gobiernos y la población de los países que los integran.
Informe de la OIT
En su informe anual sobre salarios y desigualdad de ingresos, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) señala que el crecimiento del nivel global de salarios fue impulsado mayormente por las economías emergentes y en desarrollo, mientras que en las economías desarrolladas los salarios reales estuvieron estancados en 2012 y 2013 y en muchos casos en niveles inferiores a los de la crisis financiera de 2008.
Según la OIT, la desigualdad de ingresos comienza en el mercado laboral. España y los Estados Unidos fueron los dos países en los que la brecha entre el 10% más rico y el 10% más pobre en el periodo 2006-2010 más creció, como consecuencia fundamentalmente de los cambios en la distribución de salarios y la pérdida de empleos.
En el otro extremo, Argentina y Brasil constituyeron los países en los que más se mejoró la distribución del ingreso, siendo también explicada en su mayor parte por los cambios, en este caso positivos, en el mercado de trabajo.
Finalmente, se menciona que a pesar de que en nuestro país la informalidad laboral se encuentra aún en niveles relativamente altos, se logró reducir considerablemente entre los años 2003 y 2011 a partir de una serie de políticas diseñadas para facilitar la formalización y revertir las anteriores medidas que habían llevado a incrementar la flexibilidad en este sector.
A modo de conclusión, lo anterior nos permite reflexionar acerca de las razones por las cuales estos datos provenientes ni más ni menos que de la mayor organización sobre estadísticas laborales del mundo, no tuvieron repercusión en los medios de comunicación hegemónicos y, como si se tratara de otro país, pudieron leerse expresiones como “violenta desigualdad de ingresos” o “una variable que quedó fuera de control” en algunos titulares.
