Página/12 | Opinión
Por Juan Carlos Junio
El gobierno argentino ha llegado a un entendimiento con el FMI por la deuda contraída durante la gestión de Mauricio Macri, que deberá ser aprobado por el Parlamento nacional y el directorio del Fondo.
Es ya muy conocido y aceptado que la deuda no solo es odiosa, que los dólares, así como ingresaron mayoritariamente se fugaron, pero además es impagable en los términos contratados por el gobierno de Cambiemos. Más allá de los debates y opiniones sobre la viabilidad del sendero que acordó el Gobierno para salir de este catastrófico préstamo heredado, resulta imprescindible reiterar cuál es el verdadero rol del FMI. Es muy básico recalcar que ni se abuenó, ni mutó a un lugar más diabólico. En esencia es el mismo de siempre, aunque puedan surgir matices entre un gobierno estadounidense y otro. Desde su creación a fines de 1945, ha sido consecuente en el incumplimiento de sus objetivos fundacionales: “promover la cooperación internacional, garantizar la estabilidad financiera, promover el empleo y reducir la pobreza”.
En la realidad, lleva 70 años siendo utilizado como un instrumento de política exterior de Estados Unidos, con los consecuentes estragos para la vida social de los pueblos y sin trepidar en avalar dictaduras violentando los sistemas democráticos. En suma, con el endeudamiento como ariete, ha sido un dispositivo de dominio imponiendo sus sagradas “reformas estructurales”, que no son otra cosa que un reglamento neocolonial al que los países deben allanarse.
Ciertamente el entendimiento con el FMI, según lo informado, tiene una particularidad innegable: el organismo aceptó no imponer, como lo hizo en todos los acuerdos que tuvo con nuestro país y con el resto de las naciones a las que le otorgó créditos, una reforma laboral para precarizar el trabajo, una reforma previsional para bajar jubilaciones, recortes en áreas sensibles como educación, salud, ciencia y tecnología, privatización de empresas públicas, cesantías masivas en el estado, ajuste tarifario arangurista, etc. Es decir, que en lo esencial no se incorporan las clásicas condicionalidades como contrapartida de los desembolsos. Los controles trimestrales que tendríamos que soportar se remitirán a la reducción del déficit fiscal, la emisión monetaria y las reservas. Cierto es que la meta del déficit será un instrumento de presión política en dirección a sus objetivos permanentes.
En esta problemática, el gobierno apuesta a que tal reducción se resuelva vía crecimiento económico y la progresividad en la recaudación impositiva. En esta cuestión crucial, mantenemos nuestra visión de siempre: el crecimiento es una condición esencial, pero sólo con crecer no mejora la actividad productiva ni la vida del pueblo. Se debe redistribuir y sobre esa base se podrá ir abordando la cuestión más trascendente: la deuda interna social con 19.5 millones de pobres y clases medias que redujeron su nivel de vida y sus expectativas de superación.
Hay sectores que ante esta grave encrucijada que el país debe afrontar, se inclinan por no pagar, o sea defaultear. Esa postura se sustenta en la idea de que las eventuales represalias son un mito. Algunos agregan que hubiera sido oportuno haber recurrido a las Naciones Unidas u otros tribunales internacionales. Estas apelaciones políticas-jurídicas implicarían inevitablemente también la determinación de no pagar, mientras en el largo plazo se tramitan esas iniciativas. A esta altura deberíamos plantearnos un interrogante político imprescindible: ¿Resulta lógico pensar que las grandes potencias capitalistas, comenzando por EE. UU aceptarán pasivamente que un país decida revelarse contra el FMI, rechazando su deuda con todos ellos, y no tomarían represalias ejemplificadoras? ¿Acaso EE. UU es en esencia menos hostil y agresivo que sus anteriores gobiernos? ¿Sus actitudes en política exterior son más pacíficas por el hecho de estar atravesando un retroceso con el eje China-Rusia, y la pérdida de su legitimidad como líder y símbolo de las democracias occidentales? ¿Se conmoverán porque el Fondo transgredió su propio estatuto para cumplir con lo decidido por Donald Trump y porque también se violó la norma de no prestar para la fuga? Bien, todo indica que no sería ese el escenario. Y en consecuencia nos enfrentaríamos a los ya consabidos ataques de mercado con un impacto en el valor del dólar, el descontrol de precios y un rebrote en la caída del salario, posibles restricciones en el comercio internacional para comprar y vender la producción y un sinfín de etcéteras que se podrían imaginar para la vida de nuestro pueblo.
A esta altura se nos plantea un interesante interrogante acerca de la conducta política de la derecha porteña ya que el jefe de Gobierno, se encuentra en plena campaña para construir su candidatura presidencial. ¿Qué hubiera hecho si tuviera que acordar con el FMI? Públicamente exigió “un plan económico”, es decir un ajuste en la misma sintonía reclamada por el embajador norteamericano, Mark Stanley. Pero además el jefe de Gobierno afirmó también que era necesaria una reforma laboral y que se debía reemplazar el sistema actual de indemnizaciones por un esquema de seguros, muy parecido al intento del ex Ministro Jorge Triaca.
Esta conducta política también es coherente con otro elemento determinante del gobierno en la CABA: su sociedad con los negocios de los grandes grupos económicos como Mercado Libre, IRSA, Roggio y otros monopolios de la construcción en detrimento de la calidad de vida de la ciudadanía.
Todo indica que la disputa por el rumbo de la política económica-social continuará e inclusive se acentuará. Por lo tanto, surge más claro que nunca que el destino del gobierno popular se deberá sustentar en el crecimiento del apoyo de la ciudadanía, e incorporar en la previsible post pandemia el determinante factor político de la movilización y la participación popular en todos los estratos y niveles de la sociedad. Sobre esa base habrá perspectivas de triunfo para el 2023 acompañando el proceso continental de crecimiento de nuevos gobiernos democráticos, populares, de izquierda y latinoamericanistas.
