Página/12 | Opinión
Por Carlos Heller
Si bien las pretensiones oficiales para la segunda parte del mandato estaban enunciadas desde hace mucho, recobraron fuerza a partir de lo ocurrido el domingo pasado.
El resultado, en parte, puede ser explicado por la “campaña del miedo”, que buscó instalar la sensación de que en caso de que ganara la oposición se avecinaría una crisis. Se contó con el sostén del gobierno de Estados Unidos, que prometió respaldar mientras se continúe “con estas políticas”.
Luego de conocido el escrutinio provisorio, el Departamento de Estado norteamericano posteó: “Estados Unidos apoya los esfuerzos de Argentina para estabilizar su economía y la ambiciosa agenda de reformas de Milei. Continuaremos trabajando con Argentina para alentar el consenso e implementar reformas sustentables que generen estabilidad económica en el largo plazo y prosperidad para su gente”. Por esta línea transitó el discurso del Presidente Milei en la noche de las elecciones: “desde el 10 de diciembre tendremos el Congreso más reformista de la historia argentina”.
Para avanzar en este aspecto, se realizó la reunión de Milei y su gabinete con los gobernadores. El vocero oficial comentó, no bien finalizado el encuentro, que “es voluntad del Presidente trabajar con todos, independientemente de las identidades políticas”, lo cual no parece haber sido el espíritu de la reunión, ya que cuatro gobernadores no fueron invitados, entre ellos Axel Kicillof, quien expresó su voluntad de concurrir si hubiese sido invitado. El Presidente solicitó a los mandatarios provinciales que colaboren para la aprobación del Presupuesto 2026, la “modernización” laboral, la reforma tributaria y la del Código Penal y, seguramente más adelante, la previsional.
Reformas
Por más que el Presidente diga: “no vamos por los derechos de nadie”, la flexibilización laboral en la que se trabaja dicta otra cosa. Por ejemplo, los convenios colectivos pasarían a establecer un “techo” de remuneración y de garantías y no un piso como hasta ahora, un tope indemnizatorio de diez años de antigüedad, y se busca que la negociación pase a ser por empresas, debilitando la posición de los/as trabajadores/as. En definitiva, se apunta a un esquema laboral con eventual mayor formalización, pero con menos derechos. Su esencia está contenida en el DNU 70/23, capítulo que la justicia dejó en suspenso ante un pedido de las organizaciones sindicales.
En tanto, la cámara que agrupa a las empresas estadounidenses en la Argentina (Amcham) reafirmó en un comunicado su “compromiso con el desarrollo sostenible y competitivo del país, en un contexto que ofrece, a partir de las elecciones del domingo último, una nueva oportunidad para avanzar hacia las transformaciones estructurales que Argentina necesita”.
En otro pasaje, Amcham señala que el Estado “deberá acompañar esta etapa con políticas de transición que protejan la empleabilidad y contengan el impacto en los sectores más vulnerables y la clase media”. Está claro que el ajuste y la pérdida de derechos no terminan. Las amenazas sobrevuelan a los sectores medios, uno de los segmentos donde aún se puede recortar, lo cual derivará en mayores pérdidas en la calidad de vida.
A los grupos concentrados, locales e internacionales, no les alcanza con que se gobierne por decreto. Necesitan leyes que estén en consonancia y garanticen sus intereses. Allí radica la importancia de lo ocurrido en las elecciones del pasado domingo, que le permitirían al gobierno tener a partir de diciembre mayores facilidades para avanzar con sus proyectos en el Parlamento.
Cabe mencionar, antes de finalizar la nota, que el Banco Central flexibilizó las condiciones para la integración de encaje de los bancos, lo cual debería redundar en una disminución de las tasas de interés, y una significativa merma de la volatilidad de las mismas: un tema no menor, ya que las altísimas tasas han estado impactando negativamente en la financiación a las empresas y al consumo, profundizando aún más la ya existente recesión.
Para concluir, las circunstancias no son las mismas, pero en 2017 el entonces gobierno de Cambiemos consiguió el 42% de los votos, incluso algo más de un punto por encima del 40,7% actual. Sin embargo, el apoyo en las urnas no fue suficiente para encarar las reformas que por aquel entonces se promovían. Entre ellas la previsional, que marcó un punto de quiebre para aquel gobierno, en gran parte producto de la fuerte movilización en las calles.
Por ello, una de las claves en adelante estará en cuál será la capacidad de reacción de los ajustados ante el gran recorte de derechos que se pretenderá llevar a cabo, y en cómo las fuerzas políticas que representan los intereses de los sectores populares avanzarán en la organización, el apoyo y la construcción de un proyecto alternativo.
