15/07/2012 Tiempo Argentino - Nota
Crisis conómica global
El gobierno español ha implementado en paralelo el ajuste más grande en la historia de la democracia.
Carlos Heller*
La población española está sufriendo las presiones de la Comunidad Europea y de su propio gobierno a través de la supresión de la autonomía fiscal que deriva en un ajuste de magnitud y alcance inéditos, del traspaso del control financiero a los organismos de la UE y de los embates para la privatización de trenes, aeropuertos, puertos y cerca de 600 empresas públicas de las autonomías.
La situación del sistema financiero español es por demás delicada, ya que a la elevada tenencia de activos tóxicos, también llamados activos de ladrillo porque financiaron proyectos inmobiliarios, se suman los problemas de liquidez de los bancos, que sólo consiguen financiamiento en el Banco Central Europeo. Esta modalidad se multiplicó por 7 en el último año, llevando a los bancos españoles a poseer el 77% del financiamiento neto otorgado a la Eurozona.
Para enfrentar estos problemas, el presidente del gobierno español, presionado por sus pares, debió solicitar a la Eurozona el salvataje a los bancos españoles, que se perfeccionó con el “Memorándum de Entendimiento sobre la condicionalidad de las políticas del sector financiero”, conocido en la semana.
La condicionalidad es extremadamente amplia y se extiende no sólo a los bancos con problemas, sino a la totalidad del sector bancario y al conjunto de la economía.
El Memorándum es claro respecto de esta combinación de controles, ya que sostiene que “hay una estrecha relación entre los desequilibrios macroeconómicos, las finanzas públicas y la salud del sector financiero” por lo que las metas fiscales y el avance en las reformas estructurales “serán periódica y estrechamente vigilados en paralelo” al control del sistema financiero.
El Memorándum crea un Comité de Coordinación Estratégica, que monitoreará el cumplimiento del acuerdo y estará integrado por las autoridades españolas, la Unión Europea, el Banco Central Europeo, la Autoridad Bancaria Europea y el FMI.
En principio, deberán informar mensualmente el nivel de depósitos y de liquidez de los bancos, y con carácter trimestral brindar un detalle de la situación de cada entidad (activos, capital, morosidad, cartera de deuda pública). La totalidad de los bancos deberá tener un 9% de capital sobre sus activos al menos hasta final de 2014.
Los bancos que lo ameriten deberán reducir personal, filiales, cesar en el pago de bonos a sus directivos, vender negocios no bancarios y eventualmente, si no resultan viables, podrán ser liquidados.
Aquellos bancos con problemas deberán hacer recaer los costos en sus accionistas y en gran cantidad de inversores minoristas que compraron, sin saberlo, instrumentos complejos que tenían distintas formas de participación en el capital de los bancos. De esta forma, inversores que fueron informados incorrectamente sobre las características de sus inversiones, sufrirán pérdidas importantes. Aquí cabe una reflexión sobre aquellos que criticaban a la Argentina, durante el canje de la deuda en 2005, por su insensibilidad hacia los jubilados italianos que compraron los títulos por recomendación de los bancos europeos cuando ya había altas probabilidades de que la Argentina entrara en default. Hoy no están preocupados por los inversores españoles, muchos de ellos jubilados, cuando la UE les hace compartir el costo del salvataje a los bancos.
Para liberar a las entidades financieras de los activos tóxicos, también se crea un “banco malo”, que absorbería estos activos de las entidades, y los mantendría en cartera, ya que se espera que en el largo plazo, esos activos y sus garantías vuelvan a tener un mayor valor. Para la capitalización de este banco malo se destinarían 25 mil millones de euros, según trascendió extraoficialmente.
Una de las exigencias poco comentadas de este memorándum es que “garantiza” la independencia del Banco de España, el banco central de ese país, respecto del gobierno español, ya que la autoridad monetaria queda fuertemente controlada por la supervisión europea.
El gobierno español ha implementado en paralelo el ajuste más grande en la historia de la democracia, calificativo que ya se había colocado al anterior ajuste de Rajoy, pero que quedó ampliamente superado por el actual.
Son 65 mil millones de euros en dos años y medio, una mixtura de aumento de impuestos y reducción de gastos.
Se aumenta la tasa general del IVA del 18% al 21%, la tasa mínima sube del 8% al 10% y en determinados productos la tasa sube hasta 13 puntos, a pesar de que Rajoy prometió enfáticamente en la campaña electoral que no subiría los impuestos. El periódico inglés The Economist, de conocida orientación neoliberal, expresó con ironía que “el aumento impositivo no es más que una imposición directa de las verdaderas autoridades españolas que están en Bruselas”.
Las medidas se completan con la reducción en las prestaciones de desempleo, supresión del pago por Navidad a los empleados públicos, supresión de la deducción impositiva para vivienda, reforma de las pensiones, reducción en el 30% del número de concejales y del 20% de las subvenciones a partidos políticos y sindicatos, entre otros.
Bajo el manto de la reducción del gasto, se recortan derechos de los trabajadores y se genera un potencial debilitamiento de la democracia.
El ajuste tendrá además un efecto devastador sobre la economía, con lo que no podrá conseguir el supuesto fin perseguido que es la reducción del déficit fiscal, dado que la recesión minará los ingresos fiscales y se entrará en una vorágine de más ajuste, más recesión, y más ajuste. Hasta que los ajustados muestren la capacidad de resistencia a estas medidas.
Al analizar estas medidas, aparece clara la diferencia con las políticas que se están aplicando en nuestro país para abordar los efectos de la crisis de los países centrales, que aplican un modelo totalmente opuesto.
Mientras que en la Argentina el Banco Central pasa a ser un actor privilegiado en las políticas contracíclicas, fomenta el crédito para la inversión productiva e incrementa la protección de los usuarios, el memorándum europeo sostiene la independencia del Banco Central respecto del gobierno doméstico, deja en manos de los entes europeos el manejo de su política financiera y la reconversión bancaria, penaliza a inversores mal informados y fomenta un ajuste de alcances inusitados.
En la Argentina se estimulan los Programas de Recuperación Productiva (Repro) de defensa del trabajo, como también se impulsan programas para fomentar la construcción de nuevas viviendas, utilizando tasas subsidiadas y tierras fiscales para este efecto. En España se quitan los beneficios fiscales a las viviendas y se está aplicando un proceso de privatizaciones profundo, medidas que también se adoptan en los otros países que recibieron “salvatajes” como Grecia, Portugal e Irlanda.
Los resultados sobre la producción y la situación social resaltan las diferencias entre los dos modelos, el del FMI que se aplica en Europa y el modelo de crecimiento con distribución del ingreso que se está aplicando en la Argentina.
