Lo sucedido el miércoles y el jueves de esta semana en el Palacio de Tribunales con la audiencia pública convocada por la Corte Suprema de Justicia constituyó un paso más en el largo recorrido de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Una ley que fue aprobada por amplia mayoría por el Congreso en octubre de 2009, luego de haber sido presentada y discutida en 24 foros en todo el país con más de 10.000 participantes. Al proyecto original se le hicieron 120 modificaciones a partir de las 1.300 propuestas presentadas por la ciudadanía. Entre 1983 y 2005 se habían presentado 73 proyectos en el Congreso, ninguno pudo ser tratado por la falta de decisión y las presiones de las empresas de medios que amenazaban a políticos y funcionarios con la invisibilidad o la crítica despiadada.
Por Carlos Heller
La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual puso fin a una de las peores herencias dejadas por la dictadura cívico militar, es modelo de legislación en el mundo, fue valorada positivamente por los relatores de libertad de expresión de Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos. Entre los principales artículos se destaca el reconocimiento a la comunicación como un derecho humano, la defensa y promoción del pluralismo y la diversidad, la reserva de espectro para medios sin fines de lucro, comunitarios, cooperativos y de pueblos originarios y los límites a la concentración para evitar las posiciones dominantes.
Justamente ese tema, el tamaño del negocio, es lo que quedó en el centro del debate en la audiencia pública. Clarín, la empresa con mayor poder en el mercado del sistema de medios objetó los artículos que la obligan a desprenderse de los medios que exceden los límites de propiedad y la cuota de mercado que establece la ley. Gracias a una medida cautelar sobre cuya cuestión de fondo la Corte debería fallar en forma inminente, el grupo Clarín logró una demora escandalosa en la aplicación plena de la ley.
En la presentación de los “amicus curiae” (amigos de la corte) quedó claro que el grupo Clarín fue a defender la economía de escala y su posición dominante, expresando directa o indirectamente que “si no hay un gran negocio no está garantizada la libertad de expresión”. Dicha falacia fue desmentida por los “amicus” que defendieron la ley y no pudo ser explicada por los abogados del grupo en el segundo día de la audiencia pública, cuando las partes dieron sus propios argumentos a la Corte. El grupo Clarín no se adecua a la ley actual pero tampoco lo hizo con la anterior decretada por la dictadura y emparchada durante años en democracia. Durante más de 20 años el Estado permitió niveles de concentración incluso por encima de lo que la ley permitía. Ahora el Estado decidió regular para garantizar pluralismo y diversidad, el nacimiento de nuevas voces y el límite a la concentración. Está en discusión cuál es el papel del Estado, si el de un mero observador del crecimiento desigual y la injusticia social en todos los niveles, o un Estado presente que regule en favor de los intereses de las mayorías, colocando el bien común por encima del beneficio particular.
Si la Corte Suprema de Justicia preguntó con verdadero interés, sus integrantes deben haber tomado nota de que las respuestas fueron contundentes en favor de la potestad del Estado para regular el tamaño de las empresas de medios de comunicación audiovisual. Quedó demostrado que lo que pone en riesgo la libertad de expresión son las prácticas que tienden al monopolio y no las regulaciones que el Estado debe sostener para controlarlas. Para que más voces sean escuchadas y la ciudadanía en todo el país pueda además de recibir información, buscar y difundir sus ideas, informaciones y culturas por más medios en muchas manos, es necesario que se implemente de manera integral la Ley de Medios que escribió el pueblo.
