Tiempo Argentino | Opinión
Por Carlos Heller
El gobierno presentó en el Congreso el Informe de Avance del Presupuesto 2025. De la lectura del documento no se desprende información sobre el Gasto Público para 2025, aunque se mantienen los “lineamientos estratégicos” que, conjuntamente con la ley que se termine aprobando, permitirán dar “continuidad a las políticas propuestas en oportunidad del inicio de la gestión”. Esto trae consigo algunas certezas: que el gobierno intentará profundizar su modelo y que difícilmente pueda observarse algo muy distinto a lo que ha venido ocurriendo desde diciembre de 2023, un ajuste que está causando un profundo deterioro desde el punto de vista productivo y social.
Las prioridades de la política presupuestaria para 2025 pasan por cuatro ejes. El primero y principal, es el “equilibrio fiscal sostenido” que “será un compromiso ineludible de gobierno”. Siguen el “acompañamiento social sin intermediaciones”; la “modernización y simplificación del Estado”; y el “equipamiento y modernización de seguridad y defensa”.
Se proyecta que el PBI va a caer 3,5% en 2024 (en línea con lo estimado por el FMI y el Banco Mundial). Representa una fuerte caída de la actividad económica, principalmente explicada por la gran baja de la demanda interna. El consumo privado, el mayor componente del PBI, registraría una merma del 6,6%; la inversión, del 17,2% y las importaciones, acompañando este proceso recesivo, caerían 17,7%. El único ítem en el que se proyecta una expansión es el de las exportaciones (+20,9%), en función de la baja base de comparación con 2023, producto de la sequía.
En el documento se señala que las perspectivas son buenas para los sectores agropecuario y de minas y canteras. Por su parte, las estadísticas presentadas dan cuenta de fuertes bajas en Industria (-9,8%) y Comercio (-9,1%), datos reveladores de la magnitud de la recesión que se proyecta.
Este viernes se conoció el Índice de Producción Industrial Manufacturero para mayo, que indica una caída interanual del 14,8%, y una merma del 11,3% comparado con noviembre 2023. Con estos datos, la estimación del avance del Presupuesto es muy optimista, dado que para llegar al -9,8% de caída en todo el año tendría que crecer a un ritmo aproximado del 2% mensual, una tendencia que no se verifica desde que se confecciona el índice en 2016, y que sólo fue superada en la recuperación de la pandemia (en el segundo semestre de 2020). Adicionalmente, el Índice Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC) evidenció una caída interanual del 32,6%, también en mayo.
Volviendo al avance del Presupuesto, se señala también que las jubilaciones “recuperaron en mayo” el nivel de noviembre de 2023, y que en junio se ubicaron en “un estimado de 3% por encima de aquel nivel”. No obstante, en valores constantes (considerando el efecto inflacionario) las prestaciones de la seguridad social, principalmente jubilaciones y pensiones, explican el 37% de la reducción del gasto real en los primeros cinco meses del año.
A partir de estos números se puede interpretar la renuencia de los senadores oficialistas y de la “oposición amigable” a tratar la fórmula jubilatoria que ya se aprobó en Diputados y que contempla una recuperación de lo que se perdió en los primeros meses del año, y la posibilidad de una mejora del poder adquisitivo si los salarios le ganan a la inflación.
Respecto del “acompañamiento social”, se sostiene que “la consolidación en las cuentas públicas se alcanzó en simultáneo a un significativo incremento en el valor real de los programas sociales que llegan sin intermediarios a la población más vulnerable”.
Sin embargo, si se toman los datos de la distribución del ingreso per cápita familiar a nivel nacional (INDEC), se observa que empeoró en todos los deciles, aunque más lo hizo en el primero (el 10% de la población con menores ingresos), que registró una caída en el primer trimestre de este año del 31%. Por su parte, tomando los datos de la CABA del primer trimestre de 2024, la pobreza se ubicó en el 35,1% de la población (+13,3 puntos porcentuales respecto de un año atrás), y la indigencia alcanzó al 15,3% (+8,4 puntos), en este último caso más que duplicando su incidencia. La preocupación por los sectores más vulnerables contrasta con la realidad y colisiona con el principal eje de políticas de este gobierno, el “ineludible” equilibrio fiscal.
El informe incorpora la eliminación para fines de año del impuesto PAIS, que entre enero y mayo representó el 6,4% de la recaudación fiscal acumulada (contra un 1,6% en el mismo periodo de 2023), una de las mayores fuentes de recaudación. Esta decisión hace prever que en el proyecto definitivo de Presupuesto 2025 se incluirían fuertes recortes adicionales del gasto corriente.
En el análisis de los avances del Presupuesto 2025 no se puede dejar de considerar la creación del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado. Entre sus funciones definidas, encontramos: “simplificación y reducción del Estado, con el objetivo de eliminar tareas innecesarias, facilitar el funcionamiento de los mercados, disminuir regulaciones y controles, aumentar la libertad económica y disminuir los costos del sector privado y productivo”. Se le asignan además la “revisión de esquemas tributarios, exenciones impositivas y regímenes especiales que generen privilegios o distorsiones en el funcionamiento de los mercados y la economía”. Un ministerio que va más allá del ajuste del gasto, y se centra en las políticas de reducción del Estado a su mínima expresión y aguda desregulación, para que la economía la dirijan los sectores más concentrados.
Pacto de Mayo
Los 10 puntos que incluye el denominado Pacto de Mayo no tienen ninguna novedad de fondo. Un pacto requiere de un acuerdo político, una elaboración compartida, discutida entre los que van a acordar. En realidad, la convocatoria gubernamental se enfoca a apoyar su modelo. Además, no hay puntos vinculados con el desarrollo, con el crecimiento con inclusión. Está todo muy vinculado a cuestiones sumamente generales y orientadas hacia el libre mercado.
La salida no es por aquí. El país debe repensarse sobre la base de un Estado que fomente el desarrollo de la economía, el crecimiento de su mercado interno, la protección de la producción nacional frente a las importaciones. Un Estado que regule, que administre, que asigne recursos y que establezca prioridades. Que no resigne los avances que hemos logrado en áreas como la ciencia y la tecnología. Que si tiene que avanzar en la explotación de los recursos naturales, lo cual puede requerir de capital, tecnología y conocimientos externos, lo haga, pero siempre sobre la base de acuerdos estratégicos que no comprometan la soberanía y el interés nacional. Que lleven beneficios tanto para las provincias como para la Nación y eviten concesiones innecesarias.
Repensar un país diferente es lo que los/as argentinos/as debemos discutir. Todo lo contrario a lo que se pretende desde el Poder Ejecutivo: el propio Presidente instó en reiteradas oportunidades a las y los legisladores a aprobar las leyes que presenta, argumentando que si no lo hacen no lo dejan gobernar. En mi opinión, la división de poderes en una democracia es la que permite disentir, debatir, modificar y así mejorar los proyectos para lograr incluir la postura de las diversas posiciones políticas y de las regiones del país a las que representan las/os legisladoras/es.
