Por Carlos Heller
Hay que pensar seriamente en un seguro de empleo y en la posibilidad de otorgar una asignación monetaria para los menores en situación de pobreza e indigencia
El Gobierno lanzó varias medidas enfocadas a mantener el nivel de actividad y fomentar el empleo, con contenidos amplios que van desde la creación del Ministerio de la Producción, a un plan de inversiones públicas plurianual, un plan de créditos para el consumo y la inversión, beneficios para la regularización de trabajadores, moratoria fiscal y blanqueo de capitales entre las líneas principales.
La orientación de los planes resulta sustancial, ya que podrán ser más o menos significativas en cuanto al dinero involucrado, o a la extensión de los beneficiarios, pero van en la línea de las ideas progresistas sobre la gestión macroeconómica.
Hay una destacada intervención del Estado para orientar los fondos, en todos los casos, conjuntamente con el sector privado. Pero lo importante es que se establecen destinos y límites a esos fondos, como en el caso de las licitaciones de plazos fijos de la Anses que se dedicarán a financiaciones orientadas a fomentar el consumo, la inversión y prefinanciar exportaciones. Aparece entonces el Estado terciando en el mercado de capitales, regulando las tasas de interés de operaciones específicas, y redireccionando el crédito hacia los bancos que ofrezcan aplicarlo según el plan del gobierno y a las tasas más bajas. Esta participación estatal brinda una señal valiosa para que el mercado financiero comience a bajar las altas tasas de interés por préstamos que existen en la actualidad.
En el caso del Plan Estratégico de Infraestructuras por un monto plurianual de 111.000 millones de pesos, en el próximo año se ejecutarán $ 56.800 millones, $ 24.000 millones más que lo presupuestado y que alcanza al 5.1% del PIB esperado para 2009. Esta magnitud implica un cambio significativo, puesto que en 2004 la inversión pública en infraestructura alcanzó el 1.1% y en 2006 y 2007 un 2.2% del PIB. El programa plantea metas para un eje social (viviendas, escuelas, agua potable entre otros) y un eje económico productivo, lo cual muestra un enfoque nuevo y auspicioso. Además de la magnitud del plan, se prevé que 21.000 millones irán a obras locales de ejecución inmediata; con este programa se potencia el fuerte efecto multiplicador de la construcción, en especial de viviendas, dado que estas obras serán ejecutadas exclusivamente por pymes y cooperativas y con una gestión descentralizada del gobierno nacional.
Entre las disposiciones adoptadas, resulta conveniente comentar que, a mi juicio, el blanqueo de capitales es una medida con la cual resulta difícil acordar, ya que termina beneficiando a aquellos que enviaron sus ganancias al exterior, no pagaron impuestos por esos activos, y ahora reciben el premio de poder exteriorizarlos con una alícuota mínima, sin necesidad de declarar el origen ni la fecha de compra. Respecto a la moratoria fiscal su valoración resulta distinta, puesto que en algunos casos puede quitar una mochila de deudas fiscales que aún muchas pymes arrastran como herencia de la crisis de 2001, bajo un sistema impositivo que no es amigable para este tipo de empresas. No aparece claro el beneficio de otorgar el perdón impositivo a los grandes empresarios y conglomerados, que no han cumplido con sus obligaciones, situación que no fue resultante de una estrategia de subsistencia como lo fue para muchas pequeñas empresas.
Las políticas económicas que se apliquen para reducir los riesgos que enfrenta la economía, tendrán un efecto redistributivo claro. No será el mismo resultado si las políticas terminan sustentando la tasa de ganancia de las grandes corporaciones, o si por el contrario, se centran en el fomento al mercado interno, asociado a una mejora del poder adquisitivo del salario y de las jubilaciones.
Las medidas conocidas se están volcando prioritariamente a garantizar el empleo, lo cual es muy valioso, pero las políticas también deben enfocarse hacia el aumento de los salarios reales, ya que es el poder de compra el que verdaderamente dinamiza el consumo, la producción y por lo tanto alimenta el empleo. Se requieren más resoluciones para las pymes que las ayuden a sustentar a los trabajadores regularizados, a la vez que resulta necesario diseñar un esquema impositivo que las pymes puedan afrontar. En esta coyuntura, hay que pensar seriamente en un Seguro de Empleo y Formación para todos las jefas y jefes de hogar desocupados, y también estudiar la posibilidad de otorgar una asignación monetaria para los menores en situación de pobreza e indigencia, que son los que más sufrirán la reducción del ritmo de crecimiento.
Una característica que debería orientar la elaboración de estas medidas, es la suficiente discusión con los distintos sectores de la sociedad, en un diálogo que debe incorporar nuevos actores sociales y políticos con un claro sentido de la amplitud. Hay que enfrentar esta situación con un mayor protagonismo popular, condición indispensable para que los problemas macroeconómicos se resuelvan a favor de las grandes mayorías, priorizando a los sectores más vulnerables y afectados. (El Cronista Comercial - 18/12/2008)
