Ámbito Financiero | Opinión
Por Carlos Heller
A los efectos de mitigar los impactos de la devaluación en el poder adquisitivo y en la actividad económica, el Gobierno continúa implementando un conjunto de medidas que no pueden ser vistas de forma aislada.
La semana pasada comenzó a regir la devolución del 21% en concepto de IVA para la compra, con tarjetas de débito, de los productos esenciales de la canasta básica, que alcanza a todas aquellas personas con ingresos de hasta $708 mil mensuales. El viernes ya habían recibido el reintegro 3,3 millones de personas. El Ejecutivo envió un proyecto al Congreso para darle continuidad a esa política de reintegros.
El Gobierno también dispuso medidas de alivio y de simplificación fiscal que benefician a profesionales, autónomos, monotributistas y pymes. Se anunció a su vez la suspensión por 90 días de las retenciones a las exportaciones del sector lechero y se aumentó un 20% el beneficio del programa “Impulso Tambero”, y se extendió dicho programa hasta fin de año. Para recibir el beneficio se debe cumplir con el congelamiento de los precios por tres meses y mantener la rentabilidad de los tamberos, es decir la cadena de producción y comercialización debe garantizar que los beneficios también lleguen a los tamberos y a los consumidores.
Las medidas tienen grandes puntos de contacto con una visión de largo plazo que se trata de impulsar a través de la vía legislativa. Es el caso de la creación de cinco universidades nacionales, o el proyecto de ley de “Empleo MiPyME”, que establece incentivos para la creación de nuevo empleo formal, a través de la regularización de trabajadores/as informales y la transformación de planes sociales en empleo registrado. Ambas iniciativas obtuvieron media sanción en Diputados y casi no se mencionaron en los grandes medios de comunicación.
Respecto de Ganancias, también obtuvo media sanción el proyecto para que solo paguen el impuesto trabajadores/as y jubilados/as con ingresos que superen los 15 salarios mínimos vitales y móviles, que estarán gravados bajo un esquema “cedular”, con una escala progresiva que irá del 27% al 35%. Son las personas de mayores ingresos: unos 88 mil contribuyentes, menos del 1% del total de personas que perciben remuneraciones y jubilaciones.
Desde la oposición de Juntos por el Cambio salieron a criticar con el mismo discurso de siempre, el que aparece ante cada medida que apunta a mejorar las condiciones de vida de las grandes mayorías: que estas políticas son generadoras de déficit fiscal que se financiaría con emisión, y eso llevaría a mayor inflación.
Sin embargo la base monetaria creció el 34,3% nominal en el período enero-agosto de 2023, unos 25 puntos menos que la inflación. No obstante, con este argumento inaceptable de que los precios suben por culpa de la emisión esconden las verdaderas causas del fenómeno, principalmente la puja distributiva, a la vez que pretenden avanzar con la legitimación del recorte del gasto público.
Si tanto les preocupa el tema fiscal deberían permitir que se aprueben cambios progresivos en el esquema impositivo, que permitirían que el país alcance una situación superavitaria. Por empezar, se podría analizar la propuesta que figura en el proyecto de Presupuesto 2024 de gravar a las grandes empresas, en sintonía con las recomendaciones de la OCDE y con lo que se está discutiendo en los países desarrollados, o tratar en Sesión de Diputados la exteriorización de activos no declarados (“blanqueo”), que agregaría importantes recursos a la recaudación impositiva.
Desde el Gobierno, hay una simultaneidad entre el dictado de decretos para que las medidas relatadas entren en vigencia de inmediato y el envío al Parlamento para que esas políticas se conviertan en Ley y persistan en el tiempo. En la medida en que se garantice la continuidad, están dadas todas las condiciones para que tengamos un muy buen 2024, con la mejora de la cosecha gruesa, y la puesta en marcha de Vaca Muerta y los gasoductos que significan más divisas y más ingresos fiscales, con una recuperación real de ingresos, con mayor inclusión, con medidas como la de Empleo MiPyME, y otras, que tienen que ir resolviendo problemas estructurales de la Argentina.
Mientras la oposición propone ajustes y desregulación, hay una propuesta, la de Unión por la Patria, que persigue proyectos, y la expectativa de un país que pueda ir dejando atrás los costos de los cuatro años de la gestión neoliberal, la pandemia y la sequía, para lograr un crecimiento con equidad y con la gente adentro.
