Contraeditorial | Opinión
Por Carlos Heller
El endeudamiento externo no se crea de la nada. Siempre hay políticas públicas que explican la necesidad de financiamiento en moneda dura. Pero otra cuestión esencial, que es más política que económica, tiene que ver con la especial disposición del gobierno de Cambiemos a endeudarse con inversores externos. Esta disposición se ratifica en la génesis del Bono a cien años. Consultado por cómo surgió (Ámbito Financiero, 15.08.17) el ministro de Finanzas, Luis Caputo, contestó: “Surgió de un par de bancos la idea de hacer un bono largo y nos pareció una buena opción”. Cabe destacar que, además del beneficio obtenido por los bancos colocadores y los inversores, no aparece razón alguna para justificar semejante endeudamiento a tan largo plazo y a una tasa elevadísima.
Comencemos a desgranar cada una de las posibles fuentes de endeudamiento externo.
Podría decirse que el financiamiento del déficit fiscal podría financiarse, al menos una gran parte, en el mercado interno, ya sea en moneda nacional (opción preferible) o con moneda extranjera (en este caso, el gobierno está usando las Letes, letras a corto plazo en dólares). No obstante, la disposición al endeudamiento externo hace que el gobierno se enfoque principalmente en financiar el déficit con esta fuente.
Un tema que es poco mencionado es el impacto que sobre el endeudamiento externo tiene el saldo comercial (la diferencia entre las exportaciones y las importaciones de bienes). Producto de la política de liberalización del comercio exterior y el consiguiente aumento de las importaciones, este saldo está arrojando cada vez un mayor déficit. Mientras que en el primer semestre de 2016 arrojó un saldo positivo de U$S 689 millones, en igual período de 2017 arrojó un déficit de U$S 2.613 millones. Una evolución más que preocupante, dado que los analistas pronostican un aumento de este déficit para todo 2017 y para 2018.
A este déficit comercial hay que sumarle el déficit por servicios, principalmente por viajes al exterior, que el BCRA calcula en U$S 5.000 millones para los primeros seis meses de este año. A este concepto se le debe agregar los pagos por intereses de la deuda -que son un resultado directo de la política de endeudamiento del actual gobierno- y que también vienen creciendo aceleradamente (U$S 3.700 millones en el primer semestre de 2017). No debe olvidarse la remisión de utilidades de las empresas de inversión externa directa por U$S 1.000 millones en igual período.
No hay una sola política para reducir estos ítems que generan una sangría de divisas del país, que debe ser compensada, necesariamente, con más deuda externa. Es lo mismo que vivimos en los noventa.
La liberalización financiera que ha implementado el gobierno macrista genera las condiciones para implementar un modelo basado en la renta financiera. La eliminación de cualquier restricción al ingreso y egreso de capitales, la posibilidad de que las exportaciones se liquiden en un plazo de diez años, la facilidad para remitir ganancias al exterior, son funcionales a la especulación financiera. Reflexionemos: al permitir que el exportador decida cuando ingresar los dólares en el término de diez años, a los funcionarios del gobierno no les preocupa que en ese período se necesiten esas divisas para pagar importaciones esenciales: para ese pago se tomará deuda externa. En definitiva, la especulación con las divisas es aceptada a pesar del alto costo para la sociedad en su conjunto.
Esta situación no es nueva. Eduardo Basualdo, un economista estudioso de los flujos externos, la caracterizó claramente: “se trató de un proceso en el cual las fracciones del capital dominante contrajeron deuda externa para luego realizar con esos recursos colocaciones en activos financieros en el mercado interno (títulos, bonos, depósitos, etc.) para apropiar excedente a partir de la existencia de un diferencial positivo entre la tasa de interés interna e internacional y, posteriormente, fugarlos al exterior”. Casi una definición exacta de lo que ahora se define como “carry trade”: el ingreso de divisas para invertir en Lebac en pesos, y luego, cuando convenga, volver a convertir ese dinero en dólares haciendo una ganancia excepcional en moneda dura. La llamada “bicicleta financiera” un término que se acuñó durante la gestión de Alfredo Martínez de Hoz, ministro de la dictadura cívico militar, y que también se utilizó en los noventa.
Los datos identifican claramente el vínculo entre los ingresos de capitales especulativos y la fuga de capitales al exterior. Según el Balance Cambiario que elabora el BCRA, en los primeros diecinueve meses del gobierno de Macri ingresaron capitales netos (por inversión directa y por inversión especulativa) por unos U$S 8.650 millones. Pero se produjeron salidas netas en el rubro “formación de activos privados externos” (que se asemeja a la fuga de capitales) por unos U$S 19.700 millones, de los cuales casi la totalidad fue compra de divisas para atesoramiento.
En los últimos meses la dinámica se acelera. Mientras que en el primer semestre de 2017 ingresó Inversión externa directa por U$S 1.351 millones, la inversión de cartera (especulativa) ascendió a los U$S 3.187 millones, más del doble. Todo indica, entonces, que se estaría volviendo a repetir el esquema de endeudamiento con fuga de divisas, una combinación más que preocupante.
Queda otra fuente de justificación para el endeudamiento externo, mencionada en el primer párrafo de la nota: su destino a la inversión productiva, ya sea en estructuras como caminos, puentes o centrales hidroeléctricas, ya sea en maquinarias y edificios productivos. Desafortunadamente, esta aplicación de la deuda externa pública está más que ausente en el gobierno actual. La fuente habitual de financiamiento de estas obras se encuentra en los Organismos Internacionales de Crédito y bancos estatales de algunos países. No obstante, la deuda con los mismos se ha reducido en U$S 2.900 millones: no sólo no financiaron, sino que se les ha devuelto en forma neta parte del financiamiento que brindaron en años anteriores. Impactante. Ni hablar de la “lluvia de inversiones privadas” que se prometió y que no llegará, al menos, hasta que no se produzcan los ajustes solicitados por los inversores externos.
La deuda crece
Si se observan los datos de la deuda externa que publica el gobierno, no se observa un gran incremento entre la deuda a fines de 2015 y la existente a fines de 2016. Pero sucede que en 2015 están incorporando como deuda las exigencias de los Fondos Buitre, que luego fueron pagadas con endeudamiento en 2016. Pero si restamos estos reclamos excepcionales de los buitres, que sólo se incrementaron por el resultado del discutido -tanto a nivel nacional como internacional- fallo de Griesa, y consideráramos el tipo de cambio antes de la devaluación de Macri, la deuda total del gobierno nacional ascendía, en 2015, al 37.5% del PBI. Pero a fines de 2016 la deuda terminó llegando al 54.1% del PBI. Un importante crecimiento, que continuará este año y seguramente en los años venideros, si se sigue aplicando la misma política que se ha venido aplicando hasta ahora.
El objetivo de esta nota es demostrar que el endeudamiento es un proceso complejo, que bajo la ideología en la cual está planteado no implica, en lo fundamental, una forma de financiamiento de la inversión o del capital de trabajo, sino exclusivamente un instrumento de valorización financiera. Bajo este paradigma, la actividad productiva y la situación social son dependientes de las necesidades que tiene el capital financiero para generar renta especulativa. Es otra visión, desde lo financiero, del proceso de ajuste que es esencial a las políticas neoliberales seguidas por el gobierno de Cambiemos.
