Tiempo Argentino | Opinión
Por Carlos Heller
Si bien el dato de la inflación de julio (7,4%) era esperable, no por ello deja de preocupar tal aceleración respecto de los registros previos. El propio ministro de Economía, Sergio Massa, había adelantado apenas asumió que julio y agosto serían los dos meses “más dificultosos en materia de inflación”. En este contexto, resulta imprescindible adoptar las políticas necesarias para morigerar las expectativas, y proteger los ingresos de las argentinas y los argentinos.
La multicausalidad de la inflación en nuestro país mantiene plena vigencia, por varias razones. El tipo de cambio oficial sigue sin ser la locomotora de la inflación, como tampoco lo han sido las tarifas. En cuanto a la emisión, según el último informe del BCRA, la base monetaria se ubicó en julio en el 5,2% del PBI, que son niveles mínimos desde el año 2003.
Las políticas públicas, por su parte, siguen tratando de recomponer el poder de compra de los/as trabajadores/as, es decir que son otro vagón, no la locomotora. Según la última información del Indec, los salarios reales cayeron en junio un 0,4% mensual. Y si bien en la comparación interanual están un 2,3% por encima de la inflación, aún se está muy lejos de recuperar lo perdido por el golpe que les asestó el gobierno macrista, especialmente en el segmento de los/as no registrados/as.
De lo expuesto se deduce que lo que ha venido empujando a los precios no está directamente vinculado a los fundamentos de la economía sino a factores —relacionados entre sí— como la puja distributiva y la especulación, que amplificaron la denominada brecha cambiaria a niveles artificialmente inflados.
La irracional escalada de los valores de los dólares ilegal y financiero impactó en los precios, y estuvo principalmente influida por las falsas versiones acerca de un posible “reperfilamiento” de la deuda pública, una idea a todas luces irresponsable.
Los números de la inflación de julio deben ser considerados como un pico y la variación de los precios debería empezar a ceder. Cabe tener en cuenta que, a partir del reordenamiento de ministerios, se consiguió una mayor coordinación y consenso al interior de la coalición gobernante para avanzar con las medidas que son necesarias para normalizar la economía.
Respecto de la deuda pública, el panorama de vencimientos se encuentra despejado luego del canje voluntario de deuda en pesos que el Ministerio de Economía acaba de realizar, y mediante el cual se logró la conversión de títulos que vencían en agosto, septiembre y octubre por $ 2,5 billones. Se alcanzó una adhesión del 85%, con ofertas por parte de los organismos públicos, y con una aceptación significativa de los tenedores privados.
Complementariamente, el jueves se realizó una licitación en la que se colocaron títulos por $ 182.772 millones, monto que duplicó los vencimientos. En cuanto a los instrumentos, el 68% fue a tasa fija y el 32% ajustables por CER, y se convalidó un nuevo incremento en las tasas.
Por su parte, el mismo día que se conoció el dato de inflación, el BCRA decidió elevar 9,5 puntos porcentuales la tasa de las Leliq a 28 días hasta el 69,5 por ciento. Un recorrido similar se fijó para la tasa mínima garantizada de los plazos fijos a 30 días por hasta $ 10 millones (personas humanas), que subió al 69,5%, lo que implica un incremento de 8,5 puntos porcentuales.
En materia de tasas activas, las reguladas de los préstamos también se incrementaron en similar proporción que las de las Leliq, tanto para la Línea de Inversión Productiva destinada a MiPyMEs como para las tarjetas de crédito. Como suelo señalar, la política de tasas de interés es un tema muy sensible y hay que monitorearla de cerca, para evitar que los ahorros pierdan poder adquisitivo y a la vez para minimizar el impacto que la suba del costo de los créditos pueda tener sobre la producción, la inversión, y el consumo.
El desafío energético
No caben dudas de que en el actual contexto mundial la energía pasó a tener un rol protagónico en las políticas de Estado, principalmente en los países centrales. La escasez y el consecuente incremento del precio de este recurso tienen como causa principal la guerra en Ucrania.
Como es lógico, nuestro país no escapa a esta nueva dinámica global y es por ello que las últimas decisiones del gobierno nacional resultan importantes para el futuro de la matriz energética y productiva de la Argentina.
El miércoles pasado se llevó a cabo la firma de contratos para la obra del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner, que contempla el tendido de una cañería de 583 kilómetros. El gasoducto permitirá incrementar la capacidad de transporte de gas y sustituir inicialmente las importaciones energéticas por unos U$S 2.200 millones al año. La inversión será financiada por el sector privado y por el Estado, que entre otros recursos utilizará los ingresos provenientes del Aporte Solidario y Extraordinario para ayudar a Morigerar los efectos de la Pandemia, como lo establece la ley.
De cumplirse los plazos estipulados, este proyecto podría estar activo antes del invierno de 2023, reduciendo la necesidad de recurrir al gas importado, ya que las compras de energía pasaron de requerir U$S 2280 millones en 2021 a U$S 6600 millones en 2022. No debemos olvidar que el gasoducto es esencialmente una estrategia a largo plazo.
En el marco de la firma de estos contratos, el presidente Alberto Fernández señaló: “Si nosotros estamos en Argentina, ¿por qué vamos a pagar el gas a precios internacionales si tenemos gas nuestro que podemos distribuir y que los argentinos paguen en pesos a precios razonables?”. Y aseguró: “Hace falta la inversión pública para que estos proyectos puedan prosperar”.
También hay que registrar los beneficios anunciados para fomentar la producción de petróleo y gas en Vaca Muerta, considerada por su enorme potencial como la segunda reserva de gas no convencional en el mundo. El gobierno ofrecerá un cupo especial de $ 30 mil millones en créditos para las pymes proveedoras del yacimiento. Dentro de los proyectos anunciados se cuenta la reactivación del Proyecto Fénix, un desarrollo offshore frente a las costas de Tierra del Fuego con una inversión de U$S 700 millones, y la duplicación de la capacidad del oleoducto del Valle de Vaca Muerta-Bahía Blanca, con una inversión privada de más de U$S 1400 millones. Estos proyectos, a mi entender, requerirán un estricto control y seguimiento por parte del Estado.
En definitiva, mientras el gobierno toma medidas para contrarrestar la incertidumbre que tratan de instalar ciertos sectores, sigue avanzando en los distintos frentes, con medidas que responden a las necesidades reales de nuestra economía y a los desafíos que impone el actual contexto externo.
