Tiempo Argentino | Opinión
Por Carlos Heller
El Tesoro Nacional realizó la primera distribución de fondos por $ 145 mil millones, cobrados al 27 de mayo a contribuyentes con patrimonios superiores a los $ 200 millones, los cuales se asignaron a políticas previstas en la Ley 27.605 de Aporte Solidario y Extraordinario, para hacer frente a las urgencias sanitarias y económicas que impone la pandemia del Covid-19.
El 20% de estos fondos ($ 29 mil millones) fueron destinados al Ministerio de Salud. En particular, el 90% de estos recursos tiene como destino la compra y administración de vacunas contra el Covid-19, tal como lo informó la Oficina de Presupuesto de la Nación.
A su vez, se indicó que otros $ 29 mil millones se destinaron al Ministerio de Trabajo para sostener el empleo y las remuneraciones en el marco del Programa de Recuperación Productiva (REPRO II) y otro tanto fue para el Ministerio de Educación, a los fines de reforzar el Progresar. En tanto, unos $ 22 mil millones (15% de lo recaudado) fueron al FISU, para mejorar la salud y las condiciones habitacionales de los habitantes de los barrios populares.
Con respecto a las inversiones para apuntalar al sector gasífero, $ 36 mil millones (el 25%) ya se giraron a la Secretaría de Energía para programas y proyectos de exploración, desarrollo y producción de gas natural, actividad que resulta de interés público nacional. Una decisión que implica toda una serie de inversiones que permitirán, por ejemplo, tener menores requerimientos de divisas para importaciones en el futuro.
El Aporte Solidario, más allá de los efectos concretos en un contexto como el que genera la pandemia, tiene un fuerte valor desde lo simbólico, en lo que respecta al rol del Estado, y en particular en lo concerniente a las políticas redistributivas de ingresos tributarios y de gastos. Todo un avance cuando se discute a nivel global el establecimiento de un impuesto mínimo para las corporaciones transnacionales, entre otros debates que están teniendo lugar en el plano internacional. Y hasta el presidente norteamericano señala que el Estado no es el problema, sino la solución.
No por nada un sector minoritario de la sociedad argentina se resistió desde un primer momento al debate y luego a la aprobación del Aporte, más allá de que con el pago las personas alcanzadas no modificarán en nada su nivel de vida. Esta renuencia, cuando la sociedad está enfrentando grandes necesidades producto de la pandemia, no hace más que reflejar la intención de no dejar sentado ningún tipo de precedente que pueda alentar la búsqueda de una mayor progresividad tributaria.
Por ello se llegó a escuchar que el Aporte no lo iba a pagar nadie, que iba a estimular la industria del juicio y el negocio de los estudios contables. Nada de eso pasó. Ya aportaron más de 10 mil personas, más allá de una pequeña porción que aún se resiste a hacerlo, y ante lo cual la Afip está tomando medidas.
El cumplimiento por parte de quienes han venido pagando es muy importante y es un hecho a destacar, de la misma forma que lo es la existencia de un Estado que se está encargando de aplicar los fondos a lo que hace falta: a morigerar, como dice el título de la ley, los efectos de la pandemia.
Según expresó el ministro de Economía, Martín Guzmán, “cada paso que damos lo hacemos con el objetivo de tranquilizar la economía, buscando sentar condiciones que favorezcan el desarrollo humano, la inclusión, la inversión y la generación de empleo (...) El Aporte Solidario y Extraordinario tiene un gran valor para lidiar con los complejísimos desafíos que trae la pandemia. Nos ayuda a financiar políticas esenciales para sostener a nuestra sociedad de pie, de una forma progresiva y que ayuda a la estabilidad macroeconómica”.
Mientras tanto, el Estado sigue implementando otro conjunto de medidas para aliviar los efectos de la pandemia. Entre ellas, la Afip extendió la suspensión, hasta el 31 de agosto, de las ejecuciones fiscales y cautelares a micro y pequeñas empresas, así como a aquellos contribuyentes que desarrollan actividades afectadas en forma crítica. También se ampliaron los créditos a tasa cero para sectores golpeados por la pandemia. En el caso del sector turístico, se agregarán unos $ 2000 millones a la línea existente, que ya era de $ 4000 millones y se encontraba ejecutada en un 95%. A su vez, con miras a que pymes, monotributistas y autónomos del sector gastronómico puedan realizar sus actividades durante el invierno, ya está vigente en el Banco Nación la línea por $ 1000 millones para la compra de equipamientos de calefacción y para adecuar sus instalaciones para el funcionamiento al aire libre. Se agrega, además, el aumento del REPRO II hasta $ 22 mil. Entre noviembre de 2020 y abril de 2021, el gobierno nacional lleva invertidos más de $ 19 mil millones para la asistencia de 19.917 empresas, abarcando a 544.210 trabajadores. Medidas que implican un gran esfuerzo de parte del Estado.
La cuestión de la pandemia no solo es encarada por el gobierno desde las acciones concretas, sino también desde el análisis de cómo este fenómeno ha afectado al mundo. En el Foro Económico de San Petersburgo, el presidente Alberto Fernández sostuvo: “Es hora de entender que el capitalismo, tal como lo conocimos hasta la pandemia, no ha dado buenos resultados, ha generado desigualdad e injusticia”. El presidente agregó: “Si vamos a construir otro capitalismo, tiene que ser un capitalismo que no olvide el concepto de solidaridad. Porque si algo nos enseñó la pandemia es que nadie se salva solo, y que puede haber un momento donde los más poderosos y los más débiles tiemblen y caigan frente a un virus”.
En materia de recursos fiscales, el Senado aprobó el miércoles las modificaciones al Impuesto a las Ganancias para empresas, que establecen un sistema diferenciado de escalas progresivas marginales mediante el cual pagarán una alícuota del 25% para un primer tramo de beneficios (hasta $ 5 millones anuales), 30% para un tramo intermedio (de $ 5 millones a $ 50 millones) y 35% para los beneficios superiores a los $ 50 millones. Los tramos de las escalas se actualizarán de forma anual en base al Índice de Precios al Consumidor. Con el nuevo esquema, solo el 4,5% de las empresas que declaran Ganancias pagará una alícuota más elevada que la que estuvo vigente en los años anteriores (un valor uniforme del 30% para todas las empresas).
En la semana, el gobierno anunció que a partir de este mes habrá un incremento de las boletas de gas por redes que ronda el 6% promedio para los hogares y el 4% para comercios y pymes, “lo mínimo y necesario”, tal como expresó el presidente. Está en línea con la promesa de campaña de que no haya aumentos desmedidos de tarifas. Según el interventor del Enargas, Federico Bernal, en el marco de la decisión del presidente de la Nación de suspender los ajustes del cuadro tarifario del gobierno de Mauricio Macri, se evitó que hoy millones de hogares pagaran un 135% más por este servicio público.
Los comentarios expuestos no hacen más que afirmar, entre otras cuestiones, la diferencia de los modelos. Aquel que aumentó drásticamente los precios de los servicios públicos, que incrementó la cantidad de personas humanas que pagaban Ganancias, que no diferenciaba pymes de grandes empresas, que achicaba los gastos esenciales del Estado. Y el actual modelo que, centrado en el protagonismo del Estado, tiene una fuerte impronta solidaria y redistributiva, y coloca el acento en resolver prioritariamente los problemas de los más necesitados.
